La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó este miércoles el recurso presentado por el Ministerio Público contra la resolución que declaró inadmisible la apelación interpuesta tras la declaración de incompetencia del Juzgado de Garantía en el denominado caso Procultura. En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada —integrada por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jaime Rojas Mundaca y la abogada integrante Luisa Cortés Sánchez— desestimó la acción por considerarla improcedente. Según el dictamen, las resoluciones emitidas por un juez de garantía solo pueden ser apeladas cuando ponen término al procedimiento, impiden su continuación, lo suspenden por más de treinta días o cuando la ley lo dispone expresamente, de acuerdo con el artículo 370 del Código Procesal Penal. El tribunal explicó que la resolución cuestionada se refiere a un incidente de declinatoria de competencia, mecanismo que busca trasladar el conocimiento de una causa a otro tribunal que se estime competente. Por tanto, la declaración de incompetencia no pone fin al proceso ni impide su prosecución, sino que únicamente determina cuál tribunal deberá continuar con la causa. Asimismo, la Corte concluyó que la resolución no encuadra en ninguno de los supuestos legales que habilitan la apelación, ya que no suspende el procedimiento por más de treinta días ni existe una norma que autorice expresamente este recurso en dicho contexto.
Un informe entregado por CGE reveló que los accidentes de tránsito que provocan daños a la infraestructura eléctrica —como postes, transformadores y cables— se han convertido en una de las principales causas de interrupciones de suministro durante el primer semestre de 2025. En total, se registraron 1.953 incidentes de este tipo en la zona de concesión de la compañía, que abarca desde Arica y Parinacota hasta La Araucanía. Antofagasta figura entre las comunas con mayor número de accidentes, con 121 eventos reportados entre enero y junio, ubicándose en el primer lugar del “Top Ten” nacional. Como consecuencia, 118.459 clientes en la región resultaron afectados por cortes de energía derivados de estos hechos. Según el reporte, en promedio se produjeron 11 accidentes al día en todo el país, provocando la interrupción del suministro para 1.609.823 clientes durante el semestre. No obstante, solo en el 28% de los casos se logró identificar al responsable del accidente, lo que complica la recuperación de costos y la responsabilidad legal. “El problema se ha incrementado en los últimos años y es urgente reforzar campañas de prevención. Nos preocupa profundamente el impacto que esto tiene en la continuidad del suministro eléctrico para nuestros clientes”, señaló Daniel Fredes, subdirector de Operaciones de CGE. El 65% de los accidentes provocó interrupciones prolongadas, mientras que la reparación de la infraestructura dañada puede tomar entre seis y ocho horas por evento, lo que afecta directamente la calidad de vida de los usuarios. Desde CGE reiteraron el llamado a extremar medidas de seguridad, especialmente al acercarse a zonas donde existan cables o postes dañados. En caso de emergencia, la empresa dispone de sus canales de atención gratuitos como el número 800 800 767 y la aplicación CGE 1click.
La Corte Suprema rechazó un recurso de nulidad presentado por la defensa de Joaquín Poblete y confirmó la condena de 5 años y un día de presidio efectivo por el delito de receptación de vehículos motorizados, en un caso ocurrido en agosto de 2022 en Antofagasta. Poblete fue sorprendido en un taller mecánico donde se encontraban dos automóviles con encargo por robo. Su defensa alegó que el ingreso de funcionarios policiales al lugar se realizó sin la autorización del arrendatario ni una orden judicial, lo que, según argumentaron, habría vulnerado garantías del debido proceso. Sin embargo, la Segunda Sala del máximo tribunal desestimó esta tesis, señalando que la presunta vulneración afectaría a un tercero —Rodrigo Arellano— quien no compareció en el juicio ni presentó objeción formal alguna. “Los reclamos descansan únicamente en infracciones que la defensa observa respecto de las actuaciones que habrían afectado derechos de terceros”, indicó el fallo. La resolución también estableció que, para que proceda una nulidad, debe acreditarse un perjuicio concreto al recurrente. En este caso, la Corte concluyó que no hubo afectación directa a los derechos del condenado, por lo que desestimó la solicitud y ratificó la sentencia.
