El Informe de Vigilancia Nutricional del Ministerio de Salud (Minsal) reveló que en la Región de Antofagasta un 10,2% de los menores de seis años tiene obesidad y un 19,1% presenta sobrepeso. A ello se suma que, según la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportes 2024, solo el 26,4% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años cumple con las recomendaciones mínimas de actividad física diaria. Para enfrentar esta situación, el Minsal impulsa la Estrategia de Establecimientos Promotores de la Salud (EEPS), que busca fortalecer entornos escolares saludables. En Calama, la Escuela 21 de Mayo firmó su compromiso para cumplir con los requisitos y obtener la acreditación como Establecimiento Promotor de la Salud en 2025. El seremi de Salud, Alberto Godoy, indicó que el recinto deberá implementar medidas como pausas activas, mejoras en infraestructura deportiva, huertos escolares y talleres de alimentación saludable, cuyo cumplimiento será monitoreado mediante instrumentos de evaluación y seguimiento. Destacó que este es el primer establecimiento de Calama en unirse a la iniciativa e invitó a otros colegios a sumarse.
En Antofagasta, ocho personas —siete hombres y una mujer, todos chilenos— fueron detenidas por mantener deudas impagas en concepto de pensión de alimentos que en conjunto superan los 54 millones de pesos. Estas detenciones se efectuaron en cumplimiento de órdenes de arresto vigentes emitidas por los tribunales de familia. Las diligencias fueron coordinadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales en beneficio de los menores afectados. Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), los involucrados adeudaban un total de $54.478.676 y fueron puestos a disposición de Gendarmería de Chile para cumplir con las medidas judiciales. La subprefecta Pamela Urra, jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, señaló que estas acciones forman parte de la ejecución de órdenes de arresto dictadas por tribunales de familia, las cuales se llevan a cabo siguiendo protocolos policiales y en coordinación con las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales.
El Informe de Vigilancia Nutricional del Ministerio de Salud (Minsal) reveló que en la Región de Antofagasta un 10,2% de los menores de seis años tiene obesidad y un 19,1% presenta sobrepeso. A ello se suma que, según la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportes 2024, solo el 26,4% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años cumple con las recomendaciones mínimas de actividad física diaria. Para enfrentar esta situación, el Minsal impulsa la Estrategia de Establecimientos Promotores de la Salud (EEPS), que busca fortalecer entornos escolares saludables. En Calama, la Escuela 21 de Mayo firmó su compromiso para cumplir con los requisitos y obtener la acreditación como Establecimiento Promotor de la Salud en 2025. El seremi de Salud, Alberto Godoy, indicó que el recinto deberá implementar medidas como pausas activas, mejoras en infraestructura deportiva, huertos escolares y talleres de alimentación saludable, cuyo cumplimiento será monitoreado mediante instrumentos de evaluación y seguimiento. Destacó que este es el primer establecimiento de Calama en unirse a la iniciativa e invitó a otros colegios a sumarse.
En Antofagasta, ocho personas —siete hombres y una mujer, todos chilenos— fueron detenidas por mantener deudas impagas en concepto de pensión de alimentos que en conjunto superan los 54 millones de pesos. Estas detenciones se efectuaron en cumplimiento de órdenes de arresto vigentes emitidas por los tribunales de familia. Las diligencias fueron coordinadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales en beneficio de los menores afectados. Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), los involucrados adeudaban un total de $54.478.676 y fueron puestos a disposición de Gendarmería de Chile para cumplir con las medidas judiciales. La subprefecta Pamela Urra, jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, señaló que estas acciones forman parte de la ejecución de órdenes de arresto dictadas por tribunales de familia, las cuales se llevan a cabo siguiendo protocolos policiales y en coordinación con las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales.
