Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Antofagasta, detuvieron a una persona por tenencia irregular de un primate, luego de recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de un animal exótico en un domicilio del sector alto de la ciudad. Tras realizar las diligencias respectivas, los oficiales constataron que en el inmueble se mantenía un ejemplar de mono capuchino (Cebus capucinus), el cual se encontraba en buenas condiciones al interior de una jaula. Según lo establecido, el propietario habría adquirido el animal a través del mercado informal. El dueño hizo entrega voluntaria del ejemplar y, conforme a la normativa vigente, fue detenido por infracción al delito de Caza y Comercialización de Especies Prohibidas, tipificado en el Artículo 30 en relación con el Artículo 22 de la Ley N° 19.473. Los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público. El subprefecto Rodrigo Ortiz, jefe de la BIDEMA Antofagasta, señaló: “Este tipo de situaciones no solo constituye un delito, sino que además pone en riesgo la salud y el bienestar de los animales, y puede afectar los ecosistemas locales. Como PDI, mantenemos un compromiso permanente con la protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente”.
La candidata a diputada por la Región de Antofagasta, Yantiel Calderón (Evópoli), presentó este lunes una denuncia formal ante la Policía de Investigaciones (PDI) tras la filtración de mensajes privados de WhatsApp, los cuales habrían sido entregados al comando de la candidata Daniela Castro (Renovación Nacional). La directora de Dideco calificó el hecho como “grave e inaceptable”, señalando que se trata de un caso de espionaje político que atenta contra la privacidad y la ética en el ejercicio democrático. “No se puede normalizar que conversaciones personales sean obtenidas y utilizadas con fines políticos. Esto no solo me afecta a mí, sino que daña la confianza de la ciudadanía hacia la forma de hacer política”, afirmó la candidata. Según indicaron desde el equipo jurídico de Calderón, la denuncia busca esclarecer la forma en que se accedió a los mensajes y determinar posibles responsabilidades penales. Además, anunciaron que se evaluarán realizar futuras acciones de forma paralela en la vía judicial. Por último, la candidata señaló que “los vecinos merecen una campaña basada en ideas, no en prácticas oscuras de la vieja política”. El caso tuvo su origen en una denuncia interpuesta por Daniela Castro ante la Contraloría General de la República por presuntos actos contra la probidad administrativa en la Municipalidad de Antofagasta. Según indicó, Calderón habría continuado entregando indicaciones sobre temas administrativos de Dideco y CMDS pese a estar con permiso sin goce de sueldo, además de contar con la participación de funcionarios municipales en actividades político-electorales. En ese contexto, Castro exhibió capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp en las que se abordaban temas relacionados con la campaña de Calderón. Estas filtraciones generaron un quiebre entre Renovación Nacional y Evópoli a nivel local, luego de conocerse un comentario del alcalde Sacha Razmilic en el grupo “Yantiel 2025”, en el que trataba de “rata” a la senadora Paulina Núñez (RN).
La Policía de Investigaciones de Tocopilla, a través de su Sección de Migraciones y Policía Internacional, realizó un operativo conjunto con Carabineros, la Delegación Presidencial Provincial y la Seremi de Seguridad Pública en diversos sectores donde existen asentamientos irregulares. La fiscalización se llevó a cabo en las tomas Caleta Boy, Cancha Magallanes y Toma La Patria, donde se controló a 20 personas de distintas nacionalidades: nueve bolivianas, una peruana y diez colombianas. Como resultado del procedimiento, seis personas fueron denunciadas y notificadas para su expulsión del país, tras verificarse infracciones a la Ley de Migración y Extranjería. La comisaria Jéssica Vargas, jefa de la Sección de Migraciones y Policía Internacional de Tocopilla, señaló que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria y la seguridad de la comunidad. “Nuestro trabajo coordinado con Carabineros y autoridades locales permite realizar estas acciones de manera eficiente y segura”, afirmó. Durante octubre, la unidad especializada de la PDI en Tocopilla ha realizado cuatro fiscalizaciones en distintos puntos de la comuna, con un balance total de 15 personas denunciadas y tres notificaciones de expulsión.
