El anuncio del Gobierno de un recorte de $7.064 millones al presupuesto del Ministerio Público para el año 2025 ha generado una serie de críticas por sus posibles efectos negativos en la lucha contra el crimen organizado. Atendiendo a lo informado por SoyAntofagasta, el diputado Sebastián Videla calificó el recorte como impresentable y señaló que incluso está en riesgo la operación de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que son esenciales para investigar bandas criminales y delitos graves, lo que la ciudadanía realmente necesita. Por otro lado, el diputado José Miguel Castro (RN) también criticó el recorte, calificándolo de contradictorio. Vemos un doble discurso: por un lado, se celebra cuando las fiscalías logran decomisar grandes cantidades de droga o armas, pero, por otro, se les reduce el presupuesto, señaló, culpando además al ministro de Hacienda, Mario Marcel, por lo que consideró un error financiero, y anticipó que se reunirá con el fiscal nacional para abordar la situación y buscar soluciones. La diputada Yovana Ahumada (PSC) calificó la decisión de incomprensible y cuestionó las prioridades del Gobierno. Mientras destinan mil millones para adquirir la casa del exPresidente Allende, recortan recursos a una institución fundamental. Esto demuestra claramente dónde están sus prioridades, y no es en la seguridad de la gente, afirmó. La senadora Paulina Núñez (RN) también expresó su rechazo a la medida, declarando que no es posible priorizar proyectos de ley en materia de seguridad y, al mismo tiempo, recortar recursos al Ministerio Público, encargado de investigar delitos y combatir el crimen organizado. La Comisión de Constitución del Senado, donde participa la senadora, decidió por unanimidad enviar un oficio al ministro de Hacienda exigiendo una revisión del recorte. Sebastián Videla se comunicó con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para solicitar una revisión inmediata de la medida.
Gracias a una investigación de la Fiscalía Regional de Antofagasta, se identificó una organización de origen mexicano para utilizar nuestro país como punto de recepción, acopio y procesamiento de metanfetamina de exportación. En mayo del 2024, Fiscalía recuperó información residual de operaciones internacionales. En la comuna de Valparaíso se ingresó la droga oculta en pallets de carga con 36 tinetas de pintura, fue enviado desde el puerto de Manzanillo, México, dominado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Así, con apoyo de Directemar y Aduanas, se permitió desarticular la banda criminal que había instalado un laboratorio de conversión a gran escala de cristales de metanfetaminas en un sector rural de la Región de O’Higgins. La planta clandestina estaba instalada en una parcela, en la comuna de Lolol, lugar donde personal de Carabineros detuvo a dos integrantes de la organización, justo en momentos que procedían a la extracción. La investigación permitió la incautación de 844 kilos de cristales de metanfetamina, con un valor estimado en USD 16.880.000 en Europa y USD 160.360.000 en Oceanía, lo que representa el mayor decomiso de esta droga sintética en la historia del país.
Una investigación dirigida por la Fiscalía de Calama, en conjunto con el OS7 de Carabineros, permitió desmantelar una banda colombiana dedicada al tráfico de drogas, logrando la incautación de 2.012 kilos de marihuana, así como armas, municiones y vehículos. El operativo, que se extendió por tres días en las ciudades de Calama y Antofagasta, resultó en la detención de nueve personas, de las cuales ocho son adultos colombianos y uno es un menor chileno. El hallazgo incluye más de 789 paquetes de marihuana en un minibús, ocultos en un doble fondo dentro de un microbús, así como armas de fuego y una considerable cantidad de municiones. Este operativo se suma a los esfuerzos realizados durante 2024, en los que la región ha superado las 20 toneladas de drogas incautadas, un hito histórico tanto a nivel local como nacional. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las autoridades locales y Carabineros, lo que ha permitido obtener estos resultados. Por su parte, el general Juan Francisco González Albornoz, jefe de la Zona Tarapacá de Carabineros, celebró el esfuerzo de los uniformados, mencionando que a nivel nacional se han sacado más de 37 toneladas de drogas de circulación este año. Los detenidos fueron formalizados por diversos delitos, incluyendo tráfico de drogas, posesión de armas y receptación de vehículos robados. Según estimaciones, el valor de la droga incautada podría superar los 36 mil millones de pesos, dependiendo de la región de distribución. Los imputados adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que el menor de edad fue enviado a internación provisoria por 120 días.
