El paro de camioneros en Chile comenzó a generar consecuencias económicas en Bolivia, luego de que transportistas del país vecino denunciaran que más de 700 vehículos de carga permanecen detenidos en las ciudades de Arica e Iquique debido a las movilizaciones por el aumento de los combustibles. La situación llevó a la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) a declararse en estado de emergencia durante este jueves 12 de noviembre, tras tres jornadas de dificultades para movilizar mercancías a través de los principales corredores internacionales. Según el gremio, las pérdidas económicas alcanzan aproximadamente un millón de bolivianos diarios, equivalentes a unos US$85 mil, cifra que considera los perjuicios derivados de la paralización de operaciones de transporte. Camiones bolivianos no pueden acceder a puertos del norte de Chile El presidente de Cadetran, Álvaro Ayllón, advirtió que los bloqueos en las carreteras chilenas han impedido el desplazamiento normal de vehículos que utilizan los terminales portuarios de Arica, Iquique y Antofagasta. Estos puertos representan puntos estratégicos para el comercio exterior de Bolivia, ya que permiten movilizar mercancías de importación y exportación a través del océano Pacífico. El dirigente señaló que más de 700 camiones permanecen detenidos en Arica e Iquique, sin posibilidades de completar sus operaciones de carga y descarga. A estos vehículos se suman entre 100 y 150 unidades afectadas en el corredor de Antofagasta y Mejillones, de acuerdo con antecedentes difundidos por organizaciones del transporte boliviano. El problema también se extiende al territorio de Bolivia, donde más de 400 camiones cargados con productos de exportación esperan condiciones para ingresar a Chile. Transportistas denuncian pérdidas y multas por retrasos Las dificultades para acceder a los terminales portuarios están generando costos adicionales para las empresas de transporte internacional. Según Cadetran, las pérdidas alcanzan aproximadamente un millón de bolivianos por cada jornada de paralización, afectando principalmente a transportistas que dependen de los recorridos hacia los puertos chilenos. El dirigente de los transportistas de Santa Cruz, Marcelo Cruz, agregó que algunas operaciones enfrentan multas de hasta 2.000 bolivianos diarios, equivalentes a unos US$170, por retrasos relacionados con el ingreso a los terminales. Los representantes del sector sostienen que estas obligaciones económicas deben ser asumidas por los transportistas, pese a que las dificultades se originan en interrupciones externas a sus operaciones. Bolivia buscará gestiones diplomáticas para liberar el tránsito de carga Frente al escenario, los dirigentes bolivianos anunciaron que solicitarán la intervención de su Cancillería para establecer conversaciones con las autoridades chilenas. El objetivo es encontrar mecanismos que permitan habilitar el tránsito de los vehículos detenidos y garantizar el desplazamiento de mercancías hacia los puntos de descarga. Ayllón planteó la necesidad de establecer condiciones que permitan a los camioneros completar sus recorridos, considerando que las restricciones afectan directamente a la actividad comercial entre ambos países. La preocupación también alcanza al abastecimiento de combustibles en Bolivia, especialmente en su zona occidental, que depende parcialmente del ingreso de productos energéticos a través de puertos chilenos. Por ahora, las autoridades bolivianas no han confirmado un desabastecimiento como consecuencia de las movilizaciones. Gobierno chileno alcanza acuerdo, pero continúan algunas protestas Las manifestaciones de camioneros comenzaron el martes 10 de noviembre en distintas regiones de Chile, en rechazo al incremento de los precios del diésel y las gasolinas. Tras tres días de movilizaciones, el Gobierno anunció un acuerdo con las principales organizaciones del transporte de carga, que contempla una rebaja comprometida de $142 por litro de diésel y restricciones a nuevas alzas de combustibles hasta el 31 de marzo de 2027. El entendimiento también considera modificaciones tributarias para aliviar los costos operacionales del sector. Sin embargo, algunas agrupaciones independientes rechazaron las medidas y anunciaron que mantendrán las movilizaciones, especialmente en determinadas rutas del norte y sur del país. Por esta razón, la normalización del transporte internacional todavía depende de la evolución de las protestas y de la recuperación del tránsito en los principales corredores hacia los puertos. Comercio exterior de Bolivia enfrenta incertidumbre La situación refleja la importancia estratégica de las carreteras y puertos del norte de Chile para el movimiento de mercancías bolivianas. Los retrasos en el transporte afectan no solo a los conductores y empresas de carga, sino también a las operaciones logísticas, los compromisos comerciales y el abastecimiento de productos provenientes del exterior. Mientras los gremios esperan respuestas de las autoridades, cientos de camiones continúan afectados por las restricciones de circulación, con consecuencias económicas que aumentan por cada jornada de paralización. El sector boliviano mantiene su estado de emergencia y busca una solución que permita restablecer el flujo de carga entre ambos países.
