La defensa de Daniel Andrade, fundador de la fundación Democracia Viva y expareja de la diputada desaforada Catalina Pérez, solicitó la reapertura de la investigación en su contra en el marco del caso Convenios, donde enfrenta cargos por presunto fraude al Fisco. El requerimiento fue ingresado el viernes 22 de agosto ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, pocos días después de que el fiscal Cristián Aguilar presentara acusación solicitando una pena de 10 años de presidio para Andrade y otros tres imputados. La audiencia de preparación de juicio oral ya fue fijada por el tribunal. Según sus abogados, Ignacio Figueroa, Diego Sporman y Germán Cueto, la solicitud se fundamenta en que durante la audiencia del 12 de agosto, cuando se comunicó el cierre de la investigación, la Fiscalía reformalizó cargos incorporando nuevos hechos, entre ellos un presunto contrato de arrendamiento falso en Ñuñoa para justificar el domicilio tributario de Democracia Viva ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). La defensa calificó estas imputaciones como “superficiales, infundadas y carentes de respaldo probatorio” y solicitó diligencias como requerir al SII información sobre el inicio de actividades de la fundación y la documentación asociada. Asimismo, consideraron “inadmisible” que se cerrara la investigación el mismo día de la reformalización, afirmando que no se han agotado las indagatorias necesarias.
La defensa de Daniel Andrade, fundador de la fundación Democracia Viva y expareja de la diputada desaforada Catalina Pérez, solicitó la reapertura de la investigación en su contra en el marco del caso Convenios, donde enfrenta cargos por presunto fraude al Fisco. El requerimiento fue ingresado el viernes 22 de agosto ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, pocos días después de que el fiscal Cristián Aguilar presentara acusación solicitando una pena de 10 años de presidio para Andrade y otros tres imputados. La audiencia de preparación de juicio oral ya fue fijada por el tribunal. Según sus abogados, Ignacio Figueroa, Diego Sporman y Germán Cueto, la solicitud se fundamenta en que durante la audiencia del 12 de agosto, cuando se comunicó el cierre de la investigación, la Fiscalía reformalizó cargos incorporando nuevos hechos, entre ellos un presunto contrato de arrendamiento falso en Ñuñoa para justificar el domicilio tributario de Democracia Viva ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). La defensa calificó estas imputaciones como “superficiales, infundadas y carentes de respaldo probatorio” y solicitó diligencias como requerir al SII información sobre el inicio de actividades de la fundación y la documentación asociada. Asimismo, consideraron “inadmisible” que se cerrara la investigación el mismo día de la reformalización, afirmando que no se han agotado las indagatorias necesarias.
