La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó la apertura de un sumario administrativo en la Municipalidad de Antofagasta, con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades asociadas a la campaña de la ex candidata a diputada Yantiel Calderón Valenzuela, quien se desempeña como directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). La decisión responde a una serie de denuncias que apuntan a eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa y al deber de prescindencia política. Entre los hechos expuestos, se acusa al alcalde Sacha Razmilic Burgos y a Calderón de difundir material institucional en sus redes sociales personales con fines de posicionamiento político. También se señala que autoridades, funcionarios municipales y trabajadores de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) habrían realizado actividades de apoyo a la campaña durante su jornada laboral. Las denuncias incluyen además la supuesta participación del alcalde en actividades de propaganda, como la entrega de volantes alusivos a la candidatura de Calderón en distintos puntos de la comuna, respaldada por fotografías incorporadas a los antecedentes. Otro cuestionamiento apunta a que, pese a encontrarse con permiso sin goce de remuneraciones, Calderón habría continuado impartiendo instrucciones al interior de la Dideco. La Municipalidad y la CMDS presentaron sus informes a Contraloría, afirmando que no se habría vulnerado el principio de probidad por parte de autoridades ni funcionarios. En su dictamen, Contraloría recordó que el artículo 8° de la Constitución y la Ley N° 18.575 establecen la obligación de observar una conducta funcionaria intachable y priorizar el interés general. Asimismo, reiteró que la Ley N° 18.883 prohíbe realizar actividades políticas dentro de la administración del Estado o emplear el cargo para fines ajenos a la función pública. El organismo también advirtió que no corresponde difundir información institucional por redes sociales privadas antes de su publicación oficial ni vincular cuentas personales de autoridades con plataformas institucionales. Tras analizar los antecedentes, el ente fiscalizador concluyó que el uso de redes institucionales, la posible utilización de recursos públicos y la participación de funcionarios en actividades relacionadas con una campaña electoral podrían constituir infracciones a los principios de apoliticidad, probidad y legalidad. Por ello, instruyó un sumario administrativo para determinar la veracidad de los hechos y establecer eventuales responsabilidades.
La candidata a diputada por la Región de Antofagasta, Yantiel Calderón (Evópoli), presentó este lunes una denuncia formal ante la Policía de Investigaciones (PDI) tras la filtración de mensajes privados de WhatsApp, los cuales habrían sido entregados al comando de la candidata Daniela Castro (Renovación Nacional). La directora de Dideco calificó el hecho como “grave e inaceptable”, señalando que se trata de un caso de espionaje político que atenta contra la privacidad y la ética en el ejercicio democrático. “No se puede normalizar que conversaciones personales sean obtenidas y utilizadas con fines políticos. Esto no solo me afecta a mí, sino que daña la confianza de la ciudadanía hacia la forma de hacer política”, afirmó la candidata. Según indicaron desde el equipo jurídico de Calderón, la denuncia busca esclarecer la forma en que se accedió a los mensajes y determinar posibles responsabilidades penales. Además, anunciaron que se evaluarán realizar futuras acciones de forma paralela en la vía judicial. Por último, la candidata señaló que “los vecinos merecen una campaña basada en ideas, no en prácticas oscuras de la vieja política”. El caso tuvo su origen en una denuncia interpuesta por Daniela Castro ante la Contraloría General de la República por presuntos actos contra la probidad administrativa en la Municipalidad de Antofagasta. Según indicó, Calderón habría continuado entregando indicaciones sobre temas administrativos de Dideco y CMDS pese a estar con permiso sin goce de sueldo, además de contar con la participación de funcionarios municipales en actividades político-electorales. En ese contexto, Castro exhibió capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp en las que se abordaban temas relacionados con la campaña de Calderón. Estas filtraciones generaron un quiebre entre Renovación Nacional y Evópoli a nivel local, luego de conocerse un comentario del alcalde Sacha Razmilic en el grupo “Yantiel 2025”, en el que trataba de “rata” a la senadora Paulina Núñez (RN).