Un preocupante aumento en los robos a infraestructura de transmisión eléctrica se ha registrado en todo el país, y la Región de Antofagasta no ha estado ajena a esta tendencia. Según datos entregados por la asociación gremial Transmisoras de Chile A.G, entre 2021 y 2023 se reportaron más de 200 robos en líneas de transmisión y subestaciones a nivel nacional, con un perjuicio económico estimado superior a los 2 millones de dólares por concepto de materiales sustraídos. En lo que va del año 2024, se han registrado 70 robos en instalaciones de transmisión eléctrica en todo el país. De ellos, el 20% ha ocurrido en la Región de Antofagasta, siendo la comuna de Mejillones la que concentra la mayor cantidad de incidentes. A diferencia de la zona centro-sur del país, donde predomina el robo de conductores y cables de cobre, en Antofagasta los delincuentes sustraen principalmente piezas estructurales de torres de alta tensión y materiales desde subestaciones. Solo en esta región, las pérdidas asociadas a la sustracción de estos elementos durante 2024 superan los 300 mil dólares, sin considerar los costos de reposición ni las inversiones adicionales en seguridad. Fuente: SoyAntofagasta
La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó este miércoles el recurso presentado por el Ministerio Público contra la resolución que declaró inadmisible la apelación interpuesta tras la declaración de incompetencia del Juzgado de Garantía en el denominado caso Procultura. En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada —integrada por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jaime Rojas Mundaca y la abogada integrante Luisa Cortés Sánchez— desestimó la acción por considerarla improcedente. Según el dictamen, las resoluciones emitidas por un juez de garantía solo pueden ser apeladas cuando ponen término al procedimiento, impiden su continuación, lo suspenden por más de treinta días o cuando la ley lo dispone expresamente, de acuerdo con el artículo 370 del Código Procesal Penal. El tribunal explicó que la resolución cuestionada se refiere a un incidente de declinatoria de competencia, mecanismo que busca trasladar el conocimiento de una causa a otro tribunal que se estime competente. Por tanto, la declaración de incompetencia no pone fin al proceso ni impide su prosecución, sino que únicamente determina cuál tribunal deberá continuar con la causa. Asimismo, la Corte concluyó que la resolución no encuadra en ninguno de los supuestos legales que habilitan la apelación, ya que no suspende el procedimiento por más de treinta días ni existe una norma que autorice expresamente este recurso en dicho contexto.
Un informe entregado por CGE reveló que los accidentes de tránsito que provocan daños a la infraestructura eléctrica —como postes, transformadores y cables— se han convertido en una de las principales causas de interrupciones de suministro durante el primer semestre de 2025. En total, se registraron 1.953 incidentes de este tipo en la zona de concesión de la compañía, que abarca desde Arica y Parinacota hasta La Araucanía. Antofagasta figura entre las comunas con mayor número de accidentes, con 121 eventos reportados entre enero y junio, ubicándose en el primer lugar del “Top Ten” nacional. Como consecuencia, 118.459 clientes en la región resultaron afectados por cortes de energía derivados de estos hechos. Según el reporte, en promedio se produjeron 11 accidentes al día en todo el país, provocando la interrupción del suministro para 1.609.823 clientes durante el semestre. No obstante, solo en el 28% de los casos se logró identificar al responsable del accidente, lo que complica la recuperación de costos y la responsabilidad legal. “El problema se ha incrementado en los últimos años y es urgente reforzar campañas de prevención. Nos preocupa profundamente el impacto que esto tiene en la continuidad del suministro eléctrico para nuestros clientes”, señaló Daniel Fredes, subdirector de Operaciones de CGE. El 65% de los accidentes provocó interrupciones prolongadas, mientras que la reparación de la infraestructura dañada puede tomar entre seis y ocho horas por evento, lo que afecta directamente la calidad de vida de los usuarios. Desde CGE reiteraron el llamado a extremar medidas de seguridad, especialmente al acercarse a zonas donde existan cables o postes dañados. En caso de emergencia, la empresa dispone de sus canales de atención gratuitos como el número 800 800 767 y la aplicación CGE 1click.
La Corte Suprema rechazó un recurso de nulidad presentado por la defensa de Joaquín Poblete y confirmó la condena de 5 años y un día de presidio efectivo por el delito de receptación de vehículos motorizados, en un caso ocurrido en agosto de 2022 en Antofagasta. Poblete fue sorprendido en un taller mecánico donde se encontraban dos automóviles con encargo por robo. Su defensa alegó que el ingreso de funcionarios policiales al lugar se realizó sin la autorización del arrendatario ni una orden judicial, lo que, según argumentaron, habría vulnerado garantías del debido proceso. Sin embargo, la Segunda Sala del máximo tribunal desestimó esta tesis, señalando que la presunta vulneración afectaría a un tercero —Rodrigo Arellano— quien no compareció en el juicio ni presentó objeción formal alguna. “Los reclamos descansan únicamente en infracciones que la defensa observa respecto de las actuaciones que habrían afectado derechos de terceros”, indicó el fallo. La resolución también estableció que, para que proceda una nulidad, debe acreditarse un perjuicio concreto al recurrente. En este caso, la Corte concluyó que no hubo afectación directa a los derechos del condenado, por lo que desestimó la solicitud y ratificó la sentencia.
Un preocupante aumento en los robos a infraestructura de transmisión eléctrica se ha registrado en todo el país, y la Región de Antofagasta no ha estado ajena a esta tendencia. Según datos entregados por la asociación gremial Transmisoras de Chile A.G, entre 2021 y 2023 se reportaron más de 200 robos en líneas de transmisión y subestaciones a nivel nacional, con un perjuicio económico estimado superior a los 2 millones de dólares por concepto de materiales sustraídos. En lo que va del año 2024, se han registrado 70 robos en instalaciones de transmisión eléctrica en todo el país. De ellos, el 20% ha ocurrido en la Región de Antofagasta, siendo la comuna de Mejillones la que concentra la mayor cantidad de incidentes. A diferencia de la zona centro-sur del país, donde predomina el robo de conductores y cables de cobre, en Antofagasta los delincuentes sustraen principalmente piezas estructurales de torres de alta tensión y materiales desde subestaciones. Solo en esta región, las pérdidas asociadas a la sustracción de estos elementos durante 2024 superan los 300 mil dólares, sin considerar los costos de reposición ni las inversiones adicionales en seguridad. Fuente: SoyAntofagasta
