Caso Convenios: Cuenta bancaria de TomArte estaba vacía y "cerrada"

Durante la audiencia llevada a cabo para formalizar la investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos destinados a la Fundación TomArte, el fiscal Cristian Aguilar reveló que la cuenta bancaria de la Fundación, que debería haber contenido fondos por un valor de 456 millones de pesos, estaba cerrada y vacía cuando el ministro de fe acudió para incautar los recursos. 

La pesquisa sobre TomArte se inició tras una revisión de los convenios celebrados entre la mencionada fundación y el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. Se detectaron anomalías en la ejecución de cuatro convenios, tres de ellos destinados a obras de habitabilidad primaria en campamentos y uno relacionado con la organización de los asentamientos.

Se determinó que Kelly Betancourt Acosta, representante de la fundación, había dispuesto de los fondos, incluyendo un vale vista por la suma de 330 millones 174 mil pesos, cuyo destino aún se desconoce.

Aguilar detalló que se identificaron transferencias electrónicas no rendidas, incluyendo una a favor de Betancourt Acosta por 2 millones 710 mil pesos, así como el pago de honorarios por un total de 92 millones de pesos, sin evidencia de la ejecución de los proyectos acordados. Además, se reveló que Betancourt Acosta recibió honorarios sin respaldo contractual por un monto de 15 millones 248 mil pesos.

El análisis de la rendición de cuentas también arrojó luz sobre otra irregularidad significativa: de los 104 millones de pesos gastados por la fundación, aproximadamente el 88% se destinó al pago de honorarios. Sorprendentemente, estos pagos no estaban respaldados por contratos vigentes.

En cuanto a la ejecución de los proyectos acordados, el fiscal destacó que no se encontraron evidencias de que se hubieran llevado a cabo obras de habitabilidad primaria en los campamentos designados en los convenios. En lugar de ello, los fondos parecen haber sido utilizados principalmente para cubrir gastos operativos, incluyendo el arriendo de vehículos y oficinas, así como la compra de pasajes aéreos.

La acción del Ministerio Público incluyó la incautación de los fondos restantes, con la aprobación correspondiente del tribunal, al constatar que no se habían utilizado de acuerdo con los términos establecidos en los convenios.

Fuente: Timeline