Con una ceremonia en la sala cuna y jardín infantil Inti-Llacta de Calama, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur marcó oficialmente el inicio de sus labores en San Pedro de Atacama, Ollagüe, María Elena, Calama y Tocopilla. Este evento, que reunió a autoridades nacionales, provinciales, locales y comunidades educativas, establece un hito histórico en el sistema educativo de la Región de Antofagasta. El director ejecutivo del SLEP Licancabur, José Martínez Chiguay, resaltó este nuevo periodo: “Hoy marcamos el inicio de una etapa histórica para la educación pública en nuestro territorio. Tenemos la oportunidad y el deber de construir una educación inclusiva, pertinente y de calidad, que ponga a nuestros estudiantes en el centro de cada decisión que tomemos”. Además, agregó que “construir algo nuevo puede incomodar, pero es en esa incomodidad donde nacen los cambios más profundos. Hoy iniciamos un camino que marcará un antes y un después en la educación pública de nuestra región”. La subdirectora de Desarrollo Estratégico de la Dirección de Educación Pública, Ángela Fuenzalida Ramírez, también estuvo presente y se refirió al fortalecimiento de la educación en la región: “Creemos que eso suma a un mandato que tenemos, que es poder implementar esta nueva institucionalidad para la educación pública. Junto con Licancabur están partiendo 8 servicios locales de educación más y con eso ponemos en régimen, en camino derecho, el propósito que nos hemos propuesto, que es fortalecer finalmente nuestra educación pública para los niños y niñas de nuestro país”. Por su parte, la seremi de Gobierno, Paulina Larrondo, destacó el protagonismo de Calama en este proceso: “Hoy Calama está siendo protagonista de un hito histórico como es la instalación de esta nueva institucionalidad, esta desmunicipalización que es un tema que hace mucho tiempo se venía hablando, así como la ‘triestamentalidad’, es decir, que los apoderados, los estudiantes y los docentes tengan injerencia en el desarrollo de la gestión de estos espacios”. Finalmente, el seremi de Educación de Antofagasta, Alonso Fernández Allende, declaró que “es el inicio de un proceso de instalación de la nueva educación pública en nuestra región que viene a traer mejoras y fortalecer también el derecho de la educación y también la mejora en la calidad de los procesos educativos”.
La comunidad de apoderados del Jardín Infantil Mi Banderita Chilena, ubicado en Ollagüe, presentó una carta formal dirigida a la Directora Regional de Fundación Integra, María Ordoñez, solicitando la rotación del actual equipo educativo del establecimiento. En su comunicado, los apoderados expresan su preocupación por lo que consideran prácticas que están afectando gravemente el acceso a la educación y el desarrollo de los niños y niñas matriculados. Los apoderados argumentan que las continuas suspensiones de jornadas educativas debido a factores como falta de personal, licencias médicas, cortes de servicios básicos y problemas logísticos internos han interrumpido el proceso de enseñanza, perjudicando el derecho fundamental de los niños a recibir una educación de calidad. Además, señalan una falta de compromiso y vocación por parte del equipo educativo, lo que consideran un obstáculo para garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje. Este establecimiento es el único centro educativo para la primera infancia en la comunidad de Ollagüe, una localidad ubicada a más de 3.600 metros de altitud, en la frontera chileno-boliviana, lo que hace aún más urgente la necesidad de asegurar la continuidad y calidad de la educación, dada la lejanía y las condiciones extremas de la zona. Como solución, los apoderados proponen la contratación de nuevos profesionales locales que estén comprometidos con la comunidad. De hecho, han identificado perfiles de personas que consideran adecuados para ocupar estos puestos. Esta iniciativa busca asegurar que los niños y niñas de Ollagüe reciban una educación inclusiva, equitativa y significativa, conforme a lo establecido en la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Con una ceremonia en la sala cuna y jardín infantil Inti-Llacta de Calama, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur marcó oficialmente el inicio de sus labores en San Pedro de Atacama, Ollagüe, María Elena, Calama y Tocopilla. Este evento, que reunió a autoridades nacionales, provinciales, locales y comunidades educativas, establece un hito histórico en el sistema educativo de la Región de Antofagasta. El director ejecutivo del SLEP Licancabur, José Martínez Chiguay, resaltó este nuevo periodo: “Hoy marcamos el inicio de una etapa histórica para la educación pública en nuestro territorio. Tenemos la oportunidad y el deber de construir una educación inclusiva, pertinente y de calidad, que ponga a nuestros estudiantes en el centro de cada decisión que tomemos”. Además, agregó que “construir algo nuevo puede incomodar, pero es en esa incomodidad donde nacen los cambios más profundos. Hoy iniciamos un camino que marcará un antes y un después en la educación pública de nuestra región”. La subdirectora de Desarrollo Estratégico de la Dirección de Educación Pública, Ángela Fuenzalida Ramírez, también estuvo presente y se refirió al fortalecimiento de la educación en la región: “Creemos que eso suma a un mandato que tenemos, que es poder implementar esta nueva institucionalidad para la educación pública. Junto con Licancabur están partiendo 8 servicios locales de educación más y con eso ponemos en régimen, en camino derecho, el propósito que nos hemos propuesto, que es fortalecer finalmente nuestra educación pública para los niños y niñas de nuestro país”. Por su parte, la seremi de Gobierno, Paulina Larrondo, destacó el protagonismo de Calama en este proceso: “Hoy Calama está siendo protagonista de un hito histórico como es la instalación de esta nueva institucionalidad, esta desmunicipalización que es un tema que hace mucho tiempo se venía hablando, así como la ‘triestamentalidad’, es decir, que los apoderados, los estudiantes y los docentes tengan injerencia en el desarrollo de la gestión de estos espacios”. Finalmente, el seremi de Educación de Antofagasta, Alonso Fernández Allende, declaró que “es el inicio de un proceso de instalación de la nueva educación pública en nuestra región que viene a traer mejoras y fortalecer también el derecho de la educación y también la mejora en la calidad de los procesos educativos”.
La comunidad de apoderados del Jardín Infantil Mi Banderita Chilena, ubicado en Ollagüe, presentó una carta formal dirigida a la Directora Regional de Fundación Integra, María Ordoñez, solicitando la rotación del actual equipo educativo del establecimiento. En su comunicado, los apoderados expresan su preocupación por lo que consideran prácticas que están afectando gravemente el acceso a la educación y el desarrollo de los niños y niñas matriculados. Los apoderados argumentan que las continuas suspensiones de jornadas educativas debido a factores como falta de personal, licencias médicas, cortes de servicios básicos y problemas logísticos internos han interrumpido el proceso de enseñanza, perjudicando el derecho fundamental de los niños a recibir una educación de calidad. Además, señalan una falta de compromiso y vocación por parte del equipo educativo, lo que consideran un obstáculo para garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje. Este establecimiento es el único centro educativo para la primera infancia en la comunidad de Ollagüe, una localidad ubicada a más de 3.600 metros de altitud, en la frontera chileno-boliviana, lo que hace aún más urgente la necesidad de asegurar la continuidad y calidad de la educación, dada la lejanía y las condiciones extremas de la zona. Como solución, los apoderados proponen la contratación de nuevos profesionales locales que estén comprometidos con la comunidad. De hecho, han identificado perfiles de personas que consideran adecuados para ocupar estos puestos. Esta iniciativa busca asegurar que los niños y niñas de Ollagüe reciban una educación inclusiva, equitativa y significativa, conforme a lo establecido en la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y en la Convención sobre los Derechos del Niño.