La Fiscalía de Taltal logró una condena de 10 años y 1 día para un imputado chileno por el delito consumado y reiterado de abuso sexual impropio, cometido en contra de un menor de edad. Los delitos fueron perpetrados entre los años 2017 a 2020 en dos domicilios de la comuna de Taltal, lugares que el imputado, de 63 años de edad, frecuentaba y aprovechaba para cometer los abusos, todo lo cual se estableció principalmente con el relato de la víctima, sumado a la declaración de familiares y funcionarios de la Policía de Investigaciones. El fiscal Ricardo Castro Lillo explicó que en contra del imputado pesó el hecho de ser reincidente en un delito de la misma especie, por cuanto en diciembre de 2013, ya había sido condenado a la misma pena, como autor de abuso sexual impropio reiterado, por hechos acontecidos entre los años 2011 y 2012 en la comuna de Antofagasta. “Se trata de un imputado reincidente, de hecho, los nuevos delitos por los cuales fue condenado fueron cometidos aprovechando que se encontraba en libertad, pues se le había concedido el beneficio de salida dominical y luego la libertad condicional por la anterior condena”, precisó el persecutor. Castro Lillo destacó el trabajo desarrollado por la Unidad de Atención Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional en el acompañamiento de la víctima durante el proceso judicial, como también el realizado por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, que estuvo a cargo de las diligencias. En su fallo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta además condena al imputado a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Asimismo, se le impuso sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. La defensa del condenado dispone ahora de un plazo para recurrir en contra de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta.
La Fiscalía de Antofagasta logró sentencias que suman un total de 91 años de cárcel efectiva para siete miembros de una banda criminal especializada en el robo de cobre y otros delitos violentos. Los imputados fueron condenados por una serie de delitos cometidos en 2022, que incluyeron asaltos a un convoy del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB) y el robo de un camión cargado con cátodos de cobre. Según la investigación del Ministerio Público, en mayo de 2022, los integrantes de la banda asaltaron un tren detenido en la estación Latas, ubicada en la Ruta B-475, usando vestimenta militar y armamento de fuego. Tras intimidar a los trabajadores del convoy, los imputados sustrajeron cinco paquetes de cátodos de cobre, valorados en 119.462 dólares. Además, durante el robo, ataron y amordazaron a los operarios para facilitar la carga del metal en un camión, con el cual escaparon del lugar. Poco antes de este asalto, los delincuentes interceptaron y volcaron una camioneta de escolta del tren, con el fin de obtener información sobre la ruta del convoy. Asimismo, en julio del mismo año, la banda participó en el robo de un camión con cátodos de cobre desde un servicentro en la Ruta 5 Norte, valorado en 179.515 dólares, y en otros hechos delictivos relacionados con robos con intimidación. El Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta dictó penas que varían entre 8 y 20 años de presidio para los miembros de la banda. Jonathan David Olave Ortega, uno de los principales responsables, recibió la pena más alta de 20 años de cárcel, mientras que Andrés Alejandro Enrique Sutar Araya fue condenado a 16 años, investigado por el presunto homicidio contra la fallecida influencer Javiera Jiménez. Otros miembros de la banda recibieron penas de entre 10 y 11 años. Tras la lectura del fallo, las defensas de los condenados tienen un plazo para apelar la sentencia ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Las penas impuestas no podrán ser sustituidas por otras medidas, y los condenados deberán cumplirlas de manera efectiva una vez que la sentencia quede firme.