Un total de diez personas fueron detenidas en un amplio operativo policial encabezado por detectives de diversas unidades de la Prefectura Provincial de Antofagasta de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el cual se desarrolló en distintos puntos de la provincia. La acción fue posible gracias al uso de técnicas investigativas que permitieron ubicar a los imputados en diferentes comunas, logrando su aprehensión conforme a órdenes judiciales vigentes por diversos delitos. Los detenidos, hombres y mujeres en su mayoría chilenos, tienen edades que van desde los 24 hasta los 48 años. Entre los delitos por los que eran requeridos figuran lesiones menos graves, hurto simple, hurto falta, conducción sin licencia, ingreso de tecnología a recintos penitenciarios, ocultamiento de placa patente y amenazas simples, entre otros. Uno de los aprehendidos fue capturado por detectives de la Brigada de Investigación Criminal Tocopilla, y era requerido por amenazas simples e infracción a la Ley 20.000, relacionada con drogas. El prefecto Juan Orellana, jefe de la Prefectura Provincial de Antofagasta, valoró el trabajo realizado y destacó su relevancia para la seguridad ciudadana: Como institución, mantenemos un firme compromiso con la seguridad pública. Este operativo demuestra el trabajo coordinado y el análisis territorial que realizamos para dar cumplimiento a los mandatos judiciales, afirmó. La PDI reiteró su compromiso de continuar desarrollando acciones que permitan reforzar la seguridad en el territorio y dar cumplimiento a los requerimientos de la justicia.
En Antofagasta, ocho personas —siete hombres y una mujer, todos chilenos— fueron detenidas por mantener deudas impagas en concepto de pensión de alimentos que en conjunto superan los 54 millones de pesos. Estas detenciones se efectuaron en cumplimiento de órdenes de arresto vigentes emitidas por los tribunales de familia. Las diligencias fueron coordinadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales en beneficio de los menores afectados. Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), los involucrados adeudaban un total de $54.478.676 y fueron puestos a disposición de Gendarmería de Chile para cumplir con las medidas judiciales. La subprefecta Pamela Urra, jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, señaló que estas acciones forman parte de la ejecución de órdenes de arresto dictadas por tribunales de familia, las cuales se llevan a cabo siguiendo protocolos policiales y en coordinación con las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales.
Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Antofagasta, detuvieron a una persona por tenencia irregular de un primate, luego de recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de un animal exótico en un domicilio del sector alto de la ciudad. Tras realizar las diligencias respectivas, los oficiales constataron que en el inmueble se mantenía un ejemplar de mono capuchino (Cebus capucinus), el cual se encontraba en buenas condiciones al interior de una jaula. Según lo establecido, el propietario habría adquirido el animal a través del mercado informal. El dueño hizo entrega voluntaria del ejemplar y, conforme a la normativa vigente, fue detenido por infracción al delito de Caza y Comercialización de Especies Prohibidas, tipificado en el Artículo 30 en relación con el Artículo 22 de la Ley N° 19.473. Los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público. El subprefecto Rodrigo Ortiz, jefe de la BIDEMA Antofagasta, señaló: “Este tipo de situaciones no solo constituye un delito, sino que además pone en riesgo la salud y el bienestar de los animales, y puede afectar los ecosistemas locales. Como PDI, mantenemos un compromiso permanente con la protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente”.
La candidata a diputada por la Región de Antofagasta, Yantiel Calderón (Evópoli), presentó este lunes una denuncia formal ante la Policía de Investigaciones (PDI) tras la filtración de mensajes privados de WhatsApp, los cuales habrían sido entregados al comando de la candidata Daniela Castro (Renovación Nacional). La directora de Dideco calificó el hecho como “grave e inaceptable”, señalando que se trata de un caso de espionaje político que atenta contra la privacidad y la ética en el ejercicio democrático. “No se puede normalizar que conversaciones personales sean obtenidas y utilizadas con fines políticos. Esto no solo me afecta a mí, sino que daña la confianza de la ciudadanía hacia la forma de hacer política”, afirmó la candidata. Según indicaron desde el equipo jurídico de Calderón, la denuncia busca esclarecer la forma en que se accedió a los mensajes y determinar posibles responsabilidades penales. Además, anunciaron que se evaluarán realizar futuras acciones de forma paralela en la vía judicial. Por último, la candidata señaló que “los vecinos merecen una campaña basada en ideas, no en prácticas oscuras de la vieja política”. El caso tuvo su origen en una denuncia interpuesta por Daniela Castro ante la Contraloría General de la República por presuntos actos contra la probidad administrativa en la Municipalidad de Antofagasta. Según indicó, Calderón habría continuado entregando indicaciones sobre temas administrativos de Dideco y CMDS pese a estar con permiso sin goce de sueldo, además de contar con la participación de funcionarios municipales en actividades político-electorales. En ese contexto, Castro exhibió capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp en las que se abordaban temas relacionados con la campaña de Calderón. Estas filtraciones generaron un quiebre entre Renovación Nacional y Evópoli a nivel local, luego de conocerse un comentario del alcalde Sacha Razmilic en el grupo “Yantiel 2025”, en el que trataba de “rata” a la senadora Paulina Núñez (RN).
