Escrito por: Jair Yáñez

Se aprobó el proyecto de ley que castiga a quienes posean celulares dentro de recintos penitenciarios, medida que fue admitida por el Congreso Nacional tipifica como delito a reclusos que sean sorprendidos con la tenencia de celulares, chips o aparatos tecnológicos no autorizados al interior de las cárceles. 

Respecto a esto, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región, Cristóbal Orellana, indicó los objetivos principales de aplicar esta iniciativa, la cual ya quedó en condiciones de ser remitida al Ejecutivo para su promulgación. 

“Lo que busca la implementación de este proyecto que está a punto de ser ley es principalmente seguir la lucha y la agenda de seguridad que tiene el gobierno contra el crimen organizado, que muchas veces vemos que viene desde el interior de los penales. Se está prohibiendo el uso y se tipifica el delito de poseer aparatos tecnológicos de comunicación al interior de los recintos penales”. 

En esa línea, la autoridad regional mencionó los delitos más habituales que se cometen desde el interior de centros penitenciarios por personas privadas de libertad que poseen teléfonos celulares en la región de Antofagasta. 

“Lo que buscamos con este proyecto de ley es reducir aquellas estafas y otros delitos como extorsiones que también se producen y crimen organizado desde el interior de los penales. Actualmente en el país tenemos alrededor de 14.588 de estos aparatos incautados. Es por eso que es fundamental poder frenar todas las comunicaciones que se producen desde el interior de los penales y que solamente sirven para seguir cometiendo delitos”. 

Asimismo, indicó que como complemento al proyecto de ley recién aprobado, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha avanzado en estrategias para impedir las comunicaciones inalámbricas (telefonía, datos móviles o wifi) no autorizadas, evitando así la estafa o extorsión desde el interior de las cárceles. 

En ese sentido, el Seremi de Justicia precisó sobre las penas a las que se exponen los reos que sean descubiertos portando estos aparatos tecnológicos en las cárceles de nuestro país. “Las penas a las que se exponen aquellos que sean sorprendidos portando estos aparatos van desde los 541 días a los tres años y un día de cárcel”. 

Cabe recalcar, que este nuevo proyecto obliga a los funcionarios públicos a realizar la denuncia cuando detecten la tenencia no autorizada de elementos electrónicos en el recinto penitenciario, de lo contrario, se arriesgan a pena de cárcel, suspensión o inhabilitación para el ejercicio de la profesión, cargo u oficio.