La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta reveló que la región enfrenta un déficit habitacional de 50.847 viviendas, según el Informe de Vivienda Pública 2024. El estudio, elaborado por la Unidad de Estudios y el Comité de Vivienda del gremio, analiza la situación de la vivienda de interés público y propone medidas para enfrentar la escasez de soluciones habitacionales. Del total, 37.123 viviendas corresponden a familias allegadas o que habitan en inmuebles irrecuperables, 12.824 a hogares en campamentos y 900 a personas en situación de calle. El informe destaca que la vivienda se ha vuelto cada vez más inaccesible. Según el índice Price Income Ratio (PIR), una familia promedio necesita destinar sus ingresos de 10,9 años para adquirir una vivienda en Antofagasta, una cifra cercana al promedio nacional (11,4 años). El presidente del Comité de Vivienda, Thomas Müller Esparza, advirtió que el mercado no está ofreciendo soluciones adecuadas para la mayoría de los hogares: “La región no ha sido capaz de generar opciones reales para el 90% de la población, considerando la realidad del mercado inmobiliario actual”. Brechas en subsidios y proyectos Entre 2014 y 2024, solo el 44% de los subsidios habitacionales otorgados en la región fueron efectivamente pagados. En el caso de los sectores vulnerables, el pago alcanzó un 60%, mientras que en los sectores medios y emergentes llegó apenas al 26%. Asimismo, de los 43 proyectos DS49 y DS19 ejecutados en la última década, solo dos se ubican en el centro de Antofagasta, concentrándose la mayoría en el sector norte alto, con escasa conectividad y acceso limitado a áreas verdes y servicios básicos. El Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno, que busca construir 17.400 viviendas a 2026, registra un 32,4% de avance, con 5.641 unidades terminadas, un 22% en ejecución y 31% sin iniciar obras. El gremio estima que, de mantenerse el ritmo actual, solo se completarán 14.862 viviendas, lejos de la meta proyectada. El informe identifica como nudos críticos la falta de coordinación interinstitucional, la burocracia en la tramitación de proyectos, el alto costo del suelo urbano y la prioridad otorgada a sectores mineros y energéticos por sobre el desarrollo habitacional. La CChC plantea medidas para enfrentar el déficit, entre ellas: Fomentar un crecimiento urbano equilibrado mediante la regeneración de áreas subutilizadas. Planificar a largo plazo la demanda habitacional y el uso del suelo, asegurando acceso a servicios y equipamiento público. Fortalecer los programas de integración social y arriendo, y promover la colaboración público-privada para incorporar a los sectores medios. Müller subrayó que “es necesario trabajar en conjunto para identificar zonas pericentrales aptas para nuevas viviendas y ofrecer soluciones que reduzcan el hacinamiento y la segregación territorial”.
Antofagasta dispondrá próximamente de tres centros autorizados para la disposición de residuos de la construcción y demolición (RCD), conocidos como Rescon, gracias a dos proyectos actualmente en desarrollo que se sumarán al ya existente en la comuna. El primero corresponde a una iniciativa privada del Consorcio Santa Marta S.A., empresa encargada del relleno sanitario Chaqueta Blanca. El nuevo recinto se proyecta en un terreno fiscal de 64,8 hectáreas, ubicado en la Ruta 26, colindante al norte del centro de tratamiento ya concesionado por 25 años a la compañía. Para iniciar sus operaciones, la iniciativa aún debe contar con autorización sanitaria. En paralelo, el municipio de Antofagasta impulsa la construcción de un Rescon propio. Según explicó el alcalde Sacha Razmilic, el objetivo es enfrentar la falta de espacios formales para disponer escombros, problema que ha generado impactos ambientales en la ciudad. Actualmente, la comuna cuenta con un solo recinto privado habilitado para este tipo de residuos. Cabe recordar que el primer Rescon de la capital regional fue inaugurado en marzo de 2024 por la empresa Transportes Plaza, con capacidad para recibir 300 toneladas diarias de escombros y una vida útil estimada de 40 años.
