Autoridades regionales firman Compromiso Transversal por la Seguridad
El texto presentado hoy contiene 92 iniciativas legales y de políticas públicas, en miras a enfrentar con mayor fuerza al crimen organizado y al narcotráfico.
Este martes el gobernador regional, Ricardo Díaz Cortés, junto al resto de los gobernadores y gobernadoras de Chile llegaron hasta la Moneda para participar de la firma del Compromiso Transversal por la Seguridad. Este documento es una propuesta que pretende ser una hoja de ruta, por lo mismo, incluye una batería de iniciativas legales y de políticas públicas que buscan dar respuestas al sentir ciudadano.
En su calidad de presidente de la Asociación de Gobernadores/as de Chile (AGORECHI), Díaz firmó el compromiso y ofreció un discurso en el cual expresó que “nuestra sociedad necesita sentirse segura y protegida. Todos los gobernadores/as nos desplegamos por nuestros territorios y escuchamos las demandas sobre seguridad. Es por eso, por lo que estamos acá, porque tenemos la convicción que debemos proteger nuestros territorios. Hoy gracias a este acuerdo se reconoce el rol que ya de manera informal ejercíamos por mandato popular”, recalcó el gobernador.
Desde la perspectiva política, el presidente de los gobernadores/as dijo directamente que “hay que proteger la democracia, pues cuando hay inseguridad aflora el miedo y el miedo es el peor consejero porque con el aumentan las malas decisiones. Y la más mala decisión es hacer de la inseguridad una plataforma de campaña política, con recriminaciones de un lado contra otro. Hay que desterrar de la política el cálculo pequeño, ese afán de individualismo que solo busca el protagonismo. Esa falta de coordinación, la falta de diálogo y acuerdos solo alimenta el miedo. Puedo asegurar que no se ha bajado ningún delito con recriminaciones entre políticos”, aseveró.
Compromiso Seguridad
- Dotar a los gobiernos regionales de competencias en materia de prevención del delito, así como de protección y apoyo a víctimas, completando así la distribución competencial en esta materia hacia todos los niveles de gobierno y fortaleciendo la respuesta del Estado en su conjunto. Con esto, se reconoce el aporte que los gobiernos regionales ya realizan, en complemento a la acción del nivel local y central. Las modificaciones legislativas se ingresarán durante agosto, luego de lo cual se hará presente la urgencia para su tramitación.
- Modificar el artículo 16 de la Ley N°19.175 para dotar a los Gobiernos Regionales de la facultad de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención del delito y de atención y asistencia a víctimas, debiendo ser siempre coherentes con la Política Nacional de Seguridad Pública en el marco de sus atribuciones constitucionales. Para ello, deberá existir coordinación entre los Gobiernos Regionales y la Subsecretaría de Prevención del Delito, institución que dictará lineamientos y orientaciones técnicas en la materia, del mismo modo como hace con los municipios, en los programas y proyectos. En particular, respecto de víctimas, la referida facultad permitiría a los Gobiernos Regionales otorgar asistencia en el ámbito social, legal y de salud mental, a las personas que han sido víctimas de delitos violentos.
- Integración de los Gobiernos Regionales en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través del o la presidenta de la Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile.
- Proyecto de ley para otorgar a los Gobiernos Regionales la facultad para crear una división o departamento de Prevención del Delito y de Atención y Asistencia a Víctimas. Presentación en primer semestre de 2023.
- Incorporación de los gobernadores y gobernadoras regionales, o a quién se designe como su representante, a los Consejos Comunales de Seguridad Pública. Esta medida requiere la modificación de la ley N°18.695.
- Desarrollo durante 2023 de seis convenios de colaboración entre el Ministerio del Interior y gobiernos regionales para diseñar proyectos de inversión regional en materia de prevención del delito que se ajusten a orientaciones técnicas y tipologías basadas en evidencia, entre otras indicaciones.
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