Un estudio reciente evidenció que los dueños de terrenos ocupados por campamentos en Chile continúan pagando contribuciones, alcanzando un total anual estimado de $1.544 millones, pese a que muchas de estas propiedades se encuentran tomadas parcial o totalmente. La situación se da en un escenario de alzas en los avalúos fiscales que afectan directamente a miles de familias propietarias. De acuerdo con el catastro 2024 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y cifras de GPS Property, en el país existen 1.428 campamentos que albergan a más de 120 mil familias. Las regiones con mayor concentración son Valparaíso, la Metropolitana, Tarapacá y Antofagasta. En el norte grande, Tarapacá registra 9.370 hogares en campamentos y Antofagasta 9.361, equivalentes a cerca del 11,5% del total nacional en cada caso. En Atacama, la cifra llega a 5.597 familias asentadas en 337,8 hectáreas. A nivel territorial, los campamentos ocupan 6.480 hectáreas en Chile. Valparaíso lidera con 2.113,8 hectáreas (32,6%) y 21.857 hogares (26,9%), seguida por la Región Metropolitana con 652,9 hectáreas (10,1%) y 13.464 hogares (16,5%). En tanto, Tarapacá y Antofagasta abarcan 423,3 y 424,6 hectáreas respectivamente, reflejando la persistencia del fenómeno en zonas mineras y de alta migración. Fuente: SoyAntof
La región de Antofagasta enfrenta una grave crisis habitacional, con más de 15.800 familias residiendo en asentamientos informales, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024–2025 de TECHO–Chile. La cifra representa un aumento superior al 700% respecto de 2013, consolidándose en comunas como Antofagasta, Calama, Taltal y Tocopilla, que actualmente registran 154 campamentos activos, algunos con más de 500 hogares. El estudio “Vivir en el margen: campamentos y desigualdad en Antofagasta (2024–2025)”, elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, advierte sobre la precariedad urbana que enfrentan estas comunidades. Solo un 7,8% de los hogares cuenta con alcantarillado, más del 63% obtiene agua por medios informales y un 77% utiliza conexiones eléctricas irregulares, con riesgo de cortes e incendios. La situación impacta directamente en los indicadores sociales: la tasa de pobreza regional es de 10,6%, pero aumenta a 12,2% al considerar a las familias en campamentos. Dentro de estos asentamientos, la pobreza por ingresos alcanza el 43%, con más de la mitad de la población en condiciones de informalidad laboral. Aunque se observan leves avances en educación —el 22,8% de los mayores de 18 años ha completado la enseñanza formal—, la respuesta institucional sigue siendo limitada. El Plan de Emergencia Habitacional (2022–2025) ha beneficiado solo al 3% de las familias, con tres proyectos finalizados y siete en ejecución, que suman 473 soluciones habitacionales. Los investigadores advierten que el 71,8% de los campamentos se encuentra en suelos no edificables, lo que dificulta su radicación definitiva. Además, señalan que el problema no es coyuntural, sino estructural, derivado del encarecimiento del suelo, la falta de acceso a subsidios y el aumento de la migración. El informe propone una planificación urbana preventiva y participativa, que identifique suelo urbanizable, regularice servicios básicos, diseñe planes de radicación con apoyo local e incluya activamente a la población migrante en los programas de vivienda. Fuente: SoyAntof
El diputado Sebastián Videla, junto a vecinos de los sectores Coviefi y Jardines del Sur, exigió la ejecución inmediata de una orden de desalojo en un terreno tomado ilegalmente en calle Llullaillaco, en el sector sur de Antofagasta. La solicitud se da en medio de la creciente preocupación por nuevas ocupaciones irregulares en la zona. Según indicó el parlamentario, ya se había advertido semanas atrás sobre un intento de toma en Coviefi que fue frustrado. Ahora, la situación se repite en Llullaillaco, donde incluso se ha detectado un presunto loteo del terreno. Videla afirmó haber conversado con la delegada presidencial, Karen Behrens, para coordinar una acción concreta en el lugar. Por su parte, Rodrigo Trujillo, presidente de la Junta de Vecinos Vientos del Sur, instó a las autoridades a actuar antes del viernes en la noche. De lo contrario, anunció que los propios vecinos se organizarán para desalojar el área el sábado a las 10 de la mañana, advirtiendo que no permitirán nuevas ocupaciones ilegales en el sector. Con información de: Timeline