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido por la policía el miércoles, dos días después de que Estados Unidos le cancelara su visa por supuestos vínculos con el narcotráfico, según informó una fuente del gobierno boliviano a la Agence France-Presse. Una fuente del Ministerio de Gobierno (Interior) confirmó la detención de Mariaca, sin revelar su identidad. Además, junto a él fue arrestado Alberto Zeballos, fiscal de Santa Cruz, también sancionado por Washington, según reportes locales. Ambos fueron incluidos en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos entre casi una veintena de funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia y Ecuador a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o conspiración contra sus respectivos gobiernos. La policía también allanó las oficinas de la fiscalía de Sucre el miércoles, como se pudo observar en una transmisión en vivo en las redes sociales de la entidad. Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, denunció la intervención ilegal mientras ella y sus colegas eran rodeados por policías encapuchados. Funcionarios de la Fiscalía General y la de Santa Cruz no respondieron inmediatamente a consultas de la AFP. Según el gobierno estadounidense, Mariaca recibió sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. El fiscal general negó estas acusaciones el lunes y afirmó que la decisión es un acto de injerencia y presión política debido a sus investigaciones. Fuente: Meganoticias
El paro de camioneros en Chile comenzó a generar consecuencias económicas en Bolivia, luego de que transportistas del país vecino denunciaran que más de 700 vehículos de carga permanecen detenidos en las ciudades de Arica e Iquique debido a las movilizaciones por el aumento de los combustibles. La situación llevó a la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) a declararse en estado de emergencia durante este jueves 12 de noviembre, tras tres jornadas de dificultades para movilizar mercancías a través de los principales corredores internacionales. Según el gremio, las pérdidas económicas alcanzan aproximadamente un millón de bolivianos diarios, equivalentes a unos US$85 mil, cifra que considera los perjuicios derivados de la paralización de operaciones de transporte. Camiones bolivianos no pueden acceder a puertos del norte de Chile El presidente de Cadetran, Álvaro Ayllón, advirtió que los bloqueos en las carreteras chilenas han impedido el desplazamiento normal de vehículos que utilizan los terminales portuarios de Arica, Iquique y Antofagasta. Estos puertos representan puntos estratégicos para el comercio exterior de Bolivia, ya que permiten movilizar mercancías de importación y exportación a través del océano Pacífico. El dirigente señaló que más de 700 camiones permanecen detenidos en Arica e Iquique, sin posibilidades de completar sus operaciones de carga y descarga. A estos vehículos se suman entre 100 y 150 unidades afectadas en el corredor de Antofagasta y Mejillones, de acuerdo con antecedentes difundidos por organizaciones del transporte boliviano. El problema también se extiende al territorio de Bolivia, donde más de 400 camiones cargados con productos de exportación esperan condiciones para ingresar a Chile. Transportistas denuncian pérdidas y multas por retrasos Las dificultades para acceder a los terminales portuarios están generando costos adicionales para las empresas de transporte internacional. Según Cadetran, las pérdidas alcanzan aproximadamente un millón de bolivianos por cada jornada de paralización, afectando principalmente a transportistas que dependen de los recorridos hacia los puertos chilenos. El dirigente de los transportistas de Santa Cruz, Marcelo Cruz, agregó que algunas operaciones enfrentan multas de hasta 2.000 bolivianos diarios, equivalentes a unos US$170, por retrasos relacionados con el ingreso a los terminales. Los representantes del sector sostienen que estas obligaciones económicas deben ser asumidas por los transportistas, pese a que las dificultades se originan en interrupciones externas a sus operaciones. Bolivia buscará gestiones diplomáticas para