El Juzgado de Garantía de la ciudad declaró admisible la querella presentada por la familia Yoma-Valdivia contra el alcalde Jonathan Velázquez. El tribunal detalla que la querella ha cumplido con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, lo que ha llevado a su aceptación y remisión a la Fiscalía Local del Ministerio Público para los fines legales pertinentes. Se ha designado a Andrea Denisse Morata Gallardo como Defensora Penal del alcalde Jonathan Rodrigo Velázquez Ramírez, aunque se mantiene su derecho de designar un abogado de su confianza. La querella surge como consecuencia de las declaraciones realizadas por la autoridad municipal a través de sus redes sociales el pasado 22 de marzo, las cuales la familia considera una afrenta a la memoria de la fallecida profesora Katherine Yoma. La situación se ha intensificado con la declaración de admisibilidad por parte del Poder Judicial.
El Tribunal Electoral Regional de Antofagasta admitió a trámite un requerimiento presentado por concejales de la comuna en contra del alcalde Jonathan Velásquez, por notable abandono de deberes y graves infracciones al principio de probidad administrativa. La resolución, fechada este 1 de abril, ordena la notificación del requerimiento a través de una publicación en el diario “El Mercurio” de Antofagasta y de forma personal al alcalde Velásquez, marcando el inicio formal del proceso que podría desembocar en su destitución. Los concejales firmantes del requerimiento argumentan que las acciones y omisiones del alcalde Velásquez en el último tiempo constituyen un notable abandono de sus responsabilidades como máxima autoridad comunal y contravienen los principios de probidad administrativa. Recordamos que, en su momento, el documento contuvo la situación de presuntas ilegalidades en la gestión relacionada con el exvertedero La Chimba, como la falta de presentación de un plan de cierre y remediación aprobado por la Seremi de Salud, así como una sentencia que determinó la falta de gestiones de cierre y remediación por parte del municipio. Además, los contratos celebrados vía trato directo sobre concesión de servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios y barrido de calles, con falta de fundamentación, tramitación y ejecución, así como falta de fiscalización y cobro de multas millonarias. El TER ha establecido un plazo de diez días hábiles para que la parte demandante acredite la publicación del aviso en extracto y la notificación personal al requerido.
Tal como habían declarado, se presentó una reclamación ante el Tribunal Electoral Regional de Antofagasta por parte de los concejales de la comuna, donde solicitan el cese de funciones del actual alcalde, Jonathan Velásquez, argumentando un presunto abandono de deberes y violaciones graves al principio de probidad administrativa, según lo establecido en el Artículo 60 letra c) y su inciso 4° de la ley 18.695. La acusación, presentada por los ediles Norma Leiva, Karina Guzmán, Luis Aguilera, Camilo Kong, Waldo Valderrama e Ignacio Pozo, señaló 15 hechos o cargos donde se evidenciaría la transgresión del principio de probidad durante el presente mandato. Según lo establecido, si el Tribunal Electoral coincide con la apreciación del escrito respecto a al menos uno de estos hechos, el alcalde Velásquez podría ser cesado de sus funciones. Los concejales aclaran que esta acción no implica una evaluación de la gestión del alcalde, la cual es competencia de los electores en votaciones democráticas, sino un cuestionamiento legal a acciones u omisiones específicas durante su mandato. Además, sólo afecta al alcalde Velásquez y no supone un cuestionamiento a los funcionarios del municipio. Los Quince Puntos Así se desarrolla extensamente la situación de presuntas ilegalidades en la gestión relacionada con el exvertedero La Chimba, como la falta de presentación de un plan de cierre y remediación aprobado por la Seremi de Salud, así como una sentencia que determinó la falta de gestiones de cierre y remediación por parte del municipio. Además, se recordaron los contratos celebrados vía trato directo sobre concesión de servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios y barrido de calles, con falta de fundamentación, tramitación y ejecución, así como falta de fiscalización y cobro de multas millonarias. Se detallan también más de $25 mil millones en contratos vía trato directo suscritos sin visado por la Dirección de Control, la utilización de abogados del municipio para litigios personales del alcalde, la modificación unilateral de contratos previamente aprobados por el Concejo Municipal, y la negligencia en el manejo de inmuebles en concesiones marítimas. Entre los puntos existe la vulneración del principio de probidad por favores personales, irregularidades en el uso de instalaciones del Estadio Regional, incumplimientos en el Festival de Antofagasta 2023 con rebajas de multas y pagos de recursos municipales, y la falta de completar la dotación de funcionarios en la planta municipal. También se menciona la omisión en la tramitación y terminación de procesos disciplinarios, así como la falta de respuestas a solicitudes de información pública, lo que llevó a sanciones contra el alcalde por el Consejo para la Transparencia.
