La Fiscalía Regional de Antofagasta obtuvo 38 condenas contra los integrantes de una organización criminal que operó durante años en el campamento Génesis, liderada por un sujeto identificado con los alias de “Satanás” o “Zeus”. El Tribunal Oral en lo Penal acreditó delitos de asociación criminal, homicidios consumados y frustrados, tráfico de drogas, amenazas, porte ilegal de armas y tenencia de municiones. Según el fiscal regional Juan Castro Bekios, este veredicto se transforma en el primero dictado en la región bajo la figura de asociación criminal, reemplazando la antigua tipificación de asociación ilícita. La investigación estableció que la banda no solo controlaba la venta de drogas en el asentamiento, sino que también ejercía un dominio total sobre los residentes, cobrando por el uso de viviendas, electricidad, agua y otros servicios. El desmantelamiento del grupo comenzó en mayo de 2024, cuando su líder fue detenido por Carabineros tras huir del campamento y realizar disparos al interior de un domicilio, hecho que dejó un fallecido. Semanas después, el resto de la organización fue capturado en un amplio operativo conjunto de la PDI y la Fiscalía, que involucró a cerca de 300 funcionarios. Las penas definitivas para los condenados se darán a conocer el 5 de diciembre, tras un juicio que se extendió por un mes.
El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, presentó nuevos antecedentes ante la Fiscalía Regional tras una auditoría que detectó presuntas irregularidades financieras en el Centro de Investigación Científico y Tecnológico para la Minería (CICITEM). El informe reveló el traspaso de cerca de $400 millones desde cuentas institucionales hacia cuentas personales del exgerente general del organismo. A raíz de estos hallazgos, el Gobierno Regional decidió suspender de manera indefinida la entrega de recursos al CICITEM. Según explicó Díaz, la auditoría advirtió “riesgos en el uso de fondos públicos” debido a la falta de control interno y de seguimiento financiero. El informe fue entregado tanto a la Fiscalía Regional como al cuerpo de consejeros regionales, y también será remitido a la Contraloría General de la República. Además, se evalúa la presentación de una querella por fraude al fisco contra los responsables. Díaz anunció que se revisará la permanencia del Gobierno Regional como socio del CICITEM, argumentando que las actuales condiciones “no ofrecen garantías de transparencia ni seguridad en el uso de fondos públicos”. La investigación busca determinar las eventuales responsabilidades del exgerente general, Rubén Rojo, y de otros funcionarios del área financiera.
La Fiscalía Regional de Antofagasta obtuvo 38 condenas contra los integrantes de una organización criminal que operó durante años en el campamento Génesis, liderada por un sujeto identificado con los alias de “Satanás” o “Zeus”. El Tribunal Oral en lo Penal acreditó delitos de asociación criminal, homicidios consumados y frustrados, tráfico de drogas, amenazas, porte ilegal de armas y tenencia de municiones. Según el fiscal regional Juan Castro Bekios, este veredicto se transforma en el primero dictado en la región bajo la figura de asociación criminal, reemplazando la antigua tipificación de asociación ilícita. La investigación estableció que la banda no solo controlaba la venta de drogas en el asentamiento, sino que también ejercía un dominio total sobre los residentes, cobrando por el uso de viviendas, electricidad, agua y otros servicios. El desmantelamiento del grupo comenzó en mayo de 2024, cuando su líder fue detenido por Carabineros tras huir del campamento y realizar disparos al interior de un domicilio, hecho que dejó un fallecido. Semanas después, el resto de la organización fue capturado en un amplio operativo conjunto de la PDI y la Fiscalía, que involucró a cerca de 300 funcionarios. Las penas definitivas para los condenados se darán a conocer el 5 de diciembre, tras un juicio que se extendió por un mes.
El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, presentó nuevos antecedentes ante la Fiscalía Regional tras una auditoría que detectó presuntas irregularidades financieras en el Centro de Investigación Científico y Tecnológico para la Minería (CICITEM). El informe reveló el traspaso de cerca de $400 millones desde cuentas institucionales hacia cuentas personales del exgerente general del organismo. A raíz de estos hallazgos, el Gobierno Regional decidió suspender de manera indefinida la entrega de recursos al CICITEM. Según explicó Díaz, la auditoría advirtió “riesgos en el uso de fondos públicos” debido a la falta de control interno y de seguimiento financiero. El informe fue entregado tanto a la Fiscalía Regional como al cuerpo de consejeros regionales, y también será remitido a la Contraloría General de la República. Además, se evalúa la presentación de una querella por fraude al fisco contra los responsables. Díaz anunció que se revisará la permanencia del Gobierno Regional como socio del CICITEM, argumentando que las actuales condiciones “no ofrecen garantías de transparencia ni seguridad en el uso de fondos públicos”. La investigación busca determinar las eventuales responsabilidades del exgerente general, Rubén Rojo, y de otros funcionarios del área financiera.
