Diputado Jaime Araya anuncia denuncia ante Contraloría por presuntos cobros irregulares en tarjetas de transporte de Antofagasta

El diputado por la Región de Antofagasta, Jaime Araya (independiente-PPD), anunció que recurrirá ante la Contraloría General de la República para denunciar una serie de presuntos cobros irregulares que estarían afectando a usuarios del sistema de transporte público de la ciudad.

Según señaló el parlamentario, durante los últimos días se han multiplicado los reclamos de personas que han detectado descuentos de dinero en sus tarjetas de transporte, bajo conceptos como “actualizaciones”, “cobros” y otras denominaciones que, a su juicio, no entregarían una explicación clara sobre el origen de estos movimientos.

Araya cuestionó el funcionamiento del sistema, señalando que una iniciativa que buscaba modernizar el transporte público se estaría transformando en un problema para las familias antofagastinas, debido a descuentos que los usuarios consideran injustificados.

“Siguen y se multiplican las denuncias por este verdadero robo hormiga que significan los cobros irregulares en las tarjetas de transporte público en Antofagasta. Nos parecía que esto, que era un salto a la modernidad, se está transformando en un verdadero fiasco, un dolor de cabeza y un abuso en contra de las familias antofagastinas”, afirmó.

El diputado agregó que los usuarios han reportado descuentos registrados en sus cartolas bajo distintos conceptos, situación que, según sostuvo, estaría afectando los recursos destinados por las familias para financiar sus traslados durante la semana.

“Esto es inaceptable. Lo vamos a denunciar en Contraloría, porque se trata de un servicio público y llamamos al Ministerio de Transportes a tomar cartas en el asunto, a fiscalizar qué es lo que está ocurriendo y a defender a las familias antofagastinas de este verdadero abuso”, enfatizó.

Finalmente, Jaime Araya hizo un llamado al Ministerio de Transportes a investigar con urgencia el origen de los cobros denunciados, determinar eventuales responsabilidades y adoptar las medidas necesarias para evitar que los usuarios continúen siendo afectados por descuentos que calificó como injustificados en un servicio público esencial.

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