En el sector Ampliación Puerto Seco de Calama, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales de Antofagasta, junto a funcionarios de la Delegación Provincial El Loa, la Dirección de Vialidad y Carabineros de Chile, dio inicio a un procedimiento de desalojo en un terreno fiscal que era utilizado sin autorización para actividades industriales. El sitio, de aproximadamente 6.617 metros cuadrados y ubicado en la Manzana 1, Sitio AV2, carece de permisos vigentes de arrendamiento, concesión o regularización por parte de los ocupantes. Según lo informado, el lugar cuenta con un cierre perimetral de madera y calaminas, un portón metálico, y en su interior se encontraron maquinarias, contenedores y bloques de hormigón apilados. Se estima que el proceso de desalojo se extenderá por cerca de una semana debido a las condiciones del terreno. El delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, explicó que esta acción responde a un trabajo coordinado para recuperar el inmueble, el cual será destinado al proyecto Ruta 21-25CH. Este contempla la mejora de la conectividad vial y la creación de un espacio de esparcimiento en la zona. “Esperamos con toda la gestión que ha hecho el MOP poder iniciar la obra en 2025, y para eso la restitución de este inmueble fiscal era un paso importante”, señaló. La seremi de Bienes Nacionales, Pía Silva, enfatizó la importancia de recuperar el terreno para uso público: “Estamos hablando de un área verde de aproximadamente 6.000 m², que nos va a permitir restituir administrativamente el fisco y entregarlo a Vialidad para su incorporación al proyecto de conservación y mejoramiento del sector”. En tanto, el jefe provincial de Vialidad, Alejandro Rojas, indicó que el desalojo permitirá avanzar con el proyecto Ruta 21-25CH, el cual incluye trabajos en la circunvalación desde la cachimba hasta la línea del tren, y hasta el kilómetro 3 de la ruta Calama-Chiu Chiu. “Gracias al apoyo de la Delegación y de Bienes Nacionales, podemos despejar una toma que impedía la construcción de un área verde proyectada”, concluyó. Fuente: SoyAntof
Un estudio reciente evidenció que los dueños de terrenos ocupados por campamentos en Chile continúan pagando contribuciones, alcanzando un total anual estimado de $1.544 millones, pese a que muchas de estas propiedades se encuentran tomadas parcial o totalmente. La situación se da en un escenario de alzas en los avalúos fiscales que afectan directamente a miles de familias propietarias. De acuerdo con el catastro 2024 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y cifras de GPS Property, en el país existen 1.428 campamentos que albergan a más de 120 mil familias. Las regiones con mayor concentración son Valparaíso, la Metropolitana, Tarapacá y Antofagasta. En el norte grande, Tarapacá registra 9.370 hogares en campamentos y Antofagasta 9.361, equivalentes a cerca del 11,5% del total nacional en cada caso. En Atacama, la cifra llega a 5.597 familias asentadas en 337,8 hectáreas. A nivel territorial, los campamentos ocupan 6.480 hectáreas en Chile. Valparaíso lidera con 2.113,8 hectáreas (32,6%) y 21.857 hogares (26,9%), seguida por la Región Metropolitana con 652,9 hectáreas (10,1%) y 13.464 hogares (16,5%). En tanto, Tarapacá y Antofagasta abarcan 423,3 y 424,6 hectáreas respectivamente, reflejando la persistencia del fenómeno en zonas mineras y de alta migración. Fuente: SoyAntof
La región de Antofagasta enfrenta una grave crisis habitacional, con más de 15.800 familias residiendo en asentamientos informales, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024–2025 de TECHO–Chile. La cifra representa un aumento superior al 700% respecto de 2013, consolidándose en comunas como Antofagasta, Calama, Taltal y Tocopilla, que actualmente registran 154 campamentos activos, algunos con más de 500 hogares. El estudio “Vivir en el margen: campamentos y desigualdad en Antofagasta (2024–2025)”, elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, advierte sobre la precariedad urbana que enfrentan estas comunidades. Solo un 7,8% de los hogares cuenta con alcantarillado, más del 63% obtiene agua por medios informales y un 77% utiliza conexiones eléctricas irregulares, con riesgo de cortes e incendios. La situación impacta directamente en los