El acceso a la vivienda continúa siendo un desafío crítico en la Región de Antofagasta. De acuerdo con el informe Vivienda Pública 2024 de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), solo el 10% de los habitantes de la región tiene la capacidad económica para adquirir una vivienda promedio, como las del programa DS19, cuyo valor alcanza las 2.800 UF. Esto deja al 90% de la población fuera del mercado inmobiliario formal. El estudio también señala que apenas un 28% de las viviendas disponibles en la región tiene un precio inferior a las 3.000 UF, lo que reduce considerablemente las alternativas para familias de ingresos medios y bajos. Otro indicador relevante es el Price Income Ratio (PIR), que en Antofagasta llega a 10,9 años, cifra similar al promedio nacional de 11,4. Este valor clasifica la vivienda como “no asequible”, ya que implicaría que un hogar promedio debe destinar casi once años completos de ingresos para financiar una vivienda tipo. La situación se enmarca en un déficit habitacional de 50.847 viviendas en la región. De ellas, 37.123 corresponden a déficit cuantitativo —como hogares allegados o viviendas irrecuperables—, mientras que 12.824 familias residen en campamentos y 900 hogares se encuentran en situación de calle. Fuente: SoyChile
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta reveló que la región enfrenta un déficit habitacional de 50.847 viviendas, según el Informe de Vivienda Pública 2024. El estudio, elaborado por la Unidad de Estudios y el Comité de Vivienda del gremio, analiza la situación de la vivienda de interés público y propone medidas para enfrentar la escasez de soluciones habitacionales. Del total, 37.123 viviendas corresponden a familias allegadas o que habitan en inmuebles irrecuperables, 12.824 a hogares en campamentos y 900 a personas en situación de calle. El informe destaca que la vivienda se ha vuelto cada vez más inaccesible. Según el índice Price Income Ratio (PIR), una familia promedio necesita destinar sus ingresos de 10,9 años para adquirir una vivienda en Antofagasta, una cifra cercana al promedio nacional (11,4 años). El presidente del Comité de Vivienda, Thomas Müller Esparza, advirtió que el mercado no está ofreciendo soluciones adecuadas para la mayoría de los hogares: “La región no ha sido capaz de generar opciones reales para el 90% de la población, considerando la realidad del mercado inmobiliario actual”. Brechas en subsidios y proyectos Entre 2014 y 2024, solo el 44% de los subsidios habitacionales otorgados en la región fueron efectivamente pagados. En el caso de los sectores vulnerables, el pago alcanzó un 60%, mientras que en los sectores medios y emergentes llegó apenas al 26%. Asimismo, de los 43 proyectos DS49 y DS19 ejecutados en la última década, solo dos se ubican en el centro de Antofagasta, concentrándose la mayoría en el sector norte alto, con escasa conectividad y acceso limitado a áreas verdes y servicios básicos. El Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno, que busca construir 17.400 viviendas a 2026, registra un 32,4% de avance, con 5.641 unidades terminadas, un 22% en ejecución y 31% sin iniciar obras. El gremio estima que, de mantenerse el ritmo actual, solo se completarán 14.862 viviendas, lejos de la meta proyectada. El informe identifica como nudos críticos la falta de coordinación interinstitucional, la burocracia en la tramitación de proyectos, el alto costo del suelo urbano y la prioridad otorgada a sectores mineros y energéticos por sobre el desarrollo habitacional. La CChC plantea medidas para enfrentar el déficit, entre ellas: Fomentar un crecimiento urbano equilibrado mediante la regeneración de áreas subutilizadas. Planificar a largo plazo la demanda habitacional y el uso del suelo, asegurando acceso a servicios y equipamiento público. Fortalecer los programas de integración social y arriendo, y promover la colaboración público-privada para incorporar a los sectores medios. Müller subrayó que “es necesario trabajar en conjunto para identificar zonas pericentrales aptas para nuevas viviendas y ofrecer soluciones que reduzcan el hacinamiento y la segregación territorial”.
