Formalizan a tesorera de Hospital de Antofagasta por lavado de activos
Según la investigación, la funcionaria sustrajo dinero de las cajas del hospital y pensiones de pacientes, depositándolo en cuentas personales y utilizándolo en gastos personales.
el jueves pasado a las 8:47
La Fiscalía Local de Antofagasta formalizó cargos contra la tesorera del Hospital Regional por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, tras ser acusada de apropiarse de aproximadamente 120 millones de pesos entre 2015 y octubre de 2024.
El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, expuso ante el Juzgado de Garantía que la funcionaria, aprovechándose de su cargo, sustrajo dinero de las cajas recaudadoras del hospital y de pensiones de pacientes críticos del Servicio de Psiquiatría.
Según el reportaje de Timeline, para ocultar el origen ilícito de los fondos, la tesorera depositaba el dinero en su cuenta bancaria personal y luego lo transfería a otra cuenta, utilizándolo en gastos personales, pagos de tarjetas de crédito y viajes familiares.
El caso fue denunciado el 7 de noviembre por el Director del Hospital Regional, lo que dio origen a una investigación inmediata a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI. En la audiencia de formalización, se detalló que la imputada reconoció los hechos tanto ante el personal del hospital como en declaraciones a la PDI. Los arqueos realizados en las cajas del hospital confirmaron la falta de dinero.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para la imputada, argumentando un peligro para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, el tribunal dictó medidas menos severas, como arresto domiciliario total y arraigo nacional.
El subprefecto de la Brigada de Delitos Económicos, Néctor Rojas Leyton, explicó que, a través de una serie de técnicas investigativas, se determinó que la tesorera habría malversado cerca de 120 millones de pesos. La Fiscalía de Antofagasta solicitó un plazo de investigación de 150 días para continuar con las diligencias y esclarecer los hechos.
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Se rechazó la prisión preventiva y dictó arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y retención de licencia. El plazo de investigación es de 120 días.
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