La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta reveló que la región enfrenta un déficit habitacional de 50.847 viviendas, según el Informe de Vivienda Pública 2024. El estudio, elaborado por la Unidad de Estudios y el Comité de Vivienda del gremio, analiza la situación de la vivienda de interés público y propone medidas para enfrentar la escasez de soluciones habitacionales. Del total, 37.123 viviendas corresponden a familias allegadas o que habitan en inmuebles irrecuperables, 12.824 a hogares en campamentos y 900 a personas en situación de calle. El informe destaca que la vivienda se ha vuelto cada vez más inaccesible. Según el índice Price Income Ratio (PIR), una familia promedio necesita destinar sus ingresos de 10,9 años para adquirir una vivienda en Antofagasta, una cifra cercana al promedio nacional (11,4 años). El presidente del Comité de Vivienda, Thomas Müller Esparza, advirtió que el mercado no está ofreciendo soluciones adecuadas para la mayoría de los hogares: “La región no ha sido capaz de generar opciones reales para el 90% de la población, considerando la realidad del mercado inmobiliario actual”. Brechas en subsidios y proyectos Entre 2014 y 2024, solo el 44% de los subsidios habitacionales otorgados en la región fueron efectivamente pagados. En el caso de los sectores vulnerables, el pago alcanzó un 60%, mientras que en los sectores medios y emergentes llegó apenas al 26%. Asimismo, de los 43 proyectos DS49 y DS19 ejecutados en la última década, solo dos se ubican en el centro de Antofagasta, concentrándose la mayoría en el sector norte alto, con escasa conectividad y acceso limitado a áreas verdes y servicios básicos. El Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno, que busca construir 17.400 viviendas a 2026, registra un 32,4% de avance, con 5.641 unidades terminadas, un 22% en ejecución y 31% sin iniciar obras. El gremio estima que, de mantenerse el ritmo actual, solo se completarán 14.862 viviendas, lejos de la meta proyectada. El informe identifica como nudos críticos la falta de coordinación interinstitucional, la burocracia en la tramitación de proyectos, el alto costo del suelo urbano y la prioridad otorgada a sectores mineros y energéticos por sobre el desarrollo habitacional. La CChC plantea medidas para enfrentar el déficit, entre ellas: Fomentar un crecimiento urbano equilibrado mediante la regeneración de áreas subutilizadas. Planificar a largo plazo la demanda habitacional y el uso del suelo, asegurando acceso a servicios y equipamiento público. Fortalecer los programas de integración social y arriendo, y promover la colaboración público-privada para incorporar a los sectores medios. Müller subrayó que “es necesario trabajar en conjunto para identificar zonas pericentrales aptas para nuevas viviendas y ofrecer soluciones que reduzcan el hacinamiento y la segregación territorial”.
Una investigación especial de la Contraloría Regional de Antofagasta detectó una serie de irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y el Gobierno Regional (GORE), en el marco del convenio “Más viviendas y mejores barrios para la región de Antofagasta”, vigente entre 2015 y 2023. El informe del organismo fiscalizador concluyó que el Serviu presentó con hasta 269 días de retraso la rendición de $5.866 millones entregados por el GORE. Además, se observaron problemas en la administración de una cuenta corriente que mezclaba fondos del Ministerio de Vivienda con los del Gobierno Regional, lo que dificultó el análisis del uso de los recursos. La Contraloría también detectó una falta de control en la asignación de fondos a proyectos específicos, lo que obligará al Serviu a reintegrar $156 millones. El análisis incluyó 31 contratos financiados con este convenio y reveló diferencias significativas entre lo acordado y lo efectivamente rendido, como en el caso del proyecto “Las Rocas”, donde se reportaron gastos superiores a los estipulados. Respecto al saldo pendiente de rendición, el Serviu finalmente regularizó la devolución mediante una modificación presupuestaria aprobada el 17 de julio de 2024, lo que permitió transferir los fondos a la Tesorería General de la República. No obstante, la Contraloría advirtió la falta de celeridad del GORE en exigir la restitución, ya que transcurrieron más de dos años desde la primera solicitud formal hasta el reintegro efectivo. A raíz de estos antecedentes, el organismo instruyó sumarios administrativos tanto en el Serviu como en el GORE para determinar eventuales responsabilidades. El informe también señala que el Serviu no aportó información suficiente durante la fiscalización para justificar el origen y uso de los fondos, lo que impidió una revisión contable clara del saldo bancario disponible. Desde el Gobierno Regional destacaron la recuperación total de los recursos no utilizados y aseguraron que, en el marco del nuevo convenio “Más Vivienda, Mejor Región 2023-2028”, se han implementado mecanismos más estrictos de supervisión y control para evitar situaciones similares. Fuente: Timeline
