Más de 43 mil personas en la región de Antofagasta son discapacitadas

Este martes en nuestra transmisión de Radio Sol, la directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Vianney Sierralba Aracena, ex presidenta de la Fundación Nellie Zabel y primera abogada sorda titulada en nuestro país, contó a nuestros auditores sobre la presentación de los Estudios Nacionales sobre la Discapacidad ENDISC 2022, el tercer aplicado a nivel nacional.

La activista dispuso algunos minutos para explicar de qué trata este estudio, que data desde el año 2004 en su primera edición y el 2015 en la segunda y es aplicado por el Ministerio de Desarrollo Social, del SENADIS y el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Éste se propone entregar un análisis de las problemáticas que cruza el rango estimado. "La ENDISC III es una versiona actualizada, puesto que por primera vez se hacen dos estudios combinados: por un lado personas con discapacidad y por otro personas con situación de dependencia", explicó. Así, se permite identificar el número de personas en la comunidad regional en estas condiciones y así implementar políticas públicas para "favorecer la inclusión social". 

"Algunos de los resultados que tenemos es que, del total de a población regional, un 7,8% de personas adultas son personas con discapacidad y eso traducido en cifras equivale a 43.902 personas. Estamos hablando de un número significativo. En ese total existen aquellos en situación de dependencia, que por su edad o discapacidad mental o motora se encuentran bajo cuidadores o tutores para realizar sus actividades de manera completa. Durante todo el día dependen del otro y se cifran 25.286 personas", expresó Sierralba. 

De esta manera, la experta recalcó que un tema transversal en toda esta temática es contener un enfoque de género, ante un 10,7% de mujeres que poseen una minusvalía de algún tipo en comparación a un 4,8% de hombres. "Las mujeres de nuevo se enfrentan a la brecha interseccional de género, añadiendo las circunstancias propias de la región y la edad", manifestó Vianney.

Otro de los resultados obtenidos de alta relevancia para la región es el relacionado con el porcentaje de personas ocupadas en términos laborales, puesto que sólo un 9% de personas adultas discapacitadas han terminado su educación secundaria. Esto tendría cierta relación en lo concretamente laboral, ya que "el nivel general de la población alcanza un 82,3% ocupada, pero cuando hablamos de personas con discapacidad, sólo un 25% de ellas tiene trabajo. A pesar de la ley de inclusión 21.015 que nos dice que tenemos que incluir el 1% de la empresa a personas con discapacidad, hablamos de cifras alarmantes".

En esta misma línea, se ha visto un aumento en la cantidad de privados que cumplen con tal ley, contabilizando un 40% de empresas que incorporan a quienes son comprendidos en la comunidad. Eso sí, el problema radicaría en la permanencia de estos trabajadores, puesto que duran entre 6 meses a 1 año en sus puestos para luego dejar sus posiciones. Esto correspondería a la falta de entendimiento por parte de la ciudadanía y empresarios sobre condiciones de vida distintas a lo normal. 

"Encontramos un trabajador perteneciente al espectro autista y discapacitado. La persona necesitaba cierto orden en su oficina, aislamiento sonoro para concentrarse, formas diferentes de hacer las cosas. Si ponemos a una persona en un lugar ruidoso, como se hizo con él, entonces tenemos problemas de que la persona no se puede solventar correctamente en su empleo. Es simplemente conocer las características de la persona y tener ajustes razonables. Que no sea una carga para la empresa, sino que tenga una accesibilidad universal", narró la directora del SENADIS.

No obstante, Vianney se mostró optimista al respecto ante el complemento de la propia ley de inclusión. Desde el año 2022, especificando el primero de noviembre, existe la figura de un gestor laboral que debe acoplarse a las compañías, quien conoce el perfil y variable "discapacidad" y además ayuda al funcionamiento eficaz del entorno laboral. "Nos encontramos en un proceso de marcha blanca porque los gestores deben tener una certificación con Chile Valora, y en este minuto solo he conocido 1 gestora laboral certificada. Puede que existan más, claro. En cuanto se realicen estos procesos de evaluación, ya a fin de año puede que ya hayan gestores laborales que velen por estas igualdades de condiciones (...) Esto va lento porque requiere una transformación cultural. Queremos que entiendan la discapacidad los empresarios y trabajadores, no como una carga social ni un favor ni beneficencia, sino que significa un trato digno. El decir 'puedo ser una persona discapacitada y en todo momento de mi vida podemos serlo, pero que sigan valorando mis conocimientos y habilidades'. Que esto no signifique un menoscabo". 

Así, la directora regional del organismo invitó a la comunidad regional a asistir a la presentación del estudio, en el auditorio de la Universidad Santo Tomás a las 10:00 horas este jueves 04 de mayo, ante la transversalidad de la inclusión. "Quiero recordar a todos los actores sociales, líderes y autoridades de servicios, que se tomen muy enserio la variable discapacidad porque está presente en todo".