La defensa de Daniel Andrade, fundador de la fundación Democracia Viva y expareja de la diputada desaforada Catalina Pérez, solicitó la reapertura de la investigación en su contra en el marco del caso Convenios, donde enfrenta cargos por presunto fraude al Fisco. El requerimiento fue ingresado el viernes 22 de agosto ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, pocos días después de que el fiscal Cristián Aguilar presentara acusación solicitando una pena de 10 años de presidio para Andrade y otros tres imputados. La audiencia de preparación de juicio oral ya fue fijada por el tribunal. Según sus abogados, Ignacio Figueroa, Diego Sporman y Germán Cueto, la solicitud se fundamenta en que durante la audiencia del 12 de agosto, cuando se comunicó el cierre de la investigación, la Fiscalía reformalizó cargos incorporando nuevos hechos, entre ellos un presunto contrato de arrendamiento falso en Ñuñoa para justificar el domicilio tributario de Democracia Viva ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). La defensa calificó estas imputaciones como “superficiales, infundadas y carentes de respaldo probatorio” y solicitó diligencias como requerir al SII información sobre el inicio de actividades de la fundación y la documentación asociada. Asimismo, consideraron “inadmisible” que se cerrara la investigación el mismo día de la reformalización, afirmando que no se han agotado las indagatorias necesarias.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesaba sobre Daniel Andrade, fundador de la Fundación Democracia Viva, y la reemplazó por arresto domiciliario nocturno. La resolución, adoptada por la Segunda Sala del tribunal, permitirá que Andrade transite libremente durante el día mientras continúa siendo investigado por presunto fraude al fisco en el marco del denominado Caso Convenios. La causa involucra a cuatro personas formalizadas, entre ellas la diputada desaforada Catalina Pérez (ex Revolución Democrática), quien enfrenta cargos por fraude al fisco reiterado y permanece con arresto domiciliario total. También está imputada Paz Fuica, exconcejal de Antofagasta, bajo la misma medida cautelar. El más comprometido judicialmente es Carlos Contreras, exseremi de Vivienda en Antofagasta y exjefe de gabinete de Pérez, quien enfrenta múltiples cargos relacionados con corrupción y se encuentra en prisión preventiva. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos se originan en la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda —cuando era dirigida por Contreras— y la Fundación Democracia Viva, entonces liderada por Andrade. Estos contratos permitieron el traspaso de $426 millones para trabajos en campamentos, los cuales, según la Fiscalía, se habrían ejecutado de forma irregular. Durante la formalización de la diputada Pérez, se expuso que habría intervenido directamente para favorecer a la fundación, pese a que esta no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia. También se señaló la utilización de un contrato de arriendo falso para inscribir un domicilio en Ñuñoa, presuntamente con conocimiento de la parlamentaria, quien incluso habría ofrecido dinero a Andrade para mantener la versión oficial sobre dicha dirección.
La defensa de Daniel Andrade, fundador de la fundación Democracia Viva y expareja de la diputada desaforada Catalina Pérez, solicitó la reapertura de la investigación en su contra en el marco del caso Convenios, donde enfrenta cargos por presunto fraude al Fisco. El requerimiento fue ingresado el viernes 22 de agosto ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, pocos días después de que el fiscal Cristián Aguilar presentara acusación solicitando una pena de 10 años de presidio para Andrade y otros tres imputados. La audiencia de preparación de juicio oral ya fue fijada por el tribunal. Según sus abogados, Ignacio Figueroa, Diego Sporman y Germán Cueto, la solicitud se fundamenta en que durante la audiencia del 12 de agosto, cuando se comunicó el cierre de la investigación, la Fiscalía reformalizó cargos incorporando nuevos hechos, entre ellos un presunto contrato de arrendamiento falso en Ñuñoa para justificar el domicilio tributario de Democracia Viva ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). La defensa calificó estas imputaciones como “superficiales, infundadas y carentes de respaldo probatorio” y solicitó diligencias como requerir al SII información sobre el inicio de actividades de la fundación y la documentación asociada. Asimismo, consideraron “inadmisible” que se cerrara la investigación el mismo día de la reformalización, afirmando que no se han agotado las indagatorias necesarias.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesaba sobre Daniel Andrade, fundador de la Fundación Democracia Viva, y la reemplazó por arresto domiciliario nocturno. La resolución, adoptada por la Segunda Sala del tribunal, permitirá que Andrade transite libremente durante el día mientras continúa siendo investigado por presunto fraude al fisco en el marco del denominado Caso Convenios. La causa involucra a cuatro personas formalizadas, entre ellas la diputada desaforada Catalina Pérez (ex Revolución Democrática), quien enfrenta cargos por fraude al fisco reiterado y permanece con arresto domiciliario total. También está imputada Paz Fuica, exconcejal de Antofagasta, bajo la misma medida cautelar. El más comprometido judicialmente es Carlos Contreras, exseremi de Vivienda en Antofagasta y exjefe de gabinete de Pérez, quien enfrenta múltiples cargos relacionados con corrupción y se encuentra en prisión preventiva. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos se originan en la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda —cuando era dirigida por Contreras— y la Fundación Democracia Viva, entonces liderada por Andrade. Estos contratos permitieron el traspaso de $426 millones para trabajos en campamentos, los cuales, según la Fiscalía, se habrían ejecutado de forma irregular. Durante la formalización de la diputada Pérez, se expuso que habría intervenido directamente para favorecer a la fundación, pese a que esta no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia. También se señaló la utilización de un contrato de arriendo falso para inscribir un domicilio en Ñuñoa, presuntamente con conocimiento de la parlamentaria, quien incluso habría ofrecido dinero a Andrade para mantener la versión oficial sobre dicha dirección.
