Se cierra investigación de uso vacunas para perros para tratar Covid-19 por “falta de antecedentes”
La Fiscalía local de Calama tomó la decisión de no perseverar en la investigación penal iniciada en ocasión del escándalo de la utilización, por parte de dos veterinarios loínos, de … Leer más
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La Fiscalía local de Calama tomó la decisión de no perseverar en la investigación penal iniciada en ocasión del escándalo de la utilización, por parte de dos veterinarios loínos, de vacunas para enfermedades caninas con el pretexto de servir como vacuna contra el Covid-19.De acuerdo a los antecedentes proporcionados, el 7 de noviembre pasado el fiscal adjunto de Calama, Cristián Encina Farias, envió un oficio al juzgado de garantía de la ciudad comunicando la decisión de no continuar con la persecución penal del caso.
”Comunico a US. que esta Fiscalía, con fecha 3 de noviembre del 2022, ha decidido no perseverar en este procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación” se lee en el documento.El hecho desató la inmediata reacción de la directiva gremial por cuanto, afirman, la causa invocada por el Ministerio Público resulta al menos contradictoria ya que, uno de los veterinarios involucrados (M.F.B.) reconoció ante la seremi de salud, en el marco de la investigación sumaria realizada, vacunaciones a cerca de 70 personas, incluida la asistente de la clínica y parte de su familia.Diego Gallegos, abogado representante del Colmevet, sostiene que si bien la labor de investigación penal es privativa de la fiscalía, esta no puede resultar arbitraria para los querellantes involucrados.
“Lo que nos preguntamos es cómo la fiscalía afirma que no existen antecedentes suficientes para investigar, si tenemos una declaración de la propia veterinaria que reconoce cientos de vacunaciones ilegales y que no estaba autorizada para hacerlo, transgrediendo por completo el código sanitario. Está la declaración de la secretaria, que también reconoce el hecho y del otro veterinario que reconoce haber inventado un informe y haberse vacunado. Todo eso ante la autoridades de salud de la región. Nos surgen muchísimas dudas respecto a por qué no persevera en esta causa”, sostiene Gallegos.
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Se rechazó la prisión preventiva y dictó arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y retención de licencia. El plazo de investigación es de 120 días.
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Los hogares ya recibieron bolsas diferenciadas y los edificios contenedores para separar residuos. La ordenanza contempla seis meses de marcha blanca antes de aplicar sanciones.
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