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta reveló que la región enfrenta un déficit habitacional de 50.847 viviendas, según el Informe de Vivienda Pública 2024. El estudio, elaborado por la Unidad de Estudios y el Comité de Vivienda del gremio, analiza la situación de la vivienda de interés público y propone medidas para enfrentar la escasez de soluciones habitacionales. Del total, 37.123 viviendas corresponden a familias allegadas o que habitan en inmuebles irrecuperables, 12.824 a hogares en campamentos y 900 a personas en situación de calle. El informe destaca que la vivienda se ha vuelto cada vez más inaccesible. Según el índice Price Income Ratio (PIR), una familia promedio necesita destinar sus ingresos de 10,9 años para adquirir una vivienda en Antofagasta, una cifra cercana al promedio nacional (11,4 años). El presidente del Comité de Vivienda, Thomas Müller Esparza, advirtió que el mercado no está ofreciendo soluciones adecuadas para la mayoría de los hogares: “La región no ha sido capaz de generar opciones reales para el 90% de la población, considerando la realidad del mercado inmobiliario actual”. Brechas en subsidios y proyectos Entre 2014 y 2024, solo el 44% de los subsidios habitacionales otorgados en la región fueron efectivamente pagados. En el caso de los sectores vulnerables, el pago alcanzó un 60%, mientras que en los sectores medios y emergentes llegó apenas al 26%. Asimismo, de los 43 proyectos DS49 y DS19 ejecutados en la última década, solo dos se ubican en el centro de Antofagasta, concentrándose la mayoría en el sector norte alto, con escasa conectividad y acceso limitado a áreas verdes y servicios básicos. El Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno, que busca construir 17.400 viviendas a 2026, registra un 32,4% de avance, con 5.641 unidades terminadas, un 22% en ejecución y 31% sin iniciar obras. El gremio estima que, de mantenerse el ritmo actual, solo se completarán 14.862 viviendas, lejos de la meta proyectada. El informe identifica como nudos críticos la falta de coordinación interinstitucional, la burocracia en la tramitación de proyectos, el alto costo del suelo urbano y la prioridad otorgada a sectores mineros y energéticos por sobre el desarrollo habitacional. La CChC plantea medidas para enfrentar el déficit, entre ellas: Fomentar un crecimiento urbano equilibrado mediante la regeneración de áreas subutilizadas. Planificar a largo plazo la demanda habitacional y el uso del suelo, asegurando acceso a servicios y equipamiento público. Fortalecer los programas de integración social y arriendo, y promover la colaboración público-privada para incorporar a los sectores medios. Müller subrayó que “es necesario trabajar en conjunto para identificar zonas pericentrales aptas para nuevas viviendas y ofrecer soluciones que reduzcan el hacinamiento y la segregación territorial”.
Una investigación especial de la Contraloría Regional de Antofagasta detectó una serie de irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y el Gobierno Regional (GORE), en el marco del convenio “Más viviendas y mejores barrios para la región de Antofagasta”, vigente entre 2015 y 2023. El informe del organismo fiscalizador concluyó que el Serviu presentó con hasta 269 días de retraso la rendición de $5.866 millones entregados por el GORE. Además, se observaron problemas en la administración de una cuenta corriente que mezclaba fondos del Ministerio de Vivienda con los del Gobierno Regional, lo que dificultó el análisis del uso de los recursos. La Contraloría también detectó una falta de control en la asignación de fondos a proyectos específicos, lo que obligará al Serviu a reintegrar $156 millones. El análisis incluyó 31 contratos financiados con este convenio y reveló diferencias significativas entre lo acordado y lo efectivamente rendido, como en el caso del proyecto “Las Rocas”, donde se reportaron gastos superiores a los estipulados. Respecto al saldo pendiente de rendición, el Serviu finalmente regularizó la devolución mediante una modificación presupuestaria aprobada el 17 de julio de 2024, lo que permitió transferir los fondos a la Tesorería General de la República. No obstante, la Contraloría advirtió la falta de celeridad del GORE en exigir la restitución, ya que transcurrieron más de dos años desde la primera solicitud formal hasta el reintegro efectivo. A raíz de estos antecedentes, el organismo instruyó sumarios administrativos tanto en el Serviu como en el GORE para determinar eventuales responsabilidades. El informe también señala que el Serviu no aportó información suficiente durante la fiscalización para justificar el origen y uso de los fondos, lo que impidió una revisión contable clara del saldo bancario disponible. Desde el Gobierno Regional destacaron la recuperación total de los recursos no utilizados y aseguraron que, en el marco del nuevo convenio “Más Vivienda, Mejor Región 2023-2028”, se han implementado mecanismos más estrictos de supervisión y control para evitar situaciones similares. Fuente: Timeline
