La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó la apertura de un sumario administrativo en la Municipalidad de Antofagasta, con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades asociadas a la campaña de la ex candidata a diputada Yantiel Calderón Valenzuela, quien se desempeña como directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). La decisión responde a una serie de denuncias que apuntan a eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa y al deber de prescindencia política. Entre los hechos expuestos, se acusa al alcalde Sacha Razmilic Burgos y a Calderón de difundir material institucional en sus redes sociales personales con fines de posicionamiento político. También se señala que autoridades, funcionarios municipales y trabajadores de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) habrían realizado actividades de apoyo a la campaña durante su jornada laboral. Las denuncias incluyen además la supuesta participación del alcalde en actividades de propaganda, como la entrega de volantes alusivos a la candidatura de Calderón en distintos puntos de la comuna, respaldada por fotografías incorporadas a los antecedentes. Otro cuestionamiento apunta a que, pese a encontrarse con permiso sin goce de remuneraciones, Calderón habría continuado impartiendo instrucciones al interior de la Dideco. La Municipalidad y la CMDS presentaron sus informes a Contraloría, afirmando que no se habría vulnerado el principio de probidad por parte de autoridades ni funcionarios. En su dictamen, Contraloría recordó que el artículo 8° de la Constitución y la Ley N° 18.575 establecen la obligación de observar una conducta funcionaria intachable y priorizar el interés general. Asimismo, reiteró que la Ley N° 18.883 prohíbe realizar actividades políticas dentro de la administración del Estado o emplear el cargo para fines ajenos a la función pública. El organismo también advirtió que no corresponde difundir información institucional por redes sociales privadas antes de su publicación oficial ni vincular cuentas personales de autoridades con plataformas institucionales. Tras analizar los antecedentes, el ente fiscalizador concluyó que el uso de redes institucionales, la posible utilización de recursos públicos y la participación de funcionarios en actividades relacionadas con una campaña electoral podrían constituir infracciones a los principios de apoliticidad, probidad y legalidad. Por ello, instruyó un sumario administrativo para determinar la veracidad de los hechos y establecer eventuales responsabilidades.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó la apertura de un sumario administrativo en la Municipalidad de Antofagasta, con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades asociadas a la campaña de la ex candidata a diputada Yantiel Calderón Valenzuela, quien se desempeña como directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). La decisión responde a una serie de denuncias que apuntan a eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa y al deber de prescindencia política. Entre los hechos expuestos, se acusa al alcalde Sacha Razmilic Burgos y a Calderón de difundir material institucional en sus redes sociales personales con fines de posicionamiento político. También se señala que autoridades, funcionarios municipales y trabajadores de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) habrían realizado actividades de apoyo a la campaña durante su jornada laboral. Las denuncias incluyen además la supuesta participación del alcalde en actividades de propaganda, como la entrega de volantes alusivos a la candidatura de Calderón en distintos puntos de la comuna, respaldada por fotografías incorporadas a los antecedentes. Otro cuestionamiento apunta a que, pese a encontrarse con permiso sin goce de remuneraciones, Calderón habría continuado impartiendo instrucciones al interior de la Dideco. La Municipalidad y la CMDS presentaron sus informes a Contraloría, afirmando que no se habría vulnerado el principio de probidad por parte de autoridades ni funcionarios. En su dictamen, Contraloría recordó que el artículo 8° de la Constitución y la Ley N° 18.575 establecen la obligación de observar una conducta funcionaria intachable y priorizar el interés general. Asimismo, reiteró que la Ley N° 18.883 prohíbe realizar actividades políticas dentro de la administración del Estado o emplear el cargo para fines ajenos a la función pública. El organismo también advirtió que no corresponde difundir información institucional por redes sociales privadas antes de su publicación oficial ni vincular cuentas personales de autoridades con plataformas institucionales. Tras analizar los antecedentes, el ente fiscalizador concluyó que el uso de redes institucionales, la posible utilización de recursos públicos y la participación de funcionarios en actividades relacionadas con una campaña electoral podrían constituir infracciones a los principios de apoliticidad, probidad y legalidad. Por ello, instruyó un sumario administrativo para determinar la veracidad de los hechos y establecer eventuales responsabilidades.
