Antofagasta, una de las principales regiones mineras del país, figura entre los territorios que no transparentan el destino y ejecución de los recursos recibidos mediante el Royalty Minero, según la fiscalización 2026 del Consejo para la Transparencia (CPLT). El organismo revisó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa de los 16 Gobiernos Regionales y constató que 14 de ellos, incluido el GORE de Antofagasta, omiten la información correspondiente al Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD). Estos recursos, provenientes de la Ley de Royalty a la Minería, deben financiar iniciativas de desarrollo productivo, infraestructura regional, investigación científica y tecnología. La normativa obliga a publicar informes periódicos sobre el destino de los fondos, su ejecución presupuestaria y los proyectos beneficiados. Sin embargo, el análisis del CPLT estableció que únicamente los Gobiernos Regionales de La Araucanía y Magallanes cumplen con esta exigencia. El incumplimiento también alcanza a otras regiones vinculadas a la actividad minera, como Tarapacá, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. La situación resulta especialmente relevante para Antofagasta, considerando el aporte que realiza la minería regional a la economía nacional y la necesidad de que la ciudadanía conozca cómo estos ingresos retornan al territorio y se transforman en obras, programas e inversiones. La fiscalización fue presentada por la presidenta del CPLT, Natalia González, quien informó que los Gobiernos Regionales alcanzaron un promedio histórico de 92,27% de cumplimiento general, 16,2 puntos porcentuales más que en 2025. No obstante, el avance contrasta con las brechas detectadas en información financiera. Las modificaciones presupuestarias registraron solo un 56,8% de cumplimiento, mientras las contrataciones mediante órdenes de compra llegaron al 75%. Además, diez GOREs no publicaron antecedentes sobre transferencias superiores a 2.000 UTM entregadas a privados y nueve no informaron sus licitaciones y proyectos adjudicados. El CPLT advirtió que estos vacíos limitan el control ciudadano sobre el uso de recursos públicos y dificultan conocer si los fondos del royalty están respondiendo efectivamente a las necesidades de las regiones que sostienen gran parte de la actividad minera del país.
Antofagasta, una de las principales regiones mineras del país, figura entre los territorios que no transparentan el destino y ejecución de los recursos recibidos mediante el Royalty Minero, según la fiscalización 2026 del Consejo para la Transparencia (CPLT). El organismo revisó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa de los 16 Gobiernos Regionales y constató que 14 de ellos, incluido el GORE de Antofagasta, omiten la información correspondiente al Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD). Estos recursos, provenientes de la Ley de Royalty a la Minería, deben financiar iniciativas de desarrollo productivo, infraestructura regional, investigación científica y tecnología. La normativa obliga a publicar informes periódicos sobre el destino de los fondos, su ejecución presupuestaria y los proyectos beneficiados. Sin embargo, el análisis del CPLT estableció que únicamente los Gobiernos Regionales de La Araucanía y Magallanes cumplen con esta exigencia. El incumplimiento también alcanza a otras regiones vinculadas a la actividad minera, como Tarapacá, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. La situación resulta especialmente relevante para Antofagasta, considerando el aporte que realiza la minería regional a la economía nacional y la necesidad de que la ciudadanía conozca cómo estos ingresos retornan al territorio y se transforman en obras, programas e inversiones. La fiscalización fue presentada por la presidenta del CPLT, Natalia González, quien informó que los Gobiernos Regionales alcanzaron un promedio histórico de 92,27% de cumplimiento general, 16,2 puntos porcentuales más que en 2025. No obstante, el avance contrasta con las brechas detectadas en información financiera. Las modificaciones presupuestarias registraron solo un 56,8% de cumplimiento, mientras las contrataciones mediante órdenes de compra llegaron al 75%. Además, diez GOREs no publicaron antecedentes sobre transferencias superiores a 2.000 UTM entregadas a privados y nueve no informaron sus licitaciones y proyectos adjudicados. El CPLT advirtió que estos vacíos limitan el control ciudadano sobre el uso de recursos públicos y dificultan conocer si los fondos del royalty están respondiendo efectivamente a las necesidades de las regiones que sostienen gran parte de la actividad minera del país.