La región de Antofagasta enfrenta una grave crisis habitacional, con más de 15.800 familias residiendo en asentamientos informales, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024–2025 de TECHO–Chile. La cifra representa un aumento superior al 700% respecto de 2013, consolidándose en comunas como Antofagasta, Calama, Taltal y Tocopilla, que actualmente registran 154 campamentos activos, algunos con más de 500 hogares. El estudio “Vivir en el margen: campamentos y desigualdad en Antofagasta (2024–2025)”, elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, advierte sobre la precariedad urbana que enfrentan estas comunidades. Solo un 7,8% de los hogares cuenta con alcantarillado, más del 63% obtiene agua por medios informales y un 77% utiliza conexiones eléctricas irregulares, con riesgo de cortes e incendios. La situación impacta directamente en los indicadores sociales: la tasa de pobreza regional es de 10,6%, pero aumenta a 12,2% al considerar a las familias en campamentos. Dentro de estos asentamientos, la pobreza por ingresos alcanza el 43%, con más de la mitad de la población en condiciones de informalidad laboral. Aunque se observan leves avances en educación —el 22,8% de los mayores de 18 años ha completado la enseñanza formal—, la respuesta institucional sigue siendo limitada. El Plan de Emergencia Habitacional (2022–2025) ha beneficiado solo al 3% de las familias, con tres proyectos finalizados y siete en ejecución, que suman 473 soluciones habitacionales. Los investigadores advierten que el 71,8% de los campamentos se encuentra en suelos no edificables, lo que dificulta su radicación definitiva. Además, señalan que el problema no es coyuntural, sino estructural, derivado del encarecimiento del suelo, la falta de acceso a subsidios y el aumento de la migración. El informe propone una planificación urbana preventiva y participativa, que identifique suelo urbanizable, regularice servicios básicos, diseñe planes de radicación con apoyo local e incluya activamente a la población migrante en los programas de vivienda. Fuente: SoyAntof
El acceso a la vivienda continúa siendo un desafío crítico en la Región de Antofagasta. De acuerdo con el informe Vivienda Pública 2024 de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), solo el 10% de los habitantes de la región tiene la capacidad económica para adquirir una vivienda promedio, como las del programa DS19, cuyo valor alcanza las 2.800 UF. Esto deja al 90% de la población fuera del mercado inmobiliario formal. El estudio también señala que apenas un 28% de las viviendas disponibles en la región tiene un precio inferior a las 3.000 UF, lo que reduce considerablemente las alternativas para familias de ingresos medios y bajos. Otro indicador relevante es el Price Income Ratio (PIR), que en Antofagasta llega a 10,9 años, cifra similar al promedio nacional de 11,4. Este valor clasifica la vivienda como “no asequible”, ya que implicaría que un hogar promedio debe destinar casi once años completos de ingresos para financiar una vivienda tipo. La situación se enmarca en un déficit habitacional de 50.847 viviendas en la región. De ellas, 37.123 corresponden a déficit cuantitativo —como hogares allegados o viviendas irrecuperables—, mientras que 12.824 familias residen en campamentos y 900 hogares se encuentran en situación de calle. Fuente: SoyChile
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta reveló que la región enfrenta un déficit habitacional de 50.847 viviendas, según el Informe de Vivienda Pública 2024. El estudio, elaborado por la Unidad de Estudios y el Comité de Vivienda del gremio, analiza la situación de la vivienda de interés público y propone medidas para enfrentar la escasez de soluciones habitacionales. Del total, 37.123 viviendas corresponden a familias allegadas o que habitan en inmuebles irrecuperables, 12.824 a hogares en campamentos y 900 a personas en situación de calle. El informe destaca que la vivienda se ha vuelto cada vez más inaccesible. Según el índice Price Income Ratio (PIR), una familia promedio necesita destinar sus ingresos de 10,9 años para adquirir una vivienda en Antofagasta, una cifra