La Fiscalía Local de Antofagasta se encuentra investigando a una presunta banda criminal acusada de haber participado en un secuestro ocurrido en enero de 2025, en el que una víctima masculina adulta fue retenida y obligada bajo amenazas a entregar sus claves bancarias. Posteriormente, se habrían realizado con sus tarjetas bancarias giros y compras por un monto superior al millón de pesos. Los presuntos responsables —tres adultos y una menor de edad— fueron detenidos por la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI), tras una investigación coordinada con el Ministerio Público. La Fiscalía los formalizó por los delitos de robo con secuestro y asociación criminal. Los adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que la menor fue internada provisoriamente, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. De acuerdo con los antecedentes entregados, el hecho ocurrió cuando la víctima acudió junto a una imputada a un motel en el sector norte de Antofagasta. En el trayecto, fueron interceptados por otros tres individuos en un pasaje cercano. La víctima fue maniatada y trasladada en su propio vehículo hasta la ciudad de Calama, donde fue finalmente abandonada. Además, dos de los imputados fueron formalizados por tráfico ilícito de drogas, ya que al momento de su detención se les encontraron estupefacientes sintéticos. El Ministerio Público estableció un plazo de 90 días para la investigación, durante el cual se llevarán a cabo nuevas diligencias con el fin de esclarecer los hechos y determinar si los imputados estarían vinculados a otros delitos similares.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó prisión preventiva para dos hombres imputados por el delito de robo y almacenamiento ilegal de explosivos, tras ser formalizados por la Fiscalía local. Según los antecedentes presentados en audiencia, durante la madrugada del 21 de mayo los imputados habrían obligado, mediante amenazas, a un tercero a trasladarlos en una camioneta hasta una faena minera sin actividad. En el lugar, sustrajeron 34 emulsiones mineras, 45 detonadores y un rollo de mecha, los cuales posteriormente almacenaron en una vivienda ubicada en el sector centro alto de Antofagasta. La investigación liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía y la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI permitió la detención de los sujetos y la recuperación de los elementos explosivos, los que fueron calificados como de alto riesgo debido a su capacidad destructiva. El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados, mientras se desarrolla la investigación.
La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional por posibles actos de usurpación de terrenos fiscales en el sector Cerro La Cruz, luego de detectar, a través de redes sociales, la supuesta venta de un inmueble y la preparación del lugar para la construcción de viviendas. Según informó la Seremi Pía Silva, el equipo técnico de la repartición recopiló antecedentes que fueron ingresados formalmente este lunes al Ministerio Público. Las acciones denunciadas —como la instalación de banderas, estacas y otras demarcaciones— habrían sido realizadas por personas no identificadas hasta ahora, y podrían constituir el delito de usurpación, contemplado en el artículo 2° de la Ley N°21.633. “El Fisco es el propietario de estos terrenos, y como Ministerio debemos velar por el interés fiscal y la correcta administración del patrimonio público”, señaló Silva. Agregó que la denuncia busca que se inicie la investigación correspondiente, con el objetivo de formalizar y sancionar a quienes resulten responsables, ya sea como autores, cómplices o encubridores. La Seremi reiteró además que el Ministerio no permitirá tomas ilegales de terrenos, e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de situaciones a través del sitio web www.bienesnacionales.cl, accediendo al banner “Denuncias” e indicando “Mal uso de propiedad fiscal”.