El Juzgado de Garantía de la ciudad declaró admisible la querella presentada por la familia Yoma-Valdivia contra el alcalde Jonathan Velázquez. El tribunal detalla que la querella ha cumplido con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, lo que ha llevado a su aceptación y remisión a la Fiscalía Local del Ministerio Público para los fines legales pertinentes. Se ha designado a Andrea Denisse Morata Gallardo como Defensora Penal del alcalde Jonathan Rodrigo Velázquez Ramírez, aunque se mantiene su derecho de designar un abogado de su confianza. La querella surge como consecuencia de las declaraciones realizadas por la autoridad municipal a través de sus redes sociales el pasado 22 de marzo, las cuales la familia considera una afrenta a la memoria de la fallecida profesora Katherine Yoma. La situación se ha intensificado con la declaración de admisibilidad por parte del Poder Judicial.
El Tribunal Electoral Regional de Antofagasta admitió a trámite un requerimiento presentado por concejales de la comuna en contra del alcalde Jonathan Velásquez, por notable abandono de deberes y graves infracciones al principio de probidad administrativa. La resolución, fechada este 1 de abril, ordena la notificación del requerimiento a través de una publicación en el diario “El Mercurio” de Antofagasta y de forma personal al alcalde Velásquez, marcando el inicio formal del proceso que podría desembocar en su destitución. Los concejales firmantes del requerimiento argumentan que las acciones y omisiones del alcalde Velásquez en el último tiempo constituyen un notable abandono de sus responsabilidades como máxima autoridad comunal y contravienen los principios de probidad administrativa. Recordamos que, en su momento, el documento contuvo la situación de presuntas ilegalidades en la gestión relacionada con el exvertedero La Chimba, como la falta de presentación de un plan de cierre y remediación aprobado por la Seremi de Salud, así como una sentencia que determinó la falta de gestiones de cierre y remediación por parte del municipio. Además, los contratos celebrados vía trato directo sobre concesión de servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios y barrido de calles, con falta de fundamentación, tramitación y ejecución, así como falta de fiscalización y cobro de multas millonarias. El TER ha establecido un plazo de diez días hábiles para que la parte demandante acredite la publicación del aviso en extracto y la notificación personal al requerido.
Tal como habían declarado, se presentó una reclamación ante el Tribunal Electoral Regional de Antofagasta por parte de los concejales de la comuna, donde solicitan el cese de funciones del actual alcalde, Jonathan Velásquez, argumentando un presunto abandono de deberes y violaciones graves al principio de probidad administrativa, según lo establecido en el Artículo 60 letra c) y su inciso 4° de la ley 18.695. La acusación, presentada por los ediles Norma Leiva, Karina Guzmán, Luis Aguilera, Camilo Kong, Waldo Valderrama e Ignacio Pozo, señaló 15 hechos o cargos donde se evidenciaría la transgresión del principio de probidad durante el presente mandato. Según lo establecido, si el Tribunal Electoral coincide con la apreciación del escrito respecto a al menos uno de estos hechos, el alcalde Velásquez podría ser cesado de sus funciones. Los concejales aclaran que esta acción no implica una evaluación de la gestión del alcalde, la cual es competencia de los electores en votaciones democráticas, sino un cuestionamiento legal a acciones u omisiones específicas durante su mandato. Además, sólo afecta al alcalde Velásquez y no supone un cuestionamiento a los funcionarios del municipio. Los Quince Puntos Así se desarrolla extensamente la situación de presuntas ilegalidades en la gestión relacionada con el exvertedero La Chimba, como la falta de presentación de un plan de cierre y remediación aprobado por la Seremi de Salud, así como una sentencia que determinó la falta de gestiones de cierre y remediación por parte del municipio. Además, se recordaron los contratos celebrados vía trato directo sobre concesión de servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios y barrido de calles, con falta de fundamentación, tramitación y ejecución, así como falta de fiscalización y cobro de multas millonarias. Se detallan también más de $25 mil millones en contratos vía trato directo suscritos sin visado por la Dirección de Control, la utilización de abogados del municipio para litigios personales del alcalde, la modificación unilateral de contratos previamente aprobados por el Concejo Municipal, y la negligencia en el manejo de inmuebles en concesiones marítimas. Entre los puntos existe la vulneración del principio de probidad por favores personales, irregularidades en el uso de instalaciones del Estadio Regional, incumplimientos en el Festival de Antofagasta 2023 con rebajas de multas y pagos de recursos municipales, y la falta de completar la dotación de funcionarios en la planta municipal. También se menciona la omisión en la tramitación y terminación de procesos disciplinarios, así como la falta de respuestas a solicitudes de información pública, lo que llevó a sanciones contra el alcalde por el Consejo para la Transparencia.