cercana al promedio nacional (11,4 años). El presidente del Comité de Vivienda, Thomas Müller Esparza, advirtió que el mercado no está ofreciendo soluciones adecuadas para la mayoría de los hogares: “La región no ha sido capaz de generar opciones reales para el 90% de la población, considerando la realidad del mercado inmobiliario actual”. Brechas en subsidios y proyectos Entre 2014 y 2024, solo el 44% de los subsidios habitacionales otorgados en la región fueron efectivamente pagados. En el caso de los sectores vulnerables, el pago alcanzó un 60%, mientras que en los sectores medios y emergentes llegó apenas al 26%. Asimismo, de los 43 proyectos DS49 y DS19 ejecutados en la última década, solo dos se ubican en el centro de Antofagasta, concentrándose la mayoría en el sector norte alto, con escasa conectividad y acceso limitado a áreas verdes y servicios básicos. El Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno, que busca construir 17.400 viviendas a 2026, registra un 32,4% de avance, con 5.641 unidades terminadas, un 22% en ejecución y 31% sin iniciar obras. El gremio estima que, de mantenerse el ritmo actual, solo se completarán 14.862 viviendas, lejos de la meta proyectada. El informe identifica como nudos críticos la falta de coordinación interinstitucional, la burocracia en la tramitación de proyectos, el alto costo del suelo urbano y la prioridad otorgada a sectores mineros y energéticos por sobre el desarrollo habitacional. La CChC plantea medidas para enfrentar el déficit, entre ellas: Fomentar un crecimiento urbano equilibrado mediante la regeneración de áreas subutilizadas. Planificar a largo plazo la demanda habitacional y el uso del suelo, asegurando acceso a servicios y equipamiento público. Fortalecer los programas de integración social y arriendo, y promover la colaboración público-privada para incorporar a los sectores medios. Müller subrayó que “es necesario trabajar en conjunto para identificar zonas pericentrales aptas para nuevas viviendas y ofrecer soluciones que reduzcan el hacinamiento y la segregación territorial”.
La región de Antofagasta enfrenta una grave crisis habitacional, con más de 15.800 familias residiendo en asentamientos informales, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024–2025 de TECHO–Chile. La cifra representa un aumento superior al 700% respecto de 2013, consolidándose en comunas como Antofagasta, Calama, Taltal y Tocopilla, que actualmente registran 154 campamentos activos, algunos con más de 500 hogares. El estudio “Vivir en el margen: campamentos y desigualdad en Antofagasta (2024–2025)”, elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, advierte sobre la precariedad urbana que enfrentan estas comunidades. Solo un 7,8% de los hogares cuenta con alcantarillado, más del 63% obtiene agua por medios informales y un 77% utiliza conexiones eléctricas irregulares, con riesgo de cortes e incendios. La situación impacta directamente en los indicadores sociales: la tasa de pobreza regional es de 10,6%, pero aumenta a 12,2% al considerar a las familias en campamentos. Dentro de estos asentamientos, la pobreza por ingresos alcanza el 43%, con más de la mitad de la población en condiciones de informalidad laboral. Aunque se observan leves avances en educación —el 22,8% de los mayores de 18 años ha completado la enseñanza formal—, la respuesta institucional sigue siendo limitada. El Plan de Emergencia Habitacional (2022–2025) ha beneficiado solo al 3% de las familias, con tres proyectos finalizados y siete en ejecución, que suman 473 soluciones habitacionales. Los investigadores advierten que el 71,8% de los campamentos se encuentra en suelos no edificables, lo que dificulta su radicación definitiva. Además, señalan que el problema no es coyuntural, sino estructural, derivado del encarecimiento del suelo, la falta de acceso a subsidios y el aumento de la migración. El informe propone una planificación urbana preventiva y participativa, que identifique suelo urbanizable, regularice servicios básicos, diseñe planes de radicación con apoyo local e incluya activamente a la población migrante en los programas de vivienda. Fuente: SoyAntof
