En medio de los reparos surgidos dentro del propio oficialismo, ha comenzado a circular un nuevo borrador de la reforma constitucional vinculada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una de las principales apuestas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad. La filtración ocurre luego de que la UDI advirtiera que no respaldaría la iniciativa en sus actuales términos. Su presidente, Guillermo Ramírez, sostuvo que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. El nuevo texto profundiza el componente constitucional de ACOT y contempla modificaciones que van bastante más allá de consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado. Entre ellas aparece la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser decretado frente a una “grave alteración de la seguridad pública originada en la acción de organizaciones criminales”. Esta medida tendría una vigencia inicial de hasta 30 días y, para sucesivas prórrogas, requeriría acuerdo del Congreso. Durante este estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrían prestar colaboración a Carabineros y la PDI. El proyecto también modifica el artículo 101 de la Constitución para establecer una base más amplia para esa cooperación, aunque mantiene a las instituciones policiales como responsables principales de la seguridad pública. Otro de los aspectos mencionados es el régimen previsto para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. La propuesta permite establecer cárceles con restricciones especiales de comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios. Además, plantea que estas personas queden inhabilitadas durante su condena y por 15 años después de cumplirla para acceder a determinadas prestaciones estatales asociadas a salud, educación, trabajo y seguridad social. Respecto de quienes ya reciban esos beneficios, el borrador establece que “las perderán de pleno derecho”. Este punto ha estado entre los principales factores de división dentro del oficialismo. El documento también permitiría crear registros de organizaciones criminales y facultaría al Presidente para declarar a una asociación como organización criminal transnacional, decisión sometida posteriormente al Senado. A ello se agregan herramientas cautelares: durante el nuevo estado de excepción, Fiscalía podría solicitar antes de una formalización una prohibición de salida del país de hasta 60 días y medidas para inmovilizar bienes o fondos presuntamente relacionados con estructuras criminales. La reforma forma parte de una ACOT más amplia, presentada originalmente bajo cuatro ejes —Perseguir, Capturar, Juzgar y Condenar— y compuesta por una treintena de iniciativas legislativas. Por ello, medidas anunciadas anteriormente, como ampliar el período de flagrancia o intervenir barrios críticos, no necesariamente deben aparecer en este proyecto constitucional y podrían avanzar mediante otras iniciativas legales. Cabe precisar que el documento corresponde a un borrador de trabajo de la reforma constitucional asociada a la ACOT y, por lo tanto, su contenido aún podría sufrir modificaciones antes de ser ingresado formalmente al Congreso. Fuente: ADN Radio Nacional
En el transcurso de la jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a las acusaciones planteadas por el subcomisario de la Policía de Investigaciones, Rodrigo Silva. Este último denunció una presunta red de corrupción al interior de la institución y señaló a la Fiscalía Oriente. La revelación tuvo lugar después de que el funcionario se mantuviera oculto en un edificio de Las Condes, expresando su temor por su vida. Luego del incidente, Silva fue llevado al Hospital de Carabineros, donde actualmente está bajo observación con lesiones leves tras autoinfligirse heridas. Al abordar el tema, Arrau subrayó la importancia de investigar a fondo las acusaciones. “Son situaciones graves y, por supuesto, hay que investigarlas con todo el rigor”, declaró el ministro. El ministro enfatizó que tanto el Gobierno como la policía tienen la responsabilidad de dar seguimiento a denuncias como estas, especialmente cuando implican posibles amenazas o actos de corrupción. En palabras recogidas por 24 Horas, afirmó: “El compromiso de la institución es hacerlo. Lo tomamos con la máxima seriedad”. A pesar de ello, Arrau recalcó que “todas las denuncias de este tipo, sobre todo de actos de amenazas o corrupción potenciales, porque todavía no hay nada demostrado ni comprobado, las seguimos”. Por último, el ministro insistió en que cualquier indicio de irregularidad dentro de las fuerzas policiales debe ser investigado a fondo y no pasarse por alto. “La potencial corrupción y los actos que puedan denunciarse dentro de las instituciones no hay que dejarlos pasar, hay que estudiarlos, analizarlos”, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de