El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta resolvió la exclusión de 143 personas del padrón electoral de la comuna de Sierra Gorda, tras una reclamación presentada por el abogado Mauricio Peldoza en representación de la exalcaldesa Deborah Paredes. La solicitud inicial pedía retirar a 317 personas, pero el tribunal acogió parcialmente el requerimiento, argumentando que los antecedentes entregados acreditaban que los 143 excluidos mantenían vínculos con otras comunas. Según la sentencia, la documentación aportada por 16 municipalidades del país permitió establecer que los reclamados perciben beneficios sociales o están inscritos en el Registro Social de Hogares en esas comunas. A esto se sumó la información del Servicio Electoral (Servel), que indicó que los traslados de domicilio electoral se realizaron recientemente, con miras a las elecciones municipales de 2024 y presidenciales de 2025. En cuanto al resto de los casos, el TER determinó no dar lugar a la exclusión, debido a que algunos ya habían sido objeto de resoluciones previas, otros permanecen inscritos en procesos electorales anteriores, o bien no se presentó prueba suficiente para justificar la solicitud. Cabe recordar que en 2024 el mismo tribunal ya había ordenado la exclusión de 663 personas del padrón electoral de Sierra Gorda, tras una reclamación presentada entonces por la actual alcaldesa Adriana Rivera.
La empresa minera Andes Iron, propiedad del empresario Carlos Alberto Délano, presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) como parte de una nueva ofensiva judicial para avanzar en el proyecto minero-portuario Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. En el documento, la compañía solicitó una audiencia pública y anunció la incorporación del abogado Jorge Correa Sutil a su equipo jurídico. Correa Sutil, exsubsecretario del Interior durante el gobierno de Ricardo Lagos y exministro del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2009, ha representado anteriormente a ministros de la Corte Suprema como Sergio Muñoz y Manuel Valderrama. Su integración al equipo legal se produce en el contexto de una disputa de competencias entre el Ejecutivo y el Primer Tribunal Ambiental, relacionada con el rol de este último al instruir al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre el proyecto Dominga. El Gobierno sostiene que dicha instrucción excede las facultades del tribunal ambiental, ya que, según argumenta, las decisiones finales en esta materia corresponden al Comité de Ministros. Por ello, presentó un requerimiento ante el TC para que resuelva la controversia y suspenda temporalmente los procedimientos judiciales relacionados con el caso. Dominga contempla una inversión estimada de US$2.500 millones e involucra la extracción de hierro y cobre mediante una mina a rajo abierto, además de la construcción de un puerto para exportación. Desde su ingreso al sistema de evaluación ambiental en 2013, el proyecto ha enfrentado una prolongada controversia judicial, política y ambiental. Diversas organizaciones científicas y medioambientales han advertido sobre sus posibles impactos en el ecosistema marino del Archipiélago de Humboldt, mientras que sus promotores destacan el potencial económico del proyecto y la posibilidad de generar más de 10 mil empleos directos e indirectos. En su presentación ante el TC, Andes Iron argumentó que existen múltiples terceros con interés directo en el proceso, por lo que considera imprescindible la realización de una audiencia pública. Asimismo, advirtió que el pronunciamiento del tribunal podría ser determinante para el futuro del proyecto: si se concluye que el tribunal ambiental excedió sus competencias, el proceso de tramitación de Dominga debería retroceder; en cambio, si se respalda su actuación, el proyecto podría continuar su curso, respaldado por una sentencia favorable. Fuente: SoyAntof
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta resolvió la exclusión de 143 personas del padrón electoral de la comuna de Sierra Gorda, tras una reclamación presentada por el abogado Mauricio Peldoza en representación de la exalcaldesa Deborah Paredes. La solicitud inicial pedía retirar a 317 personas, pero el tribunal acogió parcialmente el requerimiento, argumentando que los antecedentes entregados acreditaban que los 143 excluidos mantenían vínculos con otras comunas. Según la sentencia, la documentación aportada por 16 municipalidades del país permitió establecer que los reclamados perciben beneficios sociales o están inscritos en el Registro Social de Hogares en esas comunas. A esto se sumó la información del Servicio Electoral (Servel), que indicó que los traslados de domicilio electoral se realizaron recientemente, con miras a las elecciones municipales de 2024 y presidenciales de 2025. En cuanto al resto de los casos, el TER determinó no dar lugar a la exclusión, debido a que algunos ya habían sido objeto de resoluciones previas, otros permanecen inscritos en procesos electorales anteriores, o bien no se presentó prueba suficiente para justificar la solicitud. Cabe recordar que en 2024 el mismo tribunal ya había ordenado la exclusión de 663 personas del padrón electoral de Sierra Gorda, tras una reclamación presentada entonces por la actual alcaldesa Adriana Rivera.
La empresa minera Andes Iron, propiedad del empresario Carlos Alberto Délano, presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) como parte de una nueva ofensiva judicial para avanzar en el proyecto minero-portuario Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. En el documento, la compañía solicitó una audiencia pública y anunció la incorporación del abogado Jorge Correa Sutil a su equipo jurídico. Correa Sutil, exsubsecretario del Interior durante el gobierno de Ricardo Lagos y exministro del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2009, ha representado anteriormente a ministros de la Corte Suprema como Sergio Muñoz y Manuel Valderrama. Su integración al equipo legal se produce en el contexto de una disputa de competencias entre el Ejecutivo y el Primer Tribunal Ambiental, relacionada con el rol de este último al instruir al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre el proyecto Dominga. El Gobierno sostiene que dicha instrucción excede las facultades del tribunal ambiental, ya que, según argumenta, las decisiones finales en esta materia corresponden al Comité de Ministros. Por ello, presentó un requerimiento ante el TC para que resuelva la controversia y suspenda temporalmente los procedimientos judiciales relacionados con el caso. Dominga contempla una inversión estimada de US$2.500 millones e involucra la extracción de hierro y cobre mediante una mina a rajo abierto, además de la construcción de un puerto para exportación. Desde su ingreso al sistema de evaluación ambiental en 2013, el proyecto ha enfrentado una prolongada controversia judicial, política y ambiental. Diversas organizaciones científicas y medioambientales han advertido sobre sus posibles impactos en el ecosistema marino del Archipiélago de Humboldt, mientras que sus promotores destacan el potencial económico del proyecto y la posibilidad de generar más de 10 mil empleos directos e indirectos. En su presentación ante el TC, Andes Iron argumentó que existen múltiples terceros con interés directo en el proceso, por lo que considera imprescindible la realización de una audiencia pública. Asimismo, advirtió que el pronunciamiento del tribunal podría ser determinante para el futuro del proyecto: si se concluye que el tribunal ambiental excedió sus competencias, el proceso de tramitación de Dominga debería retroceder; en cambio, si se respalda su actuación, el proyecto podría continuar su curso, respaldado por una sentencia favorable. Fuente: SoyAntof
