El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, expresó su desconfianza hacia las declaraciones de Catalina Pérez, quien afirmó haber informado al Ejecutivo sobre el convenio entre la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva antes de que estallara públicamente en junio pasado. Díaz acusó que los convenios en la región fueron urdidos por el "equipo de mayor confianza" de Pérez con fines electorales, buscando recursos para futuras elecciones.
El gobernador, que se desvinculó de Revolución Democrática en 2019 por diferencias en temas de probidad con Pérez, en una entrevista con Cooperativa, indicó que las acciones del equipo de Pérez buscaban mantenerse en el poder y financiar campañas. Afirmó que las declaraciones de Pérez buscan exculparla y que utilizó la situación de los convenios para revisar las actuaciones de fundaciones con convenios en las Seremis y los gobiernos regionales, detectando anomalías.
"Yo no creo en las declaraciones que hace Catalina, y yo la conozco de cerca. Yo estuve en Revolución Democrática y yo me salgo de RD por cuestionamientos a los actos de probidad que ella estaba haciendo con su grupo de cercanos. Aquí, desde mi opinión, lo que había era un intento de ir juntando recursos para futuras elecciones. Se comentaba en la región que ella quería ser senadora; que su pareja (Daniel Andrade) quería ser diputado; que la esposa del seremi (Carlos Contreras) iba de gobernadora; que su exjefa territorial iba de alcaldesa, y estaban buscando recursos y formas de estar en el terreno para poder hacer esos tipos de campaña. Declaró el Gore para Cooperativa.
Sobre las denuncias de desvío de recursos en su región, Díaz explicó que estas eran más bien faltas administrativas, y el informe de Contraloría valida que no hubo malversación de recursos ni faltas a la probidad en su gestión. Reconoció que hay espacios de mejora en los gobiernos regionales y enfatizó que las acciones en las Seremis de Vivienda no reflejan la actuación de todos los Gobiernos Regionales.
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La medida se originó por una denuncia ciudadana y derivó en un sumario sanitario, entre alimentos vencidos, presencia de fecas de roedores y uso indebido de un baño como bodega.
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El TC determinó que no hubo invasión de funciones y que el conflicto corresponde a cuestiones de legalidad interna que deben resolverse en la justicia ordinaria.
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Los tres sujetos involucrados son acusados de, además de aprehender a la víctima, robarle sus claves bancarias y utilizar sus tarjetas para compras por más de un millón de pesos.
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