La Policía de Investigaciones de Tocopilla, a través de su Sección de Migraciones y Policía Internacional, realizó un operativo conjunto con Carabineros, la Delegación Presidencial Provincial y la Seremi de Seguridad Pública en diversos sectores donde existen asentamientos irregulares. La fiscalización se llevó a cabo en las tomas Caleta Boy, Cancha Magallanes y Toma La Patria, donde se controló a 20 personas de distintas nacionalidades: nueve bolivianas, una peruana y diez colombianas. Como resultado del procedimiento, seis personas fueron denunciadas y notificadas para su expulsión del país, tras verificarse infracciones a la Ley de Migración y Extranjería. La comisaria Jéssica Vargas, jefa de la Sección de Migraciones y Policía Internacional de Tocopilla, señaló que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria y la seguridad de la comunidad. “Nuestro trabajo coordinado con Carabineros y autoridades locales permite realizar estas acciones de manera eficiente y segura”, afirmó. Durante octubre, la unidad especializada de la PDI en Tocopilla ha realizado cuatro fiscalizaciones en distintos puntos de la comuna, con un balance total de 15 personas denunciadas y tres notificaciones de expulsión.
Un total de diez personas fueron detenidas en un amplio operativo policial encabezado por detectives de diversas unidades de la Prefectura Provincial de Antofagasta de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el cual se desarrolló en distintos puntos de la provincia. La acción fue posible gracias al uso de técnicas investigativas que permitieron ubicar a los imputados en diferentes comunas, logrando su aprehensión conforme a órdenes judiciales vigentes por diversos delitos. Los detenidos, hombres y mujeres en su mayoría chilenos, tienen edades que van desde los 24 hasta los 48 años. Entre los delitos por los que eran requeridos figuran lesiones menos graves, hurto simple, hurto falta, conducción sin licencia, ingreso de tecnología a recintos penitenciarios, ocultamiento de placa patente y amenazas simples, entre otros. Uno de los aprehendidos fue capturado por detectives de la Brigada de Investigación Criminal Tocopilla, y era requerido por amenazas simples e infracción a la Ley 20.000, relacionada con drogas. El prefecto Juan Orellana, jefe de la Prefectura Provincial de Antofagasta, valoró el trabajo realizado y destacó su relevancia para la seguridad ciudadana: Como institución, mantenemos un firme compromiso con la seguridad pública. Este operativo demuestra el trabajo coordinado y el análisis territorial que realizamos para dar cumplimiento a los mandatos judiciales, afirmó. La PDI reiteró su compromiso de continuar desarrollando acciones que permitan reforzar la seguridad en el territorio y dar cumplimiento a los requerimientos de la justicia.
En Antofagasta, ocho personas —siete hombres y una mujer, todos chilenos— fueron detenidas por mantener deudas impagas en concepto de pensión de alimentos que en conjunto superan los 54 millones de pesos. Estas detenciones se efectuaron en cumplimiento de órdenes de arresto vigentes emitidas por los tribunales de familia. Las diligencias fueron coordinadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales en beneficio de los menores afectados. Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), los involucrados adeudaban un total de $54.478.676 y fueron puestos a disposición de Gendarmería de Chile para cumplir con las medidas judiciales. La subprefecta Pamela Urra, jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, señaló que estas acciones forman parte de la ejecución de órdenes de arresto dictadas por tribunales de familia, las cuales se llevan a cabo siguiendo protocolos policiales y en coordinación con las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales.
