La empresa minera Andes Iron, propiedad del empresario Carlos Alberto Délano, presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) como parte de una nueva ofensiva judicial para avanzar en el proyecto minero-portuario Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. En el documento, la compañía solicitó una audiencia pública y anunció la incorporación del abogado Jorge Correa Sutil a su equipo jurídico. Correa Sutil, exsubsecretario del Interior durante el gobierno de Ricardo Lagos y exministro del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2009, ha representado anteriormente a ministros de la Corte Suprema como Sergio Muñoz y Manuel Valderrama. Su integración al equipo legal se produce en el contexto de una disputa de competencias entre el Ejecutivo y el Primer Tribunal Ambiental, relacionada con el rol de este último al instruir al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre el proyecto Dominga. El Gobierno sostiene que dicha instrucción excede las facultades del tribunal ambiental, ya que, según argumenta, las decisiones finales en esta materia corresponden al Comité de Ministros. Por ello, presentó un requerimiento ante el TC para que resuelva la controversia y suspenda temporalmente los procedimientos judiciales relacionados con el caso. Dominga contempla una inversión estimada de US$2.500 millones e involucra la extracción de hierro y cobre mediante una mina a rajo abierto, además de la construcción de un puerto para exportación. Desde su ingreso al sistema de evaluación ambiental en 2013, el proyecto ha enfrentado una prolongada controversia judicial, política y ambiental. Diversas organizaciones científicas y medioambientales han advertido sobre sus posibles impactos en el ecosistema marino del Archipiélago de Humboldt, mientras que sus promotores destacan el potencial económico del proyecto y la posibilidad de generar más de 10 mil empleos directos e indirectos. En su presentación ante el TC, Andes Iron argumentó que existen múltiples terceros con interés directo en el proceso, por lo que considera imprescindible la realización de una audiencia pública. Asimismo, advirtió que el pronunciamiento del tribunal podría ser determinante para el futuro del proyecto: si se concluye que el tribunal ambiental excedió sus competencias, el proceso de tramitación de Dominga debería retroceder; en cambio, si se respalda su actuación, el proyecto podría continuar su curso, respaldado por una sentencia favorable. Fuente: SoyAntof
El caso del proyecto minero Dominga vivió un nuevo giro cuando el Comité de Ministros del gobierno solicitó, en una jugada de última hora, un plazo prudencial para dar cumplimiento a la sentencia emitida el 9 de diciembre por el Primer Tribunal Ambiental (1TA). Esta sentencia había ordenado al Comité de Ministros integrar un grupo de ministros imparciales para resolver las reclamaciones contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 161/2021, en un plazo de 15 días. Sin embargo, la solicitud del gobierno fue rápidamente rechazada por el tribunal especializado, que resolvió de forma categórica con un “no ha lugar”. El 1TA ratificó que la citación programada para este miércoles sigue en pie, sin ningún tipo de aplazamiento. Esta decisión fue tomada por unanimidad por los ministros Sandra Álvarez, Alamiro Alfaro y Cristián López. En su resolución, el tribunal recordó que el plazo otorgado al Comité para emitir una resolución venció el 31 de diciembre de 2024, sin que se hubiera cumplido con esa obligación. Según los antecedentes del caso, el Comité de Ministros no cumplió con el fallo que ordenaba la integración de un grupo de ministros imparciales, lo cual es un requisito fundamental para dar respuesta a las reclamaciones administrativas presentadas en relación al proyecto Dominga. El tribunal aclaró que la solicitud presentada por el gobierno para consultar a la Contraloría sobre la integración del Comité no justificaba el incumplimiento del plazo establecido en la sentencia de diciembre, ya que la convocatoria y sesión del Comité debían ajustarse a la orden judicial. Además, el 1TA hizo hincapié en que cualquier duda respecto al alcance de la sentencia debería haberse resuelto mediante una solicitud formal de aclaración, rectificación o enmienda, procedimiento que no fue realizado por el Comité. De esta manera, el tribunal reafirmó que el Comité de Ministros debe cumplir con lo ordenado en la sentencia de diciembre, respetando los términos precisos establecidos.