indicadores sociales: la tasa de pobreza regional es de 10,6%, pero aumenta a 12,2% al considerar a las familias en campamentos. Dentro de estos asentamientos, la pobreza por ingresos alcanza el 43%, con más de la mitad de la población en condiciones de informalidad laboral. Aunque se observan leves avances en educación —el 22,8% de los mayores de 18 años ha completado la enseñanza formal—, la respuesta institucional sigue siendo limitada. El Plan de Emergencia Habitacional (2022–2025) ha beneficiado solo al 3% de las familias, con tres proyectos finalizados y siete en ejecución, que suman 473 soluciones habitacionales. Los investigadores advierten que el 71,8% de los campamentos se encuentra en suelos no edificables, lo que dificulta su radicación definitiva. Además, señalan que el problema no es coyuntural, sino estructural, derivado del encarecimiento del suelo, la falta de acceso a subsidios y el aumento de la migración. El informe propone una planificación urbana preventiva y participativa, que identifique suelo urbanizable, regularice servicios básicos, diseñe planes de radicación con apoyo local e incluya activamente a la población migrante en los programas de vivienda. Fuente: SoyAntof
El diputado Sebastián Videla, junto a vecinos de los sectores Coviefi y Jardines del Sur, exigió la ejecución inmediata de una orden de desalojo en un terreno tomado ilegalmente en calle Llullaillaco, en el sector sur de Antofagasta. La solicitud se da en medio de la creciente preocupación por nuevas ocupaciones irregulares en la zona. Según indicó el parlamentario, ya se había advertido semanas atrás sobre un intento de toma en Coviefi que fue frustrado. Ahora, la situación se repite en Llullaillaco, donde incluso se ha detectado un presunto loteo del terreno. Videla afirmó haber conversado con la delegada presidencial, Karen Behrens, para coordinar una acción concreta en el lugar. Por su parte, Rodrigo Trujillo, presidente de la Junta de Vecinos Vientos del Sur, instó a las autoridades a actuar antes del viernes en la noche. De lo contrario, anunció que los propios vecinos se organizarán para desalojar el área el sábado a las 10 de la mañana, advirtiendo que no permitirán nuevas ocupaciones ilegales en el sector. Con información de: Timeline
En el sector Ampliación Puerto Seco de Calama, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales de Antofagasta, junto a funcionarios de la Delegación Provincial El Loa, la Dirección de Vialidad y Carabineros de Chile, dio inicio a un procedimiento de desalojo en un terreno fiscal que era utilizado sin autorización para actividades industriales. El sitio, de aproximadamente 6.617 metros cuadrados y ubicado en la Manzana 1, Sitio AV2, carece de permisos vigentes de arrendamiento, concesión o regularización por parte de los ocupantes. Según lo informado, el lugar cuenta con un cierre perimetral de madera y calaminas, un portón metálico, y en su interior se encontraron maquinarias, contenedores y bloques de hormigón apilados. Se estima que el proceso de desalojo se extenderá por cerca de una semana debido a las condiciones del terreno. El delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, explicó que esta acción responde a un trabajo coordinado para recuperar el inmueble, el cual será destinado al proyecto Ruta 21-25CH. Este contempla la mejora de la conectividad vial y la creación de un espacio de esparcimiento en la zona. “Esperamos con toda la gestión que ha hecho el MOP poder iniciar la obra en 2025, y para eso la restitución de este inmueble fiscal era un paso importante”, señaló. La seremi de Bienes Nacionales, Pía Silva, enfatizó la importancia de recuperar el terreno para uso público: “Estamos hablando de un área verde de aproximadamente 6.000 m², que nos va a permitir restituir administrativamente el fisco y entregarlo a Vialidad para su incorporación al proyecto de conservación y mejoramiento del sector”. En tanto, el jefe provincial de Vialidad, Alejandro Rojas, indicó que el desalojo permitirá avanzar con el proyecto Ruta 21-25CH, el cual incluye trabajos en la circunvalación desde la cachimba hasta la línea del tren, y hasta el kilómetro 3 de la ruta Calama-Chiu Chiu. “Gracias al apoyo de la Delegación y de Bienes Nacionales, podemos despejar una toma que impedía la construcción de un área verde proyectada”, concluyó. Fuente: SoyAntof
