La discusión en torno al futuro del Crédito con Aval del Estado (CAE) sigue siendo tema de debate en Chile. En esta ocasión, una reciente encuesta realizada por Plaza Pública Cadem reveló que la mayoría de los consultados respalda las medidas de cobro propuestas por la Tesorería General de la República (TGR) contra aquellos que no han saldado sus deudas a pesar de tener altos ingresos mensuales. De acuerdo con el sondeo, un 54% de los encuestados está a favor de que la TGR embargue las cuentas bancarias de los deudores del CAE que ganan más de $3,5 millones al mes. Por otro lado, un 41% expresó su desacuerdo con este tipo de acciones. Los resultados también reflejan una postura mayoritaria a favor del pago de las deudas. Un 53% considera que los beneficiarios del crédito deben cumplir con sus obligaciones, ya que recibieron apoyo estatal para financiar sus estudios superiores. En contraste, un 43% opina que debería haber una condonación total o parcial debido a las críticas históricas hacia el sistema. El respaldo ciudadano se extiende a otras medidas para recuperar recursos. Un 79% está a favor de que el Estado ofrezca acuerdos de pago para los deudores con mayores ingresos, mientras que un 70% apoya la posibilidad de cobrar las obligaciones pendientes a través de procesos judiciales o administrativos. Uno de los puntos sensibles abordados por la encuesta fue el impacto de la promesa electoral hecha por el Presidente Gabriel Boric durante la campaña presidencial de 2021, donde planteó la opción de condonar la deuda del CAE. Frente a la afirmación de que muchas personas dejaron de pagar el crédito esperando que se cumpliera dicha promesa, un 67% estuvo de acuerdo, mientras que un 27% lo rechazó. Estos resultados surgen en medio del debate sobre la reforma en el financiamiento de la educación superior y el futuro de los miles de personas endeudadas con el Estado, una discusión que continúa generando divisiones tanto en el ámbito político como entre la ciudadanía. Fuente: Publimetro
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se pronunció públicamente sobre la controversia surgida por los embargos a cuentas bancarias realizados por la Tesorería General de la República (TGR) contra deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE). Sus declaraciones tuvieron lugar el 11 de junio durante la presentación de su nuevo libro titulado “La montaña rusa. Crónica de una crisis y cómo se superó”, obra centrada en los ciclos financieros y sociales ocurridos en Chile entre 2019 y 2024. Cuando se le consultó sobre el proceso de retención de fondos llevado a cabo por el ente fiscalizador, el economista decidió no emitir un juicio de valor directo ni opinar sobre la estrategia adoptada por el Gobierno actual. Marcel expresó claramente su decisión de no dar una opinión personal o política acerca de las acciones tomadas por la administración central en este asunto. Sin embargo, el exministro de Hacienda hizo una aclaración técnica sobre los argumentos legales que han sido discutidos en el debate. En sus palabras: “Quisiera en eso dejar claro que la ley de cumplimiento tributario se hizo para el cobro de las deudas tributarias o agilizar los procedimientos tributarios. La norma que se está citando está en el código tributario, así que no es algo ni que se haya pensado eh para aplicarse a otras materias”. Marcel señaló que la normativa invocada para respaldar los embargos pertenece originalmente al Código Tributario, descartando que haya sido diseñada para ser utilizada en temas distintos a la recaudación fiscal propiamente dicha. En cuanto a la validez legal del método implementado por la Tesorería para perseguir los saldos pendientes de los profesionales, el exsecretario de Estado optó por no emitir una opinión jurídica definitiva. Marcel afirmó que corresponderá a los expertos en derecho y a los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República evaluar si estas medidas punitivas son correctas o irregulares. Por último, el autor del libro enfatizó que las acciones a corto plazo destinadas a reprogramar las deudas o llevar a cabo cobranzas coercitivas resultan insuficientes para abordar integralmente el problema. Marcel concluyó afirmando que: “el tema del financiamiento de los estudiantes, más allá de lo que se puede hacer en el corto plazo en materia de cobranza, reprogramación, etcétera, requiere de todas maneras una solución más de fondo y ojalá que pueda abrirse esa discusión legislativa”. Fuente: ADN Radio Nacional