El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación presentada por Andes Iron SpA contra la resolución del Comité de Ministros que, en junio de 2023, había calificado desfavorablemente el proyecto minero Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. El proyecto, que busca desarrollar dos minas para la extracción de concentrados de hierro y cobre, así como construir un megapuerto para exportar la producción, había recibido previamente una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en 2021, bajo ciertas condiciones ambientales. El tribunal señaló que el Comité de Ministros había emitido su resolución ignorando los términos de una sentencia anterior que había validado el proyecto, y que su actuación no se ajustó a lo establecido en dicha sentencia. Además, identificó irregularidades como la falta de imparcialidad de algunos ministros, quienes no se abstuvieron a pesar de haber expresado opiniones previas sobre el proyecto. También cuestionó la emisión de decisiones contradictorias y fuera del plazo legal establecido en la Ley N° 19.300, lo que afectó a Andes Iron. Como resultado, el tribunal otorgó un plazo de 15 días para que el Comité de Ministros vuelva a sesionar, esta vez con representantes que no tengan compromisos previos que afecten su imparcialidad, y para que la nueva resolución cumpla con las normas establecidas en el procedimiento de evaluación ambiental.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta acogió la denuncia de tutela laboral presentada contra Clínica La Portada y su filial Clínica La Portada Prestaciones Ambulatorias, por un caso de renuncia forzada de una técnico paramédico. La denuncia, interpuesta por la abogada Jorge Mayne Moller en representación de Camila Andrea Garrido Páez, argumenta que la trabajadora fue presionada a firmar una carta de renuncia tras una serie de acciones de sus compañeros de trabajo y directivos, lo que afectó tanto su integridad psíquica como su honra. El tribunal constató que la trabajadora fue citada a una reunión privada con varias jefaturas, donde se le presentó como grave un incumplimiento laboral que, según los antecedentes, había sido provocado por sus compañeros de trabajo con conocimiento de la jefatura. Durante esta reunión, se le presionó a firmar una carta de renuncia sin permitirle asesorarse jurídicamente ni reflexionar sobre las implicaciones de su decisión. La magistrada Yohana Chávez Castillo resolvió que la voluntad expresada por la trabajadora no fue real, dado que las circunstancias de la reunión representaron una forma de coacción moral, vulnerando sus derechos fundamentales. El fallo también resalta que la trabajadora no pudo desvirtuar las acusaciones en su contra, lo que afectó su honra y su percepción sobre su desempeño laboral. Como resultado, el tribunal ordenó el pago de diversas indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales, incluyendo una indemnización total de $11.487.805, que abarca daños por despido injustificado, falta de aviso previo, y feriado pendiente. Además, se estableció que las sumas deben ser reajustadas con intereses conforme a lo dispuesto en el Código del Trabajo y se condenó a la parte demandada al pago de costas.
La empresa minera Andes Iron, propiedad del empresario Carlos Alberto Délano, presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) como parte de una nueva ofensiva judicial para avanzar en el proyecto minero-portuario Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. En el documento, la compañía solicitó una audiencia pública y anunció la incorporación del abogado Jorge Correa Sutil a su equipo jurídico. Correa Sutil, exsubsecretario del Interior durante el gobierno de Ricardo Lagos y exministro del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2009, ha representado anteriormente a ministros de la Corte Suprema como Sergio Muñoz y Manuel Valderrama. Su integración al equipo legal se produce en el contexto de una disputa de competencias entre el Ejecutivo y el Primer Tribunal Ambiental, relacionada con el rol de este último al instruir al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre el proyecto Dominga. El Gobierno sostiene que dicha instrucción excede las facultades del tribunal ambiental, ya que, según argumenta, las decisiones finales en esta materia corresponden al Comité de Ministros. Por ello, presentó un requerimiento ante el TC para que resuelva la controversia y suspenda temporalmente los procedimientos judiciales relacionados con el caso. Dominga contempla una inversión estimada de US$2.500 millones e involucra la extracción de hierro y cobre mediante una mina a rajo abierto, además de la construcción de un puerto para exportación. Desde su ingreso al sistema de evaluación ambiental en 2013, el proyecto ha enfrentado una prolongada controversia judicial, política y ambiental. Diversas organizaciones científicas y medioambientales han advertido sobre sus posibles impactos en el ecosistema marino del Archipiélago de Humboldt, mientras que sus promotores destacan el potencial económico del proyecto y la posibilidad de generar más de 10 mil empleos directos e indirectos. En su presentación ante el TC, Andes Iron argumentó que existen múltiples terceros con interés directo en el proceso, por lo que considera imprescindible la realización de una audiencia pública. Asimismo, advirtió que el pronunciamiento del tribunal podría ser determinante para el futuro del proyecto: si se concluye que el tribunal ambiental excedió sus competencias, el proceso de tramitación de Dominga debería retroceder; en cambio, si se respalda su actuación, el proyecto podría continuar su curso, respaldado por una sentencia favorable. Fuente: SoyAntof