El anuncio del Gobierno de un recorte de $7.064 millones al presupuesto del Ministerio Público para el año 2025 ha generado una serie de críticas por sus posibles efectos negativos en la lucha contra el crimen organizado. Atendiendo a lo informado por SoyAntofagasta, el diputado Sebastián Videla calificó el recorte como impresentable y señaló que incluso está en riesgo la operación de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que son esenciales para investigar bandas criminales y delitos graves, lo que la ciudadanía realmente necesita. Por otro lado, el diputado José Miguel Castro (RN) también criticó el recorte, calificándolo de contradictorio. Vemos un doble discurso: por un lado, se celebra cuando las fiscalías logran decomisar grandes cantidades de droga o armas, pero, por otro, se les reduce el presupuesto, señaló, culpando además al ministro de Hacienda, Mario Marcel, por lo que consideró un error financiero, y anticipó que se reunirá con el fiscal nacional para abordar la situación y buscar soluciones. La diputada Yovana Ahumada (PSC) calificó la decisión de incomprensible y cuestionó las prioridades del Gobierno. Mientras destinan mil millones para adquirir la casa del exPresidente Allende, recortan recursos a una institución fundamental. Esto demuestra claramente dónde están sus prioridades, y no es en la seguridad de la gente, afirmó. La senadora Paulina Núñez (RN) también expresó su rechazo a la medida, declarando que no es posible priorizar proyectos de ley en materia de seguridad y, al mismo tiempo, recortar recursos al Ministerio Público, encargado de investigar delitos y combatir el crimen organizado. La Comisión de Constitución del Senado, donde participa la senadora, decidió por unanimidad enviar un oficio al ministro de Hacienda exigiendo una revisión del recorte. Sebastián Videla se comunicó con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para solicitar una revisión inmediata de la medida.
Gracias a una investigación de la Fiscalía Regional de Antofagasta, se identificó una organización de origen mexicano para utilizar nuestro país como punto de recepción, acopio y procesamiento de metanfetamina de exportación. En mayo del 2024, Fiscalía recuperó información residual de operaciones internacionales. En la comuna de Valparaíso se ingresó la droga oculta en pallets de carga con 36 tinetas de pintura, fue enviado desde el puerto de Manzanillo, México, dominado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Así, con apoyo de Directemar y Aduanas, se permitió desarticular la banda criminal que había instalado un laboratorio de conversión a gran escala de cristales de metanfetaminas en un sector rural de la Región de O’Higgins. La planta clandestina estaba instalada en una parcela, en la comuna de Lolol, lugar donde personal de Carabineros detuvo a dos integrantes de la organización, justo en momentos que procedían a la extracción. La investigación permitió la incautación de 844 kilos de cristales de metanfetamina, con un valor estimado en USD 16.880.000 en Europa y USD 160.360.000 en Oceanía, lo que representa el mayor decomiso de esta droga sintética en la historia del país.
La Fiscalía Local de Antofagasta se encuentra investigando a una presunta banda criminal acusada de haber participado en un secuestro ocurrido en enero de 2025, en el que una víctima masculina adulta fue retenida y obligada bajo amenazas a entregar sus claves bancarias. Posteriormente, se habrían realizado con sus tarjetas bancarias giros y compras por un monto superior al millón de pesos. Los presuntos responsables —tres adultos y una menor de edad— fueron detenidos por la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI), tras una investigación coordinada con el Ministerio Público. La Fiscalía los formalizó por los delitos de robo con secuestro y asociación criminal. Los adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que la menor fue internada provisoriamente, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. De acuerdo con los antecedentes entregados, el hecho ocurrió cuando la víctima acudió junto a una imputada a un motel en el sector norte de Antofagasta. En el trayecto, fueron interceptados por otros tres individuos en un pasaje cercano. La víctima fue maniatada y trasladada en su propio vehículo hasta la ciudad de Calama, donde fue finalmente abandonada. Además, dos de los imputados fueron formalizados por tráfico ilícito de drogas, ya que al momento de su detención se les encontraron estupefacientes sintéticos. El Ministerio Público estableció un plazo de 90 días para la investigación, durante el cual se llevarán a cabo nuevas diligencias con el fin de esclarecer los hechos y determinar si los imputados estarían vinculados a otros delitos similares.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó prisión preventiva para dos hombres imputados por el delito de robo y almacenamiento ilegal de explosivos, tras ser formalizados por la Fiscalía local. Según los antecedentes presentados en audiencia, durante la madrugada del 21 de mayo los imputados habrían obligado, mediante amenazas, a un tercero a trasladarlos en una camioneta hasta una faena minera sin actividad. En el lugar, sustrajeron 34 emulsiones mineras, 45 detonadores y un rollo de mecha, los cuales posteriormente almacenaron en una vivienda ubicada en el sector centro alto de Antofagasta. La investigación liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía y la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI permitió la detención de los sujetos y la recuperación de los elementos explosivos, los que fueron calificados como de alto riesgo debido a su capacidad destructiva. El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados, mientras se desarrolla la investigación.
