La Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó la prisión preventiva de F.A.B.G., exinspector de un establecimiento educacional, acusado por el Ministerio Público como autor de delitos reiterados de captación y grabación de imágenes íntimas, además de abuso sexual sin contacto corporal contra menores de 14 años. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido desde 2015 tanto en la vía pública como en recintos educacionales de Antofagasta, donde el imputado se desempeñaba como paradocente. El acusado fue sorprendido el 10 de abril de este año mientras grababa con su celular a una adolescente en la vía pública. En el análisis posterior de su dispositivo, la policía encontró múltiples registros similares. En un fallo dividido, la Primera Sala del tribunal de alzada revocó la decisión del Juzgado de Garantía, que había rechazado la prisión preventiva. El tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público, que destacó el riesgo de reiteración delictiva, dada la conducta sostenida del imputado y el uso de tecnología para ocultar sus acciones. La resolución indica que las acciones del acusado afectaron la indemnidad sexual de un número indeterminado de menores, incluso de trabajadoras del mismo establecimiento. El imputado reconoció los hechos en su declaración, lo que permitió formalizarlo bajo el artículo 161 C del Código Penal. La decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro Opazo Lagos.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó la prisión preventiva de F.A.B.G., exinspector de un establecimiento educacional, acusado por el Ministerio Público como autor de delitos reiterados de captación y grabación de imágenes íntimas, además de abuso sexual sin contacto corporal contra menores de 14 años. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido desde 2015 tanto en la vía pública como en recintos educacionales de Antofagasta, donde el imputado se desempeñaba como paradocente. El acusado fue sorprendido el 10 de abril de este año mientras grababa con su celular a una adolescente en la vía pública. En el análisis posterior de su dispositivo, la policía encontró múltiples registros similares. En un fallo dividido, la Primera Sala del tribunal de alzada revocó la decisión del Juzgado de Garantía, que había rechazado la prisión preventiva. El tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público, que destacó el riesgo de reiteración delictiva, dada la conducta sostenida del imputado y el uso de tecnología para ocultar sus acciones. La resolución indica que las acciones del acusado afectaron la indemnidad sexual de un número indeterminado de menores, incluso de trabajadoras del mismo establecimiento. El imputado reconoció los hechos en su declaración, lo que permitió formalizarlo bajo el artículo 161 C del Código Penal. La decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro Opazo Lagos.