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó la apertura de un sumario administrativo en la Municipalidad de Antofagasta, con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades asociadas a la campaña de la ex candidata a diputada Yantiel Calderón Valenzuela, quien se desempeña como directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). La decisión responde a una serie de denuncias que apuntan a eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa y al deber de prescindencia política. Entre los hechos expuestos, se acusa al alcalde Sacha Razmilic Burgos y a Calderón de difundir material institucional en sus redes sociales personales con fines de posicionamiento político. También se señala que autoridades, funcionarios municipales y trabajadores de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) habrían realizado actividades de apoyo a la campaña durante su jornada laboral. Las denuncias incluyen además la supuesta participación del alcalde en actividades de propaganda, como la entrega de volantes alusivos a la candidatura de Calderón en distintos puntos de la comuna, respaldada por fotografías incorporadas a los antecedentes. Otro cuestionamiento apunta a que, pese a encontrarse con permiso sin goce de remuneraciones, Calderón habría continuado impartiendo instrucciones al interior de la Dideco. La Municipalidad y la CMDS presentaron sus informes a Contraloría, afirmando que no se habría vulnerado el principio de probidad por parte de autoridades ni funcionarios. En su dictamen, Contraloría recordó que el artículo 8° de la Constitución y la Ley N° 18.575 establecen la obligación de observar una conducta funcionaria intachable y priorizar el interés general. Asimismo, reiteró que la Ley N° 18.883 prohíbe realizar actividades políticas dentro de la administración del Estado o emplear el cargo para fines ajenos a la función pública. El organismo también advirtió que no corresponde difundir información institucional por redes sociales privadas antes de su publicación oficial ni vincular cuentas personales de autoridades con plataformas institucionales. Tras analizar los antecedentes, el ente fiscalizador concluyó que el uso de redes institucionales, la posible utilización de recursos públicos y la participación de funcionarios en actividades relacionadas con una campaña electoral podrían constituir infracciones a los principios de apoliticidad, probidad y legalidad. Por ello, instruyó un sumario administrativo para determinar la veracidad de los hechos y establecer eventuales responsabilidades.
La candidata a diputada por la Región de Antofagasta, Yantiel Calderón (Evópoli), presentó este lunes una denuncia formal ante la Policía de Investigaciones (PDI) tras la filtración de mensajes privados de WhatsApp, los cuales habrían sido entregados al comando de la candidata Daniela Castro (Renovación Nacional). La directora de Dideco calificó el hecho como “grave e inaceptable”, señalando que se trata de un caso de espionaje político que atenta contra la privacidad y la ética en el ejercicio democrático. “No se puede normalizar que conversaciones personales sean obtenidas y utilizadas con fines políticos. Esto no solo me afecta a mí, sino que daña la confianza de la ciudadanía hacia la forma de hacer política”, afirmó la candidata. Según indicaron desde el equipo jurídico de Calderón, la denuncia busca esclarecer la forma en que se accedió a los mensajes y determinar posibles responsabilidades penales. Además, anunciaron que se evaluarán realizar futuras acciones de forma paralela en la vía judicial. Por último, la candidata señaló que “los vecinos merecen una campaña basada en ideas, no en prácticas oscuras de la vieja política”. El caso tuvo su origen en una denuncia interpuesta por Daniela Castro ante la Contraloría General de la República por presuntos actos contra la probidad administrativa en la Municipalidad de Antofagasta. Según indicó, Calderón habría continuado entregando indicaciones sobre temas administrativos de Dideco y CMDS pese a estar con permiso sin goce de sueldo, además de contar con la participación de funcionarios municipales en actividades político-electorales. En ese contexto, Castro exhibió capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp en las que se abordaban temas relacionados con la campaña de Calderón. Estas filtraciones generaron un quiebre entre Renovación Nacional y Evópoli a nivel local, luego de conocerse un comentario del alcalde Sacha Razmilic en el grupo “Yantiel 2025”, en el que trataba de “rata” a la senadora Paulina Núñez (RN).