liberar el tránsito de carga Frente al escenario, los dirigentes bolivianos anunciaron que solicitarán la intervención de su Cancillería para establecer conversaciones con las autoridades chilenas. El objetivo es encontrar mecanismos que permitan habilitar el tránsito de los vehículos detenidos y garantizar el desplazamiento de mercancías hacia los puntos de descarga. Ayllón planteó la necesidad de establecer condiciones que permitan a los camioneros completar sus recorridos, considerando que las restricciones afectan directamente a la actividad comercial entre ambos países. La preocupación también alcanza al abastecimiento de combustibles en Bolivia, especialmente en su zona occidental, que depende parcialmente del ingreso de productos energéticos a través de puertos chilenos. Por ahora, las autoridades bolivianas no han confirmado un desabastecimiento como consecuencia de las movilizaciones. Gobierno chileno alcanza acuerdo, pero continúan algunas protestas Las manifestaciones de camioneros comenzaron el martes 10 de noviembre en distintas regiones de Chile, en rechazo al incremento de los precios del diésel y las gasolinas. Tras tres días de movilizaciones, el Gobierno anunció un acuerdo con las principales organizaciones del transporte de carga, que contempla una rebaja comprometida de $142 por litro de diésel y restricciones a nuevas alzas de combustibles hasta el 31 de marzo de 2027. El entendimiento también considera modificaciones tributarias para aliviar los costos operacionales del sector. Sin embargo, algunas agrupaciones independientes rechazaron las medidas y anunciaron que mantendrán las movilizaciones, especialmente en determinadas rutas del norte y sur del país. Por esta razón, la normalización del transporte internacional todavía depende de la evolución de las protestas y de la recuperación del tránsito en los principales corredores hacia los puertos. Comercio exterior de Bolivia enfrenta incertidumbre La situación refleja la importancia estratégica de las carreteras y puertos del norte de Chile para el movimiento de mercancías bolivianas. Los retrasos en el transporte afectan no solo a los conductores y empresas de carga, sino también a las operaciones logísticas, los compromisos comerciales y el abastecimiento de productos provenientes del exterior. Mientras los gremios esperan respuestas de las autoridades, cientos de camiones continúan afectados por las restricciones de circulación, con consecuencias económicas que aumentan por cada jornada de paralización. El sector boliviano mantiene su estado de emergencia y busca una solución que permita restablecer el flujo de carga entre ambos países.
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido por la policía el miércoles, dos días después de que Estados Unidos le cancelara su visa por supuestos vínculos con el narcotráfico, según informó una fuente del gobierno boliviano a la Agence France-Presse. Una fuente del Ministerio de Gobierno (Interior) confirmó la detención de Mariaca, sin revelar su identidad. Además, junto a él fue arrestado Alberto Zeballos, fiscal de Santa Cruz, también sancionado por Washington, según reportes locales. Ambos fueron incluidos en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos entre casi una veintena de funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia y Ecuador a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o conspiración contra sus respectivos gobiernos. La policía también allanó las oficinas de la fiscalía de Sucre el miércoles, como se pudo observar en una transmisión en vivo en las redes sociales de la entidad. Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, denunció la intervención ilegal mientras ella y sus colegas eran rodeados por policías encapuchados. Funcionarios de la Fiscalía General y la de Santa Cruz no respondieron inmediatamente a consultas de la AFP. Según el gobierno estadounidense, Mariaca recibió sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. El fiscal general negó estas acusaciones el lunes y afirmó que la decisión es un acto de injerencia y presión política debido a sus investigaciones. Fuente: Meganoticias
