El Congreso Nacional, a través del Senado, dio luz verde este martes al informe emanado de la comisión mixta, con lo cual se concretó la aprobación de la Ley de Presupuesto para el año 2024.

La nueva legislación contempla un aumento del 3,5% en comparación con el presupuesto del año en curso.El erario fiscal fue respaldado por una amplia mayoría, obteniendo 38 votos a favor y solo dos en contra, provenientes de los senadores Rojo Edwards, del Partido Republicano, y Carlos Kuschel, de Renovación Nacional (RN).

Anteriormente, la Cámara de Diputadas y Diputados había dado su aprobación al proyecto surgido de la comisión mixta con un respaldo de 115 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones.El ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó al término de la sesión su satisfacción por el resultado, destacando la intensa discusión presupuestaria que, a pesar de las expectativas de dificultades, logró despejar varios obstáculos gracias a la buena voluntad de los parlamentarios y la contribución del Ejecutivo.

En relación con la distribución de convenios por parte del Estado, Marcel señaló que se establecieron reglas generales sobre concursabilidad, transparencia y requisitos. Además, hizo hincapié en la importancia de las modificaciones introducidas, particularmente en lo que respecta a la relación entre el Estado y las fundaciones sin fines de lucro. 

De esta manera, el presupuesto implicaría US$92.404 en desembolsos en áreas como salud, educación y economía. Como lo informa El Diario Financiero, salud subió a un 8,1%, una alza histórica.

Educación tuvo una subida de 4,2%; seguridad pública se llevó un 5,7% de aumento; vivienda contempló 11,9% más, cerca de $553.599 millones en sumatoria para el sector habitacional. Obras Públicas creció en un 10,2%; el Consejo de Monumentos Nacionales recibirá un plus de 17,4% en alza. Así también, como impulso económico, van 145 mil millones al subsidio de MiPymes.

Agregado a todo esto se aprobó casi un millar de medidas normativas gubernamentales para el control de recursos públicos tras la controversia de las fundaciones. Por ejemplo, el concurso sería obligatorio para la asignación de recursos por transferencia corriente a los privados excepto en los casos establecidos por ley.

Entre las reformas más destacadas se encuentran los cambios en la relación entre el Estado y las fundaciones sin fines de lucro, así como la introducción de una cláusula aclaratoria que diferencia entre beneficiarios y ejecutores de las transferencias, estableciendo que los requisitos iniciales son exclusivos para los beneficiarios, según informó el diario La Tercera.

Fuente: Cooperativa