La candidata a diputada por la Región de Antofagasta, Yantiel Calderón (Evópoli), presentó este lunes una denuncia formal ante la Policía de Investigaciones (PDI) tras la filtración de mensajes privados de WhatsApp, los cuales habrían sido entregados al comando de la candidata Daniela Castro (Renovación Nacional). La directora de Dideco calificó el hecho como “grave e inaceptable”, señalando que se trata de un caso de espionaje político que atenta contra la privacidad y la ética en el ejercicio democrático. “No se puede normalizar que conversaciones personales sean obtenidas y utilizadas con fines políticos. Esto no solo me afecta a mí, sino que daña la confianza de la ciudadanía hacia la forma de hacer política”, afirmó la candidata. Según indicaron desde el equipo jurídico de Calderón, la denuncia busca esclarecer la forma en que se accedió a los mensajes y determinar posibles responsabilidades penales. Además, anunciaron que se evaluarán realizar futuras acciones de forma paralela en la vía judicial. Por último, la candidata señaló que “los vecinos merecen una campaña basada en ideas, no en prácticas oscuras de la vieja política”. El caso tuvo su origen en una denuncia interpuesta por Daniela Castro ante la Contraloría General de la República por presuntos actos contra la probidad administrativa en la Municipalidad de Antofagasta. Según indicó, Calderón habría continuado entregando indicaciones sobre temas administrativos de Dideco y CMDS pese a estar con permiso sin goce de sueldo, además de contar con la participación de funcionarios municipales en actividades político-electorales. En ese contexto, Castro exhibió capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp en las que se abordaban temas relacionados con la campaña de Calderón. Estas filtraciones generaron un quiebre entre Renovación Nacional y Evópoli a nivel local, luego de conocerse un comentario del alcalde Sacha Razmilic en el grupo “Yantiel 2025”, en el que trataba de “rata” a la senadora Paulina Núñez (RN).
La Policía de Investigaciones de Tocopilla, a través de su Sección de Migraciones y Policía Internacional, realizó un operativo conjunto con Carabineros, la Delegación Presidencial Provincial y la Seremi de Seguridad Pública en diversos sectores donde existen asentamientos irregulares. La fiscalización se llevó a cabo en las tomas Caleta Boy, Cancha Magallanes y Toma La Patria, donde se controló a 20 personas de distintas nacionalidades: nueve bolivianas, una peruana y diez colombianas. Como resultado del procedimiento, seis personas fueron denunciadas y notificadas para su expulsión del país, tras verificarse infracciones a la Ley de Migración y Extranjería. La comisaria Jéssica Vargas, jefa de la Sección de Migraciones y Policía Internacional de Tocopilla, señaló que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria y la seguridad de la comunidad. “Nuestro trabajo coordinado con Carabineros y autoridades locales permite realizar estas acciones de manera eficiente y segura”, afirmó. Durante octubre, la unidad especializada de la PDI en Tocopilla ha realizado cuatro fiscalizaciones en distintos puntos de la comuna, con un balance total de 15 personas denunciadas y tres notificaciones de expulsión.
Carabineros del Retén Tocorpuri (F), dependiente de la 2ª Comisaría de San Pedro de Atacama, incautaron un nuevo cargamento de marihuana en un procedimiento realizado en la ruta B-245, sector de las Termas de Puritama, en el límite con Bolivia. Según informó el mayor Mario Carreño, comisario de la unidad, el operativo se produjo cuando personal policial fiscalizó un vehículo station wagon que transitaba en dirección a San Pedro de Atacama. Al advertir la presencia policial, dos ocupantes descendieron del vehículo en movimiento e intentaron huir hacia las quebradas del sector. Pese a un rastreo realizado con apoyo de otras unidades, los individuos no fueron encontrados. En el automóvil abandonado, Carabineros halló un saco con 28 paquetes de marihuana, que tras el peritaje del OS7 alcanzaron un peso de 29 kilos 150 gramos. El procedimiento se suma a otro realizado a inicios de semana por el mismo destacamento fronterizo, en el que fueron incautados más de 400 kilos de marihuana transportados por 10 personas que intentaban ingresar la droga al país.
La detención de seis ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile, entre ellos cinco efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), continúa provocando repercusiones diplomáticas entre ambos países. Los individuos fueron interceptados el domingo 24 de agosto tras ingresar por un paso no habilitado, portando armas y drogas. Posteriormente, la Fiscalía de Calama los formalizó por tenencia ilegal de armas de fuego —incluida una prohibida—, tenencia ilegal de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas. Los seis imputados, cinco policías y una civil, quedaron en prisión preventiva. Desde Bolivia, el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, solicitó la devolución de los agentes, argumentando que se encontraban en persecución de un vehículo con sustancias ilícitas. La petición fue rechazada en Chile. El comandante general de la Policía boliviana, Augusto Russo, declaró al medio El Día que el cruce habría sido accidental y aseguró que se realizan gestiones para repatriar a los efectivos. En tanto, según El Deber, Mamani insistió en que los funcionarios cumplían labores de interdicción antidroga en la frontera cuando atravesaron hacia territorio chileno.