El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por la constructora Guzmán y Larraín SpA y confirmó la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que impuso una multa de 88 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de 72 millones de pesos, por exceder los límites de la norma de emisión de ruidos durante la construcción del Edificio Barlovento, en Antofagasta. La empresa había alegado irregularidades en los plazos y en la tramitación del procedimiento sancionatorio, así como en la evaluación de su recurso de reposición y del programa de cumplimiento que presentó. Sin embargo, el fallo determinó que los plazos administrativos no eran fatales, que la potestad sancionadora mantiene su validez mientras subsistan los hechos que la motivaron, y que la metodología de la SMA para medir la contaminación acústica y calcular el beneficio económico obtenido estaba debidamente respaldada. El tribunal también consideró que la compañía, con más de 39 años en el rubro, conocía las obligaciones legales, lo que incide en la determinación de su responsabilidad. Además, constató que la empresa introdujo en sede judicial argumentos que no había planteado previamente. La sanción se originó en tres denuncias de vecinos en 2021 por ruidos molestos, tras lo cual la SMA realizó mediciones que detectaron excedencias de 12 y 16 decibeles sobre lo permitido. El programa de cumplimiento presentado por la constructora fue rechazado por no cumplir criterios de idoneidad y verificabilidad, quedando firme la sanción que ahora fue ratificada judicialmente. Fuente: Timeline
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta reveló que la región enfrenta un déficit habitacional de 50.847 viviendas, según el Informe de Vivienda Pública 2024. El estudio, elaborado por la Unidad de Estudios y el Comité de Vivienda del gremio, analiza la situación de la vivienda de interés público y propone medidas para enfrentar la escasez de soluciones habitacionales. Del total, 37.123 viviendas corresponden a familias allegadas o que habitan en inmuebles irrecuperables, 12.824 a hogares en campamentos y 900 a personas en situación de calle. El informe destaca que la vivienda se ha vuelto cada vez más inaccesible. Según el índice Price Income Ratio (PIR), una familia promedio necesita destinar sus ingresos de 10,9 años para adquirir una vivienda en Antofagasta, una cifra cercana al promedio nacional (11,4 años). El presidente del Comité de Vivienda, Thomas Müller Esparza, advirtió que el mercado no está ofreciendo soluciones adecuadas para la mayoría de los hogares: “La región no ha sido capaz de generar opciones reales para el 90% de la población, considerando la realidad del mercado inmobiliario actual”. Brechas en subsidios y proyectos Entre 2014 y 2024, solo el 44% de los subsidios habitacionales otorgados en la región fueron efectivamente pagados. En el caso de los sectores vulnerables, el pago alcanzó un 60%, mientras que en los sectores medios y emergentes llegó apenas al 26%. Asimismo, de los 43 proyectos DS49 y DS19 ejecutados en la última década, solo dos se ubican en el centro de Antofagasta, concentrándose la mayoría en el sector norte alto, con escasa conectividad y acceso limitado a áreas verdes y servicios básicos. El Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno, que busca construir 17.400 viviendas a 2026, registra un 32,4% de avance, con 5.641 unidades terminadas, un 22% en ejecución y 31% sin iniciar obras. El gremio estima que, de mantenerse el ritmo actual, solo se completarán 14.862 viviendas, lejos de la meta proyectada. El informe identifica como nudos críticos la falta de coordinación interinstitucional, la burocracia en la tramitación de proyectos, el alto costo del suelo urbano y la prioridad otorgada a sectores mineros y energéticos por sobre el desarrollo habitacional. La CChC plantea medidas para enfrentar el déficit, entre ellas: Fomentar un crecimiento urbano equilibrado mediante la regeneración de áreas subutilizadas. Planificar a largo plazo la demanda habitacional y el uso del suelo, asegurando acceso a servicios y equipamiento público. Fortalecer los programas de integración social y arriendo, y promover la colaboración público-privada para incorporar a los sectores medios. Müller subrayó que “es necesario trabajar en conjunto para identificar zonas pericentrales aptas para nuevas viviendas y ofrecer soluciones que reduzcan el hacinamiento y la segregación territorial”.
Antofagasta dispondrá próximamente de tres centros autorizados para la disposición de residuos de la construcción y demolición (RCD), conocidos como Rescon, gracias a dos proyectos actualmente en desarrollo que se sumarán al ya existente en la comuna. El primero corresponde a una iniciativa privada del Consorcio Santa Marta S.A., empresa encargada del relleno sanitario Chaqueta Blanca. El nuevo recinto se proyecta en un terreno fiscal de 64,8 hectáreas, ubicado en la Ruta 26, colindante al norte del centro de tratamiento ya concesionado por 25 años a la compañía. Para iniciar sus operaciones, la iniciativa aún debe contar con autorización sanitaria. En paralelo, el municipio de Antofagasta impulsa la construcción de un Rescon propio. Según explicó el alcalde Sacha Razmilic, el objetivo es enfrentar la falta de espacios formales para disponer escombros, problema que ha generado impactos ambientales en la ciudad. Actualmente, la comuna cuenta con un solo recinto privado habilitado para este tipo de residuos. Cabe recordar que el primer Rescon de la capital regional fue inaugurado en marzo de 2024 por la empresa Transportes Plaza, con capacidad para recibir 300 toneladas diarias de escombros y una vida útil estimada de 40 años.
El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por la constructora Guzmán y Larraín SpA y confirmó la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que impuso una multa de 88 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de 72 millones de pesos, por exceder los límites de la norma de emisión de ruidos durante la construcción del Edificio Barlovento, en Antofagasta. La empresa había alegado irregularidades en los plazos y en la tramitación del procedimiento sancionatorio, así como en la evaluación de su recurso de reposición y del programa de cumplimiento que presentó. Sin embargo, el fallo determinó que los plazos administrativos no eran fatales, que la potestad sancionadora mantiene su validez mientras subsistan los hechos que la motivaron, y que la metodología de la SMA para medir la contaminación acústica y calcular el beneficio económico obtenido estaba debidamente respaldada. El tribunal también consideró que la compañía, con más de 39 años en el rubro, conocía las obligaciones legales, lo que incide en la determinación de su responsabilidad. Además, constató que la empresa introdujo en sede judicial argumentos que no había planteado previamente. La sanción se originó en tres denuncias de vecinos en 2021 por ruidos molestos, tras lo cual la SMA realizó mediciones que detectaron excedencias de 12 y 16 decibeles sobre lo permitido. El programa de cumplimiento presentado por la constructora fue rechazado por no cumplir criterios de idoneidad y verificabilidad, quedando firme la sanción que ahora fue ratificada judicialmente. Fuente: Timeline
