Caso "Casa de Muñecas": Fiscalía pide 642 años de cárcel para 22 integrantes de red de trata de personas y lavado de activos

ANTOFAGASTA.– Un total de 642 años de presidio, 7.730 UTM en multas y el comiso de sus bienes solicitó la Fiscalía Regional de Antofagasta para 22 presuntos integrantes de una organización criminal transnacional. La red es acusada de operar entre 2020 y 2025 en la capital regional, dedicándose principalmente a la trata de personas con fines de explotación sexual y al lavado de activos.

​La agrupación fue desarticulada en agosto de 2025 mediante la operación “Casa de Muñecas”, ejecutada por unidades especializadas de la PDI. En las intervenciones a diversos inmuebles y locales comerciales se logró la detención de los imputados —en su mayoría extranjeros—, la incautación de vehículos de alta gama, dinero e información contable, junto al rescate de una veintena de víctimas captadas bajo situaciones de alta vulnerabilidad e informalidad migratoria.

​Red transnacional y entramado financiero

​Según la acusación fiscal, la red estaba conformada por cuatro clanes familiares que administraban prostíbulos clandestinos y un café donde se ejercía el comercio sexual. Para bancarizar las ganancias, la banda utilizaba locales de fachada, testaferros, compra de vehículos e inversiones en fondos mutuos. En los peritajes financieros se detectaron más de 2.800 transferencias fraccionadas para eludir los controles bancarios, además de cobros usurarios bajo la modalidad "gota a gota".

​Las penas solicitadas individualmente van desde los 17 hasta los 47 años de presidio por los delitos de asociación criminal, trata de personas, promoción de la prostitución, lavado de activos y microtráfico de drogas.

​Eje patrimonial y extradición desde Colombia

​El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, enfatizó que el foco de la persecución fue el patrimonio de la banda: "A una organización criminal se la vence cuando pierde su dinero. En la trata, seguir el dinero no solo permite probar el lavado, sino reconstruir la explotación que lo hizo posible". Asimismo, destacó la labor de la Unidad de Víctimas en el resguardo de las personas afectadas.

​De forma paralela, el Ministerio Público gestiona la extradición desde Colombia de una imputada sindicada como líder de uno de los clanes, quien fue formalizada en ausencia e ingresó a prisión preventiva en dicho país a la espera de su traslado a Chile.

​La audiencia de preparación de juicio oral se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre, instancia en la que la Fiscalía presentará un conjunto probatorio compuesto por 79 testigos, 7 peritos y más de 570 documentos.