La candidata a diputada por la Región de Antofagasta, Yantiel Calderón (Evópoli), presentó este lunes una denuncia formal ante la Policía de Investigaciones (PDI) tras la filtración de mensajes privados de WhatsApp, los cuales habrían sido entregados al comando de la candidata Daniela Castro (Renovación Nacional). La directora de Dideco calificó el hecho como “grave e inaceptable”, señalando que se trata de un caso de espionaje político que atenta contra la privacidad y la ética en el ejercicio democrático. “No se puede normalizar que conversaciones personales sean obtenidas y utilizadas con fines políticos. Esto no solo me afecta a mí, sino que daña la confianza de la ciudadanía hacia la forma de hacer política”, afirmó la candidata. Según indicaron desde el equipo jurídico de Calderón, la denuncia busca esclarecer la forma en que se accedió a los mensajes y determinar posibles responsabilidades penales. Además, anunciaron que se evaluarán realizar futuras acciones de forma paralela en la vía judicial. Por último, la candidata señaló que “los vecinos merecen una campaña basada en ideas, no en prácticas oscuras de la vieja política”. El caso tuvo su origen en una denuncia interpuesta por Daniela Castro ante la Contraloría General de la República por presuntos actos contra la probidad administrativa en la Municipalidad de Antofagasta. Según indicó, Calderón habría continuado entregando indicaciones sobre temas administrativos de Dideco y CMDS pese a estar con permiso sin goce de sueldo, además de contar con la participación de funcionarios municipales en actividades político-electorales. En ese contexto, Castro exhibió capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp en las que se abordaban temas relacionados con la campaña de Calderón. Estas filtraciones generaron un quiebre entre Renovación Nacional y Evópoli a nivel local, luego de conocerse un comentario del alcalde Sacha Razmilic en el grupo “Yantiel 2025”, en el que trataba de “rata” a la senadora Paulina Núñez (RN).
La Policía de Investigaciones de Tocopilla, a través de su Sección de Migraciones y Policía Internacional, realizó un operativo conjunto con Carabineros, la Delegación Presidencial Provincial y la Seremi de Seguridad Pública en diversos sectores donde existen asentamientos irregulares. La fiscalización se llevó a cabo en las tomas Caleta Boy, Cancha Magallanes y Toma La Patria, donde se controló a 20 personas de distintas nacionalidades: nueve bolivianas, una peruana y diez colombianas. Como resultado del procedimiento, seis personas fueron denunciadas y notificadas para su expulsión del país, tras verificarse infracciones a la Ley de Migración y Extranjería. La comisaria Jéssica Vargas, jefa de la Sección de Migraciones y Policía Internacional de Tocopilla, señaló que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria y la seguridad de la comunidad. “Nuestro trabajo coordinado con Carabineros y autoridades locales permite realizar estas acciones de manera eficiente y segura”, afirmó. Durante octubre, la unidad especializada de la PDI en Tocopilla ha realizado cuatro fiscalizaciones en distintos puntos de la comuna, con un balance total de 15 personas denunciadas y tres notificaciones de expulsión.
Carabineros del Retén Tocorpuri (F), dependiente de la 2ª Comisaría de San Pedro de Atacama, incautaron un nuevo cargamento de marihuana en un procedimiento realizado en la ruta B-245, sector de las Termas de Puritama, en el límite con Bolivia. Según informó el mayor Mario Carreño, comisario de la unidad, el operativo se produjo cuando personal policial fiscalizó un vehículo station wagon que transitaba en dirección a San Pedro de Atacama. Al advertir la presencia policial, dos ocupantes descendieron del vehículo en movimiento e intentaron huir hacia las quebradas del sector. Pese a un rastreo realizado con apoyo de otras unidades, los individuos no fueron encontrados. En el automóvil abandonado, Carabineros halló un saco con 28 paquetes de marihuana, que tras el peritaje del OS7 alcanzaron un peso de 29 kilos 150 gramos. El procedimiento se suma a otro realizado a inicios de semana por el mismo destacamento fronterizo, en el que fueron incautados más de 400 kilos de marihuana transportados por 10 personas que intentaban ingresar la droga al país.
La detención de seis ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile, entre ellos cinco efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), continúa provocando repercusiones diplomáticas entre ambos países. Los individuos fueron interceptados el domingo 24 de agosto tras ingresar por un paso no habilitado, portando armas y drogas. Posteriormente, la Fiscalía de Calama los formalizó por tenencia ilegal de armas de fuego —incluida una prohibida—, tenencia ilegal de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas. Los seis imputados, cinco policías y una civil, quedaron en prisión preventiva. Desde Bolivia, el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, solicitó la devolución de los agentes, argumentando que se encontraban en persecución de un vehículo con sustancias ilícitas. La petición fue rechazada en Chile. El comandante general de la Policía boliviana, Augusto Russo, declaró al medio El Día que el cruce habría sido accidental y aseguró que se realizan gestiones para repatriar a los efectivos. En tanto, según El Deber, Mamani insistió en que los funcionarios cumplían labores de interdicción antidroga en la frontera cuando atravesaron hacia territorio chileno.