El caso del proyecto minero Dominga vivió un nuevo giro cuando el Comité de Ministros del gobierno solicitó, en una jugada de última hora, un plazo prudencial para dar cumplimiento a la sentencia emitida el 9 de diciembre por el Primer Tribunal Ambiental (1TA). Esta sentencia había ordenado al Comité de Ministros integrar un grupo de ministros imparciales para resolver las reclamaciones contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 161/2021, en un plazo de 15 días. Sin embargo, la solicitud del gobierno fue rápidamente rechazada por el tribunal especializado, que resolvió de forma categórica con un “no ha lugar”. El 1TA ratificó que la citación programada para este miércoles sigue en pie, sin ningún tipo de aplazamiento. Esta decisión fue tomada por unanimidad por los ministros Sandra Álvarez, Alamiro Alfaro y Cristián López. En su resolución, el tribunal recordó que el plazo otorgado al Comité para emitir una resolución venció el 31 de diciembre de 2024, sin que se hubiera cumplido con esa obligación. Según los antecedentes del caso, el Comité de Ministros no cumplió con el fallo que ordenaba la integración de un grupo de ministros imparciales, lo cual es un requisito fundamental para dar respuesta a las reclamaciones administrativas presentadas en relación al proyecto Dominga. El tribunal aclaró que la solicitud presentada por el gobierno para consultar a la Contraloría sobre la integración del Comité no justificaba el incumplimiento del plazo establecido en la sentencia de diciembre, ya que la convocatoria y sesión del Comité debían ajustarse a la orden judicial. Además, el 1TA hizo hincapié en que cualquier duda respecto al alcance de la sentencia debería haberse resuelto mediante una solicitud formal de aclaración, rectificación o enmienda, procedimiento que no fue realizado por el Comité. De esta manera, el tribunal reafirmó que el Comité de Ministros debe cumplir con lo ordenado en la sentencia de diciembre, respetando los términos precisos establecidos.
El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación presentada por Andes Iron SpA contra la resolución del Comité de Ministros que, en junio de 2023, había calificado desfavorablemente el proyecto minero Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. El proyecto, que busca desarrollar dos minas para la extracción de concentrados de hierro y cobre, así como construir un megapuerto para exportar la producción, había recibido previamente una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en 2021, bajo ciertas condiciones ambientales. El tribunal señaló que el Comité de Ministros había emitido su resolución ignorando los términos de una sentencia anterior que había validado el proyecto, y que su actuación no se ajustó a lo establecido en dicha sentencia. Además, identificó irregularidades como la falta de imparcialidad de algunos ministros, quienes no se abstuvieron a pesar de haber expresado opiniones previas sobre el proyecto. También cuestionó la emisión de decisiones contradictorias y fuera del plazo legal establecido en la Ley N° 19.300, lo que afectó a Andes Iron. Como resultado, el tribunal otorgó un plazo de 15 días para que el Comité de Ministros vuelva a sesionar, esta vez con representantes que no tengan compromisos previos que afecten su imparcialidad, y para que la nueva resolución cumpla con las normas establecidas en el procedimiento de evaluación ambiental.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta acogió la denuncia de tutela laboral presentada contra Clínica La Portada y su filial Clínica La Portada Prestaciones Ambulatorias, por un caso de renuncia forzada de una técnico paramédico. La denuncia, interpuesta por la abogada Jorge Mayne Moller en representación de Camila Andrea Garrido Páez, argumenta que la trabajadora fue presionada a firmar una carta de renuncia tras una serie de acciones de sus compañeros de trabajo y directivos, lo que afectó tanto su integridad psíquica como su honra. El tribunal constató que la trabajadora fue citada a una reunión privada con varias jefaturas, donde se le presentó como grave un incumplimiento laboral que, según los antecedentes, había sido provocado por sus compañeros de trabajo con conocimiento de la jefatura. Durante esta reunión, se le presionó a firmar una carta de renuncia sin permitirle asesorarse jurídicamente ni reflexionar sobre las implicaciones de su decisión. La magistrada Yohana Chávez Castillo resolvió que la voluntad expresada por la trabajadora no fue real, dado que las circunstancias de la reunión representaron una forma de coacción moral, vulnerando sus derechos fundamentales. El fallo también resalta que la trabajadora no pudo desvirtuar las acusaciones en su contra, lo que afectó su honra y su percepción sobre su desempeño laboral. Como resultado, el tribunal ordenó el pago de diversas indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales, incluyendo una indemnización total de $11.487.805, que abarca daños por despido injustificado, falta de aviso previo, y feriado pendiente. Además, se estableció que las sumas deben ser reajustadas con intereses conforme a lo dispuesto en el Código del Trabajo y se condenó a la parte demandada al pago de costas.
