El acceso a la vivienda continúa siendo un desafío crítico en la Región de Antofagasta. De acuerdo con el informe Vivienda Pública 2024 de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), solo el 10% de los habitantes de la región tiene la capacidad económica para adquirir una vivienda promedio, como las del programa DS19, cuyo valor alcanza las 2.800 UF. Esto deja al 90% de la población fuera del mercado inmobiliario formal. El estudio también señala que apenas un 28% de las viviendas disponibles en la región tiene un precio inferior a las 3.000 UF, lo que reduce considerablemente las alternativas para familias de ingresos medios y bajos. Otro indicador relevante es el Price Income Ratio (PIR), que en Antofagasta llega a 10,9 años, cifra similar al promedio nacional de 11,4. Este valor clasifica la vivienda como “no asequible”, ya que implicaría que un hogar promedio debe destinar casi once años completos de ingresos para financiar una vivienda tipo. La situación se enmarca en un déficit habitacional de 50.847 viviendas en la región. De ellas, 37.123 corresponden a déficit cuantitativo —como hogares allegados o viviendas irrecuperables—, mientras que 12.824 familias residen en campamentos y 900 hogares se encuentran en situación de calle. Fuente: SoyChile
El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por la constructora Guzmán y Larraín SpA y confirmó la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que impuso una multa de 88 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de 72 millones de pesos, por exceder los límites de la norma de emisión de ruidos durante la construcción del Edificio Barlovento, en Antofagasta. La empresa había alegado irregularidades en los plazos y en la tramitación del procedimiento sancionatorio, así como en la evaluación de su recurso de reposición y del programa de cumplimiento que presentó. Sin embargo, el fallo determinó que los plazos administrativos no eran fatales, que la potestad sancionadora mantiene su validez mientras subsistan los hechos que la motivaron, y que la metodología de la SMA para medir la contaminación acústica y calcular el beneficio económico obtenido estaba debidamente respaldada. El tribunal también consideró que la compañía, con más de 39 años en el rubro, conocía las obligaciones legales, lo que incide en la determinación de su responsabilidad. Además, constató que la empresa introdujo en sede judicial argumentos que no había planteado previamente. La sanción se originó en tres denuncias de vecinos en 2021 por ruidos molestos, tras lo cual la SMA realizó mediciones que detectaron excedencias de 12 y 16 decibeles sobre lo permitido. El programa de cumplimiento presentado por la constructora fue rechazado por no cumplir criterios de idoneidad y verificabilidad, quedando firme la sanción que ahora fue ratificada judicialmente. Fuente: Timeline
El acceso a la vivienda continúa siendo un desafío crítico en la Región de Antofagasta. De acuerdo con el informe Vivienda Pública 2024 de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), solo el 10% de los habitantes de la región tiene la capacidad económica para adquirir una vivienda promedio, como las del programa DS19, cuyo valor alcanza las 2.800 UF. Esto deja al 90% de la población fuera del mercado inmobiliario formal. El estudio también señala que apenas un 28% de las viviendas disponibles en la región tiene un precio inferior a las 3.000 UF, lo que reduce considerablemente las alternativas para familias de ingresos medios y bajos. Otro indicador relevante es el Price Income Ratio (PIR), que en Antofagasta llega a 10,9 años, cifra similar al promedio nacional de 11,4. Este valor clasifica la vivienda como “no asequible”, ya que implicaría que un hogar promedio debe destinar casi once años completos de ingresos para financiar una vivienda tipo. La situación se enmarca en un déficit habitacional de 50.847 viviendas en la región. De ellas, 37.123 corresponden a déficit cuantitativo —como hogares allegados o viviendas irrecuperables—, mientras que 12.824 familias residen en campamentos y 900 hogares se encuentran en situación de calle. Fuente: SoyChile
El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por la constructora Guzmán y Larraín SpA y confirmó la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que impuso una multa de 88 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de 72 millones de pesos, por exceder los límites de la norma de emisión de ruidos durante la construcción del Edificio Barlovento, en Antofagasta. La empresa había alegado irregularidades en los plazos y en la tramitación del procedimiento sancionatorio, así como en la evaluación de su recurso de reposición y del programa de cumplimiento que presentó. Sin embargo, el fallo determinó que los plazos administrativos no eran fatales, que la potestad sancionadora mantiene su validez mientras subsistan los hechos que la motivaron, y que la metodología de la SMA para medir la contaminación acústica y calcular el beneficio económico obtenido estaba debidamente respaldada. El tribunal también consideró que la compañía, con más de 39 años en el rubro, conocía las obligaciones legales, lo que incide en la determinación de su responsabilidad. Además, constató que la empresa introdujo en sede judicial argumentos que no había planteado previamente. La sanción se originó en tres denuncias de vecinos en 2021 por ruidos molestos, tras lo cual la SMA realizó mediciones que detectaron excedencias de 12 y 16 decibeles sobre lo permitido. El programa de cumplimiento presentado por la constructora fue rechazado por no cumplir criterios de idoneidad y verificabilidad, quedando firme la sanción que ahora fue ratificada judicialmente. Fuente: Timeline