El anuncio del Gobierno de un recorte de $7.064 millones al presupuesto del Ministerio Público para el año 2025 ha generado una serie de críticas por sus posibles efectos negativos en la lucha contra el crimen organizado. Atendiendo a lo informado por SoyAntofagasta, el diputado Sebastián Videla calificó el recorte como impresentable y señaló que incluso está en riesgo la operación de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que son esenciales para investigar bandas criminales y delitos graves, lo que la ciudadanía realmente necesita. Por otro lado, el diputado José Miguel Castro (RN) también criticó el recorte, calificándolo de contradictorio. Vemos un doble discurso: por un lado, se celebra cuando las fiscalías logran decomisar grandes cantidades de droga o armas, pero, por otro, se les reduce el presupuesto, señaló, culpando además al ministro de Hacienda, Mario Marcel, por lo que consideró un error financiero, y anticipó que se reunirá con el fiscal nacional para abordar la situación y buscar soluciones. La diputada Yovana Ahumada (PSC) calificó la decisión de incomprensible y cuestionó las prioridades del Gobierno. Mientras destinan mil millones para adquirir la casa del exPresidente Allende, recortan recursos a una institución fundamental. Esto demuestra claramente dónde están sus prioridades, y no es en la seguridad de la gente, afirmó. La senadora Paulina Núñez (RN) también expresó su rechazo a la medida, declarando que no es posible priorizar proyectos de ley en materia de seguridad y, al mismo tiempo, recortar recursos al Ministerio Público, encargado de investigar delitos y combatir el crimen organizado. La Comisión de Constitución del Senado, donde participa la senadora, decidió por unanimidad enviar un oficio al ministro de Hacienda exigiendo una revisión del recorte. Sebastián Videla se comunicó con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para solicitar una revisión inmediata de la medida.
Gracias a una investigación de la Fiscalía Regional de Antofagasta, se identificó una organización de origen mexicano para utilizar nuestro país como punto de recepción, acopio y procesamiento de metanfetamina de exportación. En mayo del 2024, Fiscalía recuperó información residual de operaciones internacionales. En la comuna de Valparaíso se ingresó la droga oculta en pallets de carga con 36 tinetas de pintura, fue enviado desde el puerto de Manzanillo, México, dominado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Así, con apoyo de Directemar y Aduanas, se permitió desarticular la banda criminal que había instalado un laboratorio de conversión a gran escala de cristales de metanfetaminas en un sector rural de la Región de O’Higgins. La planta clandestina estaba instalada en una parcela, en la comuna de Lolol, lugar donde personal de Carabineros detuvo a dos integrantes de la organización, justo en momentos que procedían a la extracción. La investigación permitió la incautación de 844 kilos de cristales de metanfetamina, con un valor estimado en USD 16.880.000 en Europa y USD 160.360.000 en Oceanía, lo que representa el mayor decomiso de esta droga sintética en la historia del país.
Una investigación dirigida por la Fiscalía de Calama, en conjunto con el OS7 de Carabineros, permitió desmantelar una banda colombiana dedicada al tráfico de drogas, logrando la incautación de 2.012 kilos de marihuana, así como armas, municiones y vehículos. El operativo, que se extendió por tres días en las ciudades de Calama y Antofagasta, resultó en la detención de nueve personas, de las cuales ocho son adultos colombianos y uno es un menor chileno. El hallazgo incluye más de 789 paquetes de marihuana en un minibús, ocultos en un doble fondo dentro de un microbús, así como armas de fuego y una considerable cantidad de municiones. Este operativo se suma a los esfuerzos realizados durante 2024, en los que la región ha superado las 20 toneladas de drogas incautadas, un hito histórico tanto a nivel local como nacional. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las autoridades locales y Carabineros, lo que ha permitido obtener estos resultados. Por su parte, el general Juan Francisco González Albornoz, jefe de la Zona Tarapacá de Carabineros, celebró el esfuerzo de los uniformados, mencionando que a nivel nacional se han sacado más de 37 toneladas de drogas de circulación este año. Los detenidos fueron formalizados por diversos delitos, incluyendo tráfico de drogas, posesión de armas y receptación de vehículos robados. Según estimaciones, el valor de la droga incautada podría superar los 36 mil millones de pesos, dependiendo de la región de distribución. Los imputados adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que el menor de edad fue enviado a internación provisoria por 120 días.