La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional por posibles actos de usurpación de terrenos fiscales en el sector Cerro La Cruz, luego de detectar, a través de redes sociales, la supuesta venta de un inmueble y la preparación del lugar para la construcción de viviendas. Según informó la Seremi Pía Silva, el equipo técnico de la repartición recopiló antecedentes que fueron ingresados formalmente este lunes al Ministerio Público. Las acciones denunciadas —como la instalación de banderas, estacas y otras demarcaciones— habrían sido realizadas por personas no identificadas hasta ahora, y podrían constituir el delito de usurpación, contemplado en el artículo 2° de la Ley N°21.633. “El Fisco es el propietario de estos terrenos, y como Ministerio debemos velar por el interés fiscal y la correcta administración del patrimonio público”, señaló Silva. Agregó que la denuncia busca que se inicie la investigación correspondiente, con el objetivo de formalizar y sancionar a quienes resulten responsables, ya sea como autores, cómplices o encubridores. La Seremi reiteró además que el Ministerio no permitirá tomas ilegales de terrenos, e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de situaciones a través del sitio web www.bienesnacionales.cl, accediendo al banner “Denuncias” e indicando “Mal uso de propiedad fiscal”.
El anuncio del Gobierno de un recorte de $7.064 millones al presupuesto del Ministerio Público para el año 2025 ha generado una serie de críticas por sus posibles efectos negativos en la lucha contra el crimen organizado. Atendiendo a lo informado por SoyAntofagasta, el diputado Sebastián Videla calificó el recorte como impresentable y señaló que incluso está en riesgo la operación de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que son esenciales para investigar bandas criminales y delitos graves, lo que la ciudadanía realmente necesita. Por otro lado, el diputado José Miguel Castro (RN) también criticó el recorte, calificándolo de contradictorio. Vemos un doble discurso: por un lado, se celebra cuando las fiscalías logran decomisar grandes cantidades de droga o armas, pero, por otro, se les reduce el presupuesto, señaló, culpando además al ministro de Hacienda, Mario Marcel, por lo que consideró un error financiero, y anticipó que se reunirá con el fiscal nacional para abordar la situación y buscar soluciones. La diputada Yovana Ahumada (PSC) calificó la decisión de incomprensible y cuestionó las prioridades del Gobierno. Mientras destinan mil millones para adquirir la casa del exPresidente Allende, recortan recursos a una institución fundamental. Esto demuestra claramente dónde están sus prioridades, y no es en la seguridad de la gente, afirmó. La senadora Paulina Núñez (RN) también expresó su rechazo a la medida, declarando que no es posible priorizar proyectos de ley en materia de seguridad y, al mismo tiempo, recortar recursos al Ministerio Público, encargado de investigar delitos y combatir el crimen organizado. La Comisión de Constitución del Senado, donde participa la senadora, decidió por unanimidad enviar un oficio al ministro de Hacienda exigiendo una revisión del recorte. Sebastián Videla se comunicó con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para solicitar una revisión inmediata de la medida.
Gracias a una investigación de la Fiscalía Regional de Antofagasta, se identificó una organización de origen mexicano para utilizar nuestro país como punto de recepción, acopio y procesamiento de metanfetamina de exportación. En mayo del 2024, Fiscalía recuperó información residual de operaciones internacionales. En la comuna de Valparaíso se ingresó la droga oculta en pallets de carga con 36 tinetas de pintura, fue enviado desde el puerto de Manzanillo, México, dominado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Así, con apoyo de Directemar y Aduanas, se permitió desarticular la banda criminal que había instalado un laboratorio de conversión a gran escala de cristales de metanfetaminas en un sector rural de la Región de O’Higgins. La planta clandestina estaba instalada en una parcela, en la comuna de Lolol, lugar donde personal de Carabineros detuvo a dos integrantes de la organización, justo en momentos que procedían a la extracción. La investigación permitió la incautación de 844 kilos de cristales de metanfetamina, con un valor estimado en USD 16.880.000 en Europa y USD 160.360.000 en Oceanía, lo que representa el mayor decomiso de esta droga sintética en la historia del país.
