Acogen denuncia contra Clínica La Portada por renuncia forzada
El tribunal consideró que la trabajadora fue víctima de coacción moral y vulneración de sus derechos, afectando su integridad psíquica y honra.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta acogió la denuncia de tutela laboral presentada contra Clínica La Portada y su filial Clínica La Portada Prestaciones Ambulatorias, por un caso de renuncia forzada de una técnico paramédico.
La denuncia, interpuesta por la abogada Jorge Mayne Moller en representación de Camila Andrea Garrido Páez, argumenta que la trabajadora fue presionada a firmar una carta de renuncia tras una serie de acciones de sus compañeros de trabajo y directivos, lo que afectó tanto su integridad psíquica como su honra.
El tribunal constató que la trabajadora fue citada a una reunión privada con varias jefaturas, donde se le presentó como grave un incumplimiento laboral que, según los antecedentes, había sido provocado por sus compañeros de trabajo con conocimiento de la jefatura. Durante esta reunión, se le presionó a firmar una carta de renuncia sin permitirle asesorarse jurídicamente ni reflexionar sobre las implicaciones de su decisión.
La magistrada Yohana Chávez Castillo resolvió que la voluntad expresada por la trabajadora no fue real, dado que las circunstancias de la reunión representaron una forma de coacción moral, vulnerando sus derechos fundamentales. El fallo también resalta que la trabajadora no pudo desvirtuar las acusaciones en su contra, lo que afectó su honra y su percepción sobre su desempeño laboral.
Como resultado, el tribunal ordenó el pago de diversas indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales, incluyendo una indemnización total de $11.487.805, que abarca daños por despido injustificado, falta de aviso previo, y feriado pendiente. Además, se estableció que las sumas deben ser reajustadas con intereses conforme a lo dispuesto en el Código del Trabajo y se condenó a la parte demandada al pago de costas.
el lunes pasado a las 9:05
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El municipio recurrió a la Corte Suprema, pero de ratificarse la sentencia, el total a pagar podría superar los $10.000 millones por intereses e indemnizaciones.
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