El diputado por la Región de Antofagasta, Sebastián Videla, presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI) tras recibir antecedentes de vecinos que habrían sido víctimas de extorsión luego de solicitar créditos mediante una aplicación no regulada. De acuerdo con los afectados, tras aceptar los préstamos comenzaron a recibir mensajes intimidatorios a través de WhatsApp, correo electrónico y llamadas internacionales. En algunos casos, se enviaron imágenes personales acompañadas de amenazas directas. Una de las víctimas relató que, tras pedir $50 mil a través de la aplicación RapiRapa, recibió sin su consentimiento un depósito adicional de $80 mil, con la exigencia de devolver $111 mil en tres días hábiles. Al no cumplir el plazo, comenzó a recibir amenazas de visita a su domicilio, correos cifrados y fotografías de desconocidos. El parlamentario instó a evitar el uso de estas plataformas informales y a denunciar cualquier situación similar, advirtiendo que operan sin regulación ni garantías para el usuario. Desde la PDI informaron que investigan el origen de la aplicación y la red vinculada a las amenazas.
Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron rescatar a dos personas que permanecían secuestradas en Antofagasta y eran objeto de extorsión por parte de una banda criminal con presuntos nexos internacionales. La operación se originó a partir de una denuncia recibida por la policía, en la que se informó sobre el envío de un video desde Perú. En las imágenes se veía a un hombre siendo amenazado por sus captores, quienes exigían una suma de dinero bajo amenaza de muerte. En un segundo registro, la víctima aparecía amarrada, siendo agredida y obligada a mencionar la supuesta pertenencia de sus captores a una organización criminal. Tras verificar la autenticidad de los registros, los detectives iniciaron una investigación que incluyó el contacto con familiares de una de las víctimas. Estos confirmaron haber sido extorsionados y haber transferido 500 soles, aunque desconocían el paradero de la persona afectada. Gracias a labores de inteligencia policial, se logró ubicar el domicilio donde las víctimas estaban retenidas. Durante un operativo realizado en flagrancia, los oficiales encontraron a ambas personas, quienes se encontraban en estado de shock, y detuvieron a los presuntos responsables. En el procedimiento se incautaron elementos utilizados para intimidar y agredir a las víctimas, entre ellos amarras, un cable y $124.000 en efectivo, dinero que habría sido enviado desde Perú por instrucción de los imputados. El subprefecto Manuel González, jefe de la unidad especializada, destacó que la rápida acción policial permitió rescatar a las víctimas y desarticular a esta red delictual dedicada al secuestro y la extorsión. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público. Los tres detenidos, de nacionalidad venezolana, fueron formalizados por los delitos de secuestro extorsivo y tráfico de drogas en pequeñas cantidades. El tribunal decretó prisión preventiva para todos, considerando el peligro que representan para la seguridad de la sociedad, y fijó un plazo de investigación de 100 días. Desde la Seremi de Seguridad Pública, el seremi (s) Ignacio Rivera Muñoz valoró el operativo y señaló que el gobierno trabaja en instancias de coordinación como el Comité Policial y el Consejo Regional contra el Crimen Organizado para prevenir y abordar delitos como el secuestro. Rivera indicó que en lo que va de 2025 se ha registrado una disminución del 25% en este tipo de casos en comparación con el año anterior, aclarando que la mayoría corresponden a robos con retención de personas, más que a acciones de crimen organizado.
El diputado por la Región de Antofagasta, Sebastián Videla, presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI) tras recibir antecedentes de vecinos que habrían sido víctimas de extorsión luego de solicitar créditos mediante una aplicación no regulada. De acuerdo con los afectados, tras aceptar los préstamos comenzaron a recibir mensajes intimidatorios a través de WhatsApp, correo electrónico y llamadas internacionales. En algunos casos, se enviaron imágenes personales acompañadas de amenazas directas. Una de las víctimas relató que, tras pedir $50 mil a través de la aplicación RapiRapa, recibió sin su consentimiento un depósito adicional de $80 mil, con la exigencia de devolver $111 mil en tres días hábiles. Al no cumplir el plazo, comenzó a recibir amenazas de visita a su domicilio, correos cifrados y fotografías de desconocidos. El parlamentario instó a evitar el uso de estas plataformas informales y a denunciar cualquier situación similar, advirtiendo que operan sin regulación ni garantías para el usuario. Desde la PDI informaron que investigan el origen de la aplicación y la red vinculada a las amenazas.
Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron rescatar a dos personas que permanecían secuestradas en Antofagasta y eran objeto de extorsión por parte de una banda criminal con presuntos nexos internacionales. La operación se originó a partir de una denuncia recibida por la policía, en la que se informó sobre el envío de un video desde Perú. En las imágenes se veía a un hombre siendo amenazado por sus captores, quienes exigían una suma de dinero bajo amenaza de muerte. En un segundo registro, la víctima aparecía amarrada, siendo agredida y obligada a mencionar la supuesta pertenencia de sus captores a una organización criminal. Tras verificar la autenticidad de los registros, los detectives iniciaron una investigación que incluyó el contacto con familiares de una de las víctimas. Estos confirmaron haber sido extorsionados y haber transferido 500 soles, aunque desconocían el paradero de la persona afectada. Gracias a labores de inteligencia policial, se logró ubicar el domicilio donde las víctimas estaban retenidas. Durante un operativo realizado en flagrancia, los oficiales encontraron a ambas personas, quienes se encontraban en estado de shock, y detuvieron a los presuntos responsables. En el procedimiento se incautaron elementos utilizados para intimidar y agredir a las víctimas, entre ellos amarras, un cable y $124.000 en efectivo, dinero que habría sido enviado desde Perú por instrucción de los imputados. El subprefecto Manuel González, jefe de la unidad especializada, destacó que la rápida acción policial permitió rescatar a las víctimas y desarticular a esta red delictual dedicada al secuestro y la extorsión. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público. Los tres detenidos, de nacionalidad venezolana, fueron formalizados por los delitos de secuestro extorsivo y tráfico de drogas en pequeñas cantidades. El tribunal decretó prisión preventiva para todos, considerando el peligro que representan para la seguridad de la sociedad, y fijó un plazo de investigación de 100 días. Desde la Seremi de Seguridad Pública, el seremi (s) Ignacio Rivera Muñoz valoró el operativo y señaló que el gobierno trabaja en instancias de coordinación como el Comité Policial y el Consejo Regional contra el Crimen Organizado para prevenir y abordar delitos como el secuestro. Rivera indicó que en lo que va de 2025 se ha registrado una disminución del 25% en este tipo de casos en comparación con el año anterior, aclarando que la mayoría corresponden a robos con retención de personas, más que a acciones de crimen organizado.
