La controversia en torno al contrato de limpieza y barrido de calles en Antofagasta continúa sin una solución definitiva. En una sesión extraordinaria reciente, el Concejo Municipal optó por abstenerse de aprobar un nuevo acuerdo directo para este servicio.

Durante la sesión, Marcelo Pizarro, director del Departamento Jurídico del municipio, explicó que una vez más se presentó el contrato bajo la justificación de una situación de emergencia, urgencia o imprevisto. Este contrato tiene una duración de ocho meses, comenzando el 15 de septiembre, con un costo mensual de $330 millones, incluyendo impuestos, lo que suma un total de $2.640 millones.

La administradora municipal, Yessael Leiva, informó que hubo cinco empresas interesadas en el proceso de licitación, pero finalmente la empresa Solo Verde fue la que cumplió con todos los requisitos establecidos por la mesa técnica, que incluye la Dirección de Aseo, la Secretaría Comunal de Planificación (Secoplan), la Dirección Jurídica y la Administración Municipal. Destacó que esta empresa cuenta con el personal adecuado, ofrece uno de los sueldos base más altos para los trabajadores y dispone de maquinaria del año 2023 o similar.

Sin embargo, la mayoría de los concejales decidieron abstenerse o rechazar la aprobación del contrato. Argumentaron que estas decisiones se basaron en las investigaciones llevadas a cabo por la Contraloría debido a los repetidos acuerdos directos y al uso constante de la justificación de emergencia, urgencia e imprevisto para realizar estas contrataciones.

Durante la sesión, algunos concejales, como Ignacio Pozo y Paz Fuica, justificaron su abstención en beneficio de la comunidad, dejando la aprobación del servicio en manos del alcalde. Otros concejales, como Karina Guzmán, Waldo Valderrama, Luis Aguilera, Roberto Jorquera, Gabriel Alvial, Norma Leiva y Natalia Sánchez, expresaron diversas preocupaciones y críticas sobre el proceso y la gestión municipal actual.

El único voto a favor del acuerdo directo fue emitido por el alcalde, quien asume la responsabilidad de tomar una decisión final en este asunto. Karina Guzmán, concejala, comentó que es probable que el alcalde apruebe el contrato a pesar de las objeciones del Concejo, señalando que esto demuestra una desconexión con la comunidad y una falta de participación activa en los asuntos municipales. Guzmán también mencionó las auditorías en curso por parte de la Contraloría como un factor relevante en esta situación.

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