los reparos surgidos dentro del propio oficialismo, ha comenzado a circular un nuevo borrador de la reforma constitucional vinculada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una de las principales apuestas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad. La filtración ocurre luego de que la UDI advirtiera que no respaldaría la iniciativa en sus actuales términos. Su presidente, Guillermo Ramírez, sostuvo que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. El nuevo texto profundiza el componente constitucional de ACOT y contempla modificaciones que van bastante más allá de consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado. Entre ellas aparece la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser decretado frente a una “grave alteración de la seguridad pública originada en la acción de organizaciones criminales”. Esta medida tendría una vigencia inicial de hasta 30 días y, para sucesivas prórrogas, requeriría acuerdo del Congreso. Durante este estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrían prestar colaboración a Carabineros y la PDI. El proyecto también modifica el artículo 101 de la Constitución para establecer una base más amplia para esa cooperación, aunque mantiene a las instituciones policiales como responsables principales de la seguridad pública. Otro de los aspectos mencionados es el régimen previsto para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. La propuesta permite establecer cárceles con restricciones especiales de comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios. Además, plantea que estas personas queden inhabilitadas durante su condena y por 15 años después de cumplirla para acceder a determinadas prestaciones estatales asociadas a salud, educación, trabajo y seguridad social. Respecto de quienes ya reciban esos beneficios, el borrador establece que “las perderán de pleno derecho”. Este punto ha estado entre los principales factores de división dentro del oficialismo. El documento también permitiría crear registros de organizaciones criminales y facultaría al Presidente para declarar a una asociación como organización criminal transnacional, decisión sometida posteriormente al Senado. A ello se agregan herramientas cautelares: durante el nuevo estado de excepción, Fiscalía podría solicitar antes de una formalización una prohibición de salida del país de hasta 60 días y medidas para inmovilizar bienes o fondos presuntamente relacionados con estructuras criminales. La reforma forma parte de una ACOT más amplia, presentada originalmente bajo cuatro ejes —Perseguir, Capturar, Juzgar y Condenar— y compuesta por una treintena de iniciativas legislativas. Por ello, medidas anunciadas anteriormente, como ampliar el período de flagrancia o intervenir barrios críticos, no necesariamente deben aparecer en este proyecto constitucional y podrían avanzar mediante otras iniciativas legales. Cabe precisar que el documento corresponde a un borrador de trabajo de la reforma constitucional asociada a la ACOT y, por lo tanto, su contenido aún podría sufrir modificaciones antes de ser ingresado formalmente al Congreso. Fuente: ADN Radio Nacional
En el transcurso de la jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a las acusaciones planteadas por el subcomisario de la Policía de Investigaciones, Rodrigo Silva. Este último denunció una presunta red de corrupción al interior de la institución y señaló a la Fiscalía Oriente. La revelación tuvo lugar después de que el funcionario se mantuviera oculto en un edificio de Las Condes, expresando su temor por su vida. Luego del incidente, Silva fue llevado al Hospital de Carabineros, donde actualmente está bajo observación con lesiones leves tras autoinfligirse heridas. Al abordar el tema, Arrau subrayó la importancia de investigar a fondo las acusaciones. “Son situaciones graves y, por supuesto, hay que investigarlas con todo el rigor”, declaró el ministro. El ministro enfatizó que tanto el Gobierno como la policía tienen la responsabilidad de dar seguimiento a denuncias como estas, especialmente cuando implican posibles amenazas o actos de corrupción. En palabras recogidas por 24 Horas, afirmó: “El compromiso de la institución es hacerlo. Lo tomamos con la máxima seriedad”. A pesar de ello, Arrau recalcó que “todas las denuncias de este tipo, sobre todo de actos de amenazas o corrupción potenciales, porque todavía no hay nada demostrado ni comprobado, las seguimos”. Por último, el ministro insistió en que cualquier indicio de irregularidad dentro de las fuerzas policiales debe ser investigado a fondo y no pasarse por alto. “La potencial corrupción y los actos que puedan denunciarse dentro de las instituciones no hay que dejarlos pasar, hay que estudiarlos, analizarlos”, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
