Recurso de protección frena desalojo total de tomas en Costa Laguna

Pese a que la Delegación Presidencial Regional desalojó el día de ayer las tomas de terreno que aparecieron el mes pasado en la ''Bahía Méndez'' y, que aumentaron drásticamente durante la última semana en el sector en Costa Laguna, todavía queda un lugar con condiciones similares que la autoridad no puede restituir en la zona norte de Antofagasta. Esto último sería porque el comité de vivienda de quienes viven en el lugar puso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, acción que fue rechazada, sin embargo dejaría una instancia a la que puedan recurrir para evitar el abandono del predio fiscal.

Solo por el desalojo del día de ayer, Bienes Nacionales informó que recibió 500 denuncias sobre la usurpación de terreno y que en menos de un mes pasó de una ocupación de media hectárea hasta extenderse a 13. El desalojo habría dejado tres sujetos detenido, dos por oponerse a la acción de Carabineros de servicio y otro por agredir a un oficial con una patada en la cabeza. 

Debido a esta toma, la cual aún no se desocupa, la Delegación Presidencial Regional (DPR) emitió el 13 de junio del año pasado una resolución administrativa que autoriza el desalojo, sin embargo, el “Comité de Vivienda Mujeres Cabeza de Familia” y la organización comunitaria “Chile Sueña”, a través de la abogada Karina Trujillo, presentaron un recurso de protección contra la DPR para que la Corte dejara sin efecto la resolución designada para La Chimba Alto.

Entre los fundamentos del recurso se detalló que quienes desde el 2008 protagonizan las tomas de terreno en la ciudad son familias vulnerables con dificultades para solventar los gastos que implica un arriendo y con mayor razón un crédito hipotecario, situación que se agudizó con la pandemia. Al mismo tiempo señala dos fallos de los años en el que la misma Corte de Apelaciones de Antofagasta estimó arbitrario e ilegal el actuar de Bienes Nacionales (2008), mientras que en el segundo (2017) esa misma cartera debía adoptar las medidas necesarias para trasladar a los pobladores.

El escrito también expuso que el 22 de junio del 2022 acudieron funcionarios de la DPR, junto a policías y maquinaria para demoler las viviendas, lo que finalmente no se concretó por conversaciones entre todos los involucrados, dejando una sensación de temor ante una eventual actuación policial con violencia. El desalojo quedó programado para el 28 de ese mismo mes y ante ello en el recurso de protección se solicitó una orden de no innovar, la que no fue concedida por el tribunal.