La acusación fue presentada ante la Fiscalía de Antofagasta por el gobernador regional Ricardo Díaz Cortés, por las posibles irregularidades ocurridas en la subsecretaría y Seremi de Minería, durante el gobierno anterior.

En específico, se trata de un programa destinado al fortalecimiento de la pequeña minería en la región, financiado con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el cual presentaría vicios y falta de probidad.

Según publica la edición dominical de El Mercurio de Antofagasta, en el escrito presentado en la denuncia realizada por el gobernador regional, se explica que el programa en cuestión es una iniciativa que fue aprobada en julio de 2019, orientada a asesorar a la pequeña minería en diversas materias y gestión de fondos para innovación, por lo cual se hizo una transferencia de M$3.094.070. 

En este sentido, el programa está a cargo de la subsecretaría de Minería que encabezaba el entonces exintendente, Edgar Blanco, quien además encargó a la Seremi de Minería el proceso de seguimiento y control técnico del proyecto.

Sin embargo, a fines del 2019, un profesional que se desempeñaba en la Seremía dio a conocer una serie de irregularidades que ocurrieron en la gestión del ex secretario ministerial, Alex Acuña, principalmente un mal uso de los recursos del gobierno regional.

En específico, las denuncias están relacionadas a contrataciones no ajustadas a procedimientos administrativos, mal uso de camionetas y combustible asociadas al programa, bitácora de viajes modificadas, conflictos de interés entre profesionales que estaban a cargo del proyecto, los cuales también habrían trabajado en SQM, además, se registra el pago de arriendo de oficinas que no habrían sido ocupadas, entre otras acusaciones.

En este contexto, el gobernador Ricardo Díaz solicitó a la Unidad de Auditoría del Gobierno Regional, realizar las indagaciones relacionadas a un informe evacuado con fecha 28 de junio, en que se confirman conductas asociadas a la falta de probidad como “pagos con cargo al proyecto en actividades ajenas al mismo, cometidos no ejecutados, utilización de vehículos del programa para actividades no relacionadas con el proyecto, incumplimientos de contratos al constatar la existencia de permisos y feriados no contemplados en las cláusulas”.

De esta forma, en el escrito se sintetiza que: «En resumen y de acuerdo a la revisión efectuada a cada una de los ítems ejecutados, se establece la suma de $61.227.378, como gastos rechazados, los cuales deben ser devueltos a nuestra organización, como también la suma de $447.798.888, gastos observados, por los que la unidad ejecutora debe remitir todos los antecedentes necesarios que permitan fundamentar el gasto realizado».