La discusión en torno al futuro del Crédito con Aval del Estado (CAE) sigue siendo tema de debate en Chile. En esta ocasión, una reciente encuesta realizada por Plaza Pública Cadem reveló que la mayoría de los consultados respalda las medidas de cobro propuestas por la Tesorería General de la República (TGR) contra aquellos que no han saldado sus deudas a pesar de tener altos ingresos mensuales. De acuerdo con el sondeo, un 54% de los encuestados está a favor de que la TGR embargue las cuentas bancarias de los deudores del CAE que ganan más de $3,5 millones al mes. Por otro lado, un 41% expresó su desacuerdo con este tipo de acciones. Los resultados también reflejan una postura mayoritaria a favor del pago de las deudas. Un 53% considera que los beneficiarios del crédito deben cumplir con sus obligaciones, ya que recibieron apoyo estatal para financiar sus estudios superiores. En contraste, un 43% opina que debería haber una condonación total o parcial debido a las críticas históricas hacia el sistema. El respaldo ciudadano se extiende a otras medidas para recuperar recursos. Un 79% está a favor de que el Estado ofrezca acuerdos de pago para los deudores con mayores ingresos, mientras que un 70% apoya la posibilidad de cobrar las obligaciones pendientes a través de procesos judiciales o administrativos. Uno de los puntos sensibles abordados por la encuesta fue el impacto de la promesa electoral hecha por el Presidente Gabriel Boric durante la campaña presidencial de 2021, donde planteó la opción de condonar la deuda del CAE. Frente a la afirmación de que muchas personas dejaron de pagar el crédito esperando que se cumpliera dicha promesa, un 67% estuvo de acuerdo, mientras que un 27% lo rechazó. Estos resultados surgen en medio del debate sobre la reforma en el financiamiento de la educación superior y el futuro de los miles de personas endeudadas con el Estado, una discusión que continúa generando divisiones tanto en el ámbito político como entre la ciudadanía. Fuente: Publimetro
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se pronunció públicamente sobre la controversia surgida por los embargos a cuentas bancarias realizados por la Tesorería General de la República (TGR) contra deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE). Sus declaraciones tuvieron lugar el 11 de junio durante la presentación de su nuevo libro titulado “La montaña rusa. Crónica de una crisis y cómo se superó”, obra centrada en los ciclos financieros y sociales ocurridos en Chile entre 2019 y 2024. Cuando se le consultó sobre el proceso de retención de fondos llevado a cabo por el ente fiscalizador, el economista decidió no emitir un juicio de valor directo ni opinar sobre la estrategia adoptada por el Gobierno actual. Marcel expresó claramente su decisión de no dar una opinión personal o política acerca de las acciones tomadas por la administración central en este asunto. Sin embargo, el exministro de Hacienda hizo una aclaración técnica sobre los argumentos legales que han sido discutidos en el debate. En sus palabras: “Quisiera en eso dejar claro que la ley de cumplimiento tributario se hizo para el cobro de las deudas tributarias o agilizar los procedimientos tributarios. La norma que se está citando está en el código tributario, así que no es algo ni que se haya pensado eh para aplicarse a otras materias”. Marcel señaló que la normativa invocada para respaldar los embargos pertenece originalmente al Código Tributario, descartando que haya sido diseñada para ser utilizada en temas distintos a la recaudación fiscal propiamente dicha. En cuanto a la validez legal del método implementado por la Tesorería para perseguir los saldos pendientes de los profesionales, el exsecretario de Estado optó por no emitir una opinión jurídica definitiva. Marcel afirmó que corresponderá a los expertos en derecho y a los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República evaluar si estas medidas punitivas son correctas o irregulares. Por último, el autor del libro enfatizó que las acciones a corto plazo destinadas a reprogramar las deudas o llevar a cabo cobranzas coercitivas resultan insuficientes para abordar integralmente el problema. Marcel concluyó afirmando que: “el tema del financiamiento de los estudiantes, más allá de lo que se puede hacer en el corto plazo en materia de cobranza, reprogramación, etcétera, requiere de todas maneras una solución más de fondo y ojalá que pueda abrirse esa discusión legislativa”. Fuente: ADN Radio Nacional