La Fiscalía de Taltal logró una condena de 10 años y 1 día para un imputado chileno por el delito consumado y reiterado de abuso sexual impropio, cometido en contra de un menor de edad. Los delitos fueron perpetrados entre los años 2017 a 2020 en dos domicilios de la comuna de Taltal, lugares que el imputado, de 63 años de edad, frecuentaba y aprovechaba para cometer los abusos, todo lo cual se estableció principalmente con el relato de la víctima, sumado a la declaración de familiares y funcionarios de la Policía de Investigaciones. El fiscal Ricardo Castro Lillo explicó que en contra del imputado pesó el hecho de ser reincidente en un delito de la misma especie, por cuanto en diciembre de 2013, ya había sido condenado a la misma pena, como autor de abuso sexual impropio reiterado, por hechos acontecidos entre los años 2011 y 2012 en la comuna de Antofagasta. “Se trata de un imputado reincidente, de hecho, los nuevos delitos por los cuales fue condenado fueron cometidos aprovechando que se encontraba en libertad, pues se le había concedido el beneficio de salida dominical y luego la libertad condicional por la anterior condena”, precisó el persecutor. Castro Lillo destacó el trabajo desarrollado por la Unidad de Atención Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional en el acompañamiento de la víctima durante el proceso judicial, como también el realizado por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, que estuvo a cargo de las diligencias. En su fallo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta además condena al imputado a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Asimismo, se le impuso sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. La defensa del condenado dispone ahora de un plazo para recurrir en contra de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta.
La Fiscalía de Antofagasta logró sentencias que suman un total de 91 años de cárcel efectiva para siete miembros de una banda criminal especializada en el robo de cobre y otros delitos violentos. Los imputados fueron condenados por una serie de delitos cometidos en 2022, que incluyeron asaltos a un convoy del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB) y el robo de un camión cargado con cátodos de cobre. Según la investigación del Ministerio Público, en mayo de 2022, los integrantes de la banda asaltaron un tren detenido en la estación Latas, ubicada en la Ruta B-475, usando vestimenta militar y armamento de fuego. Tras intimidar a los trabajadores del convoy, los imputados sustrajeron cinco paquetes de cátodos de cobre, valorados en 119.462 dólares. Además, durante el robo, ataron y amordazaron a los operarios para facilitar la carga del metal en un camión, con el cual escaparon del lugar. Poco antes de este asalto, los delincuentes interceptaron y volcaron una camioneta de escolta del tren, con el fin de obtener información sobre la ruta del convoy. Asimismo, en julio del mismo año, la banda participó en el robo de un camión con cátodos de cobre desde un servicentro en la Ruta 5 Norte, valorado en 179.515 dólares, y en otros hechos delictivos relacionados con robos con intimidación. El Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta dictó penas que varían entre 8 y 20 años de presidio para los miembros de la banda. Jonathan David Olave Ortega, uno de los principales responsables, recibió la pena más alta de 20 años de cárcel, mientras que Andrés Alejandro Enrique Sutar Araya fue condenado a 16 años, investigado por el presunto homicidio contra la fallecida influencer Javiera Jiménez. Otros miembros de la banda recibieron penas de entre 10 y 11 años. Tras la lectura del fallo, las defensas de los condenados tienen un plazo para apelar la sentencia ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Las penas impuestas no podrán ser sustituidas por otras medidas, y los condenados deberán cumplirlas de manera efectiva una vez que la sentencia quede firme.
