La Fiscalía Local de Antofagasta se encuentra investigando a una presunta banda criminal acusada de haber participado en un secuestro ocurrido en enero de 2025, en el que una víctima masculina adulta fue retenida y obligada bajo amenazas a entregar sus claves bancarias. Posteriormente, se habrían realizado con sus tarjetas bancarias giros y compras por un monto superior al millón de pesos. Los presuntos responsables —tres adultos y una menor de edad— fueron detenidos por la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI), tras una investigación coordinada con el Ministerio Público. La Fiscalía los formalizó por los delitos de robo con secuestro y asociación criminal. Los adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que la menor fue internada provisoriamente, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. De acuerdo con los antecedentes entregados, el hecho ocurrió cuando la víctima acudió junto a una imputada a un motel en el sector norte de Antofagasta. En el trayecto, fueron interceptados por otros tres individuos en un pasaje cercano. La víctima fue maniatada y trasladada en su propio vehículo hasta la ciudad de Calama, donde fue finalmente abandonada. Además, dos de los imputados fueron formalizados por tráfico ilícito de drogas, ya que al momento de su detención se les encontraron estupefacientes sintéticos. El Ministerio Público estableció un plazo de 90 días para la investigación, durante el cual se llevarán a cabo nuevas diligencias con el fin de esclarecer los hechos y determinar si los imputados estarían vinculados a otros delitos similares.
Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron rescatar a dos personas que permanecían secuestradas en Antofagasta y eran objeto de extorsión por parte de una banda criminal con presuntos nexos internacionales. La operación se originó a partir de una denuncia recibida por la policía, en la que se informó sobre el envío de un video desde Perú. En las imágenes se veía a un hombre siendo amenazado por sus captores, quienes exigían una suma de dinero bajo amenaza de muerte. En un segundo registro, la víctima aparecía amarrada, siendo agredida y obligada a mencionar la supuesta pertenencia de sus captores a una organización criminal. Tras verificar la autenticidad de los registros, los detectives iniciaron una investigación que incluyó el contacto con familiares de una de las víctimas. Estos confirmaron haber sido extorsionados y haber transferido 500 soles, aunque desconocían el paradero de la persona afectada. Gracias a labores de inteligencia policial, se logró ubicar el domicilio donde las víctimas estaban retenidas. Durante un operativo realizado en flagrancia, los oficiales encontraron a ambas personas, quienes se encontraban en estado de shock, y detuvieron a los presuntos responsables. En el procedimiento se incautaron elementos utilizados para intimidar y agredir a las víctimas, entre ellos amarras, un cable y $124.000 en efectivo, dinero que habría sido enviado desde Perú por instrucción de los imputados. El subprefecto Manuel González, jefe de la unidad especializada, destacó que la rápida acción policial permitió rescatar a las víctimas y desarticular a esta red delictual dedicada al secuestro y la extorsión. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público. Los tres detenidos, de nacionalidad venezolana, fueron formalizados por los delitos de secuestro extorsivo y tráfico de drogas en pequeñas cantidades. El tribunal decretó prisión preventiva para todos, considerando el peligro que representan para la seguridad de la sociedad, y fijó un plazo de investigación de 100 días. Desde la Seremi de Seguridad Pública, el seremi (s) Ignacio Rivera Muñoz valoró el operativo y señaló que el gobierno trabaja en instancias de coordinación como el Comité Policial y el Consejo Regional contra el Crimen Organizado para prevenir y abordar delitos como el secuestro. Rivera indicó que en lo que va de 2025 se ha registrado una disminución del 25% en este tipo de casos en comparación con el año anterior, aclarando que la mayoría corresponden a robos con retención de personas, más que a acciones de crimen organizado.
La Fiscalía Local de Antofagasta se encuentra investigando a una presunta banda criminal acusada de haber participado en un secuestro ocurrido en enero de 2025, en el que una víctima masculina adulta fue retenida y obligada bajo amenazas a entregar sus claves bancarias. Posteriormente, se habrían realizado con sus tarjetas bancarias giros y compras por un monto superior al millón de pesos. Los presuntos responsables —tres adultos y una menor de edad— fueron detenidos por la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI), tras una investigación coordinada con el Ministerio Público. La Fiscalía los formalizó por los delitos de robo con secuestro y asociación criminal. Los adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que la menor fue internada provisoriamente, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. De acuerdo con los antecedentes entregados, el hecho ocurrió cuando la víctima acudió junto a una imputada a un motel en el sector norte de Antofagasta. En el trayecto, fueron interceptados por otros tres individuos en un pasaje cercano. La víctima fue maniatada y trasladada en su propio vehículo hasta la ciudad de Calama, donde fue finalmente abandonada. Además, dos de los imputados fueron formalizados por tráfico ilícito de drogas, ya que al momento de su detención se les encontraron estupefacientes sintéticos. El Ministerio Público estableció un plazo de 90 días para la investigación, durante el cual se llevarán a cabo nuevas diligencias con el fin de esclarecer los hechos y determinar si los imputados estarían vinculados a otros delitos similares.
Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron rescatar a dos personas que permanecían secuestradas en Antofagasta y eran objeto de extorsión por parte de una banda criminal con presuntos nexos internacionales. La operación se originó a partir de una denuncia recibida por la policía, en la que se informó sobre el envío de un video desde Perú. En las imágenes se veía a un hombre siendo amenazado por sus captores, quienes exigían una suma de dinero bajo amenaza de muerte. En un segundo registro, la víctima aparecía amarrada, siendo agredida y obligada a mencionar la supuesta pertenencia de sus captores a una organización criminal. Tras verificar la autenticidad de los registros, los detectives iniciaron una investigación que incluyó el contacto con familiares de una de las víctimas. Estos confirmaron haber sido extorsionados y haber transferido 500 soles, aunque desconocían el paradero de la persona afectada. Gracias a labores de inteligencia policial, se logró ubicar el domicilio donde las víctimas estaban retenidas. Durante un operativo realizado en flagrancia, los oficiales encontraron a ambas personas, quienes se encontraban en estado de shock, y detuvieron a los presuntos responsables. En el procedimiento se incautaron elementos utilizados para intimidar y agredir a las víctimas, entre ellos amarras, un cable y $124.000 en efectivo, dinero que habría sido enviado desde Perú por instrucción de los imputados. El subprefecto Manuel González, jefe de la unidad especializada, destacó que la rápida acción policial permitió rescatar a las víctimas y desarticular a esta red delictual dedicada al secuestro y la extorsión. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público. Los tres detenidos, de nacionalidad venezolana, fueron formalizados por los delitos de secuestro extorsivo y tráfico de drogas en pequeñas cantidades. El tribunal decretó prisión preventiva para todos, considerando el peligro que representan para la seguridad de la sociedad, y fijó un plazo de investigación de 100 días. Desde la Seremi de Seguridad Pública, el seremi (s) Ignacio Rivera Muñoz valoró el operativo y señaló que el gobierno trabaja en instancias de coordinación como el Comité Policial y el Consejo Regional contra el Crimen Organizado para prevenir y abordar delitos como el secuestro. Rivera indicó que en lo que va de 2025 se ha registrado una disminución del 25% en este tipo de casos en comparación con el año anterior, aclarando que la mayoría corresponden a robos con retención de personas, más que a acciones de